Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno: ¿Qué opinan las y los expertos?
Por Roxana Alvarado
Fuente: Noticias U. de Chile 08/07/2022
El domingo 3 de julio el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, presentó el Plan de Emergencia Habitacional, una estrategia con la que el Gobierno busca disminuir el déficit de más de 600 mil viviendas existente en el país. Especialistas en vivienda y hábitat de la Universidad de Chile, con años de investigación e involucramiento en políticas públicas, se refieren a este plan que «se escapa de las formas más clásicas de acceso a la vivienda».
El déficit habitacional en Chile, de acuerdo a estimaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en base a los datos del Censo 2017, y sumando a las cerca de 80 mil familias que viven en campamentos, asciende a 643.534 viviendas. El nuevo Plan de Emergencia Habitacional (PEH) busca cubrir al menos el 40% de esa demanda habitacional, la que se concentra principalmente en las regiones Metropolitana, con una estimación del 40% del déficit a nivel nacional, seguida por Valparaíso y Biobío.
Durante el período 2022 a 2025, el PEH pretende levantar 260 mil casas o departamentos, para lo cual define metas anuales diferenciadas por región y comuna, que tendrán un seguimiento regular y una evaluación permanente por parte del MINVU. Asimismo, se contempla robustecer el Banco de Suelo del Estado, asegurar el equipamiento que requiere cada proyecto y mejorar los procesos de construcción habitacional involucrando directamente al Estado.
Junto con lo anterior, la estrategia contempla 10 caminos de acceso a la vivienda, buscando así diversificar los instrumentos para responder apropiadamente a las distintas realidades. En esa línea, algunos programas se mantendrán con ciertos ajustes, como el Fondo Solidario y el de Integración Social, con los que se espera llegar a 140 mil viviendas en los próximos cuatro años. Se considera, además, 12 mil viviendas rurales, estimulando las cooperativas y los modelos industrializados con postulaciones individuales y colectivas por comuna.
Parte de las innovaciones consisten en la construcción de pequeños condominios y micro barrios, la entrega de viviendas a municipios para su administración y asignación según necesidad, la construcción de viviendas para trabajadores de empresas e instituciones específicas, tal como se hacía antaño. Asimismo, y volviendo a políticas públicas con mucha mayor participación del Estado, éste último volverá a edificar o comprar viviendas existentes. Asimismo, se recuperará un programa de autoconstrucción asistida y se garantizará viviendas en arriendo a precio justo.
En materia de campamentos, el PEH se propone -junto con las organizaciones sociales- generar 20 mil viviendas a través del programa Construyendo Barrios y otros ministerios. Respecto del Banco de Suelos, el ministro Montes afirmó que se requieren más de 3.519 hectáreas para el cumplimiento del plan. Para ello, ya se cuenta con 1.700 hectáreas y más 608 hectáreas habilitándose. El requerimiento, por tanto, es de 1.211 hectáreas de terreno apropiado y bien ubicado. Se espera que aporten a este déficit de suelo el Ministerio de Bienes Nacionales, servicios y empresas públicas y las Fuerzas Armadas. También se recurrirá a la compra a privados.
Voces expertas
“El PHE no rinde lo mismo dependiendo de la opción que resulte ganadora en el plebiscito de salida”
Desde el Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la U. de Chile, una institución que lleva más de 35 años realizando estudios sobre la materia, la directora Mariela Gaete (arquitecta) y el subdirector Jorge Larenas (sociólogo) plantean que “el Plan de Emergencia Habitacional enfrenta una encrucijada importante; en tanto su aplicación más sustantiva -o al menos la probabilidad de que ello ocurra- está condicionada a la aprobación de la propuesta de nueva Constitución, puesto que esta restituye atribuciones más robustas al Estado para enfrentar los desafíos que él plan plantea, en particular en lo que refiere a su rol planificador. De no ser así, el PEH deviene en un esfuerzo por dotar de una narrativa distinta a la política urbano-habitacional vigente, pero que se articula en una oferta programática conocida en términos de alcances y rendimientos y que está fuertemente limitada por las condiciones de mercado sobre las cuales el Estado no puede intervenir -suelo, materiales de construcción, empleo- en tanto el Estado debe remitirse a su rol regulador y subsidiario. En tal sentido, que el MINVU disponga de recursos permanentes para la adquisición de suelo y conformar el tan anhelado banco de suelos, bajo las reglas del juego vigentes, puede impactar en una tendencia al alza del precio del suelo».
Respecto de la cantidad de viviendas propuestas para los 4 años del actual Gobierno, agregaron que “la meta de las 260.000 viviendas no parece ser ambiciosa, sino extremadamente convencional considerando las cifras recientes de producción de viviendas -de hecho, un poco menos del 50% de dicha meta corresponde a viviendas en fase de ejecución- y el desafío mayor de ello es precisamente uno de los aspectos innovadores del PEH: su distribución regional y comunal. No obstante, la actual gobernanza de la política urbano-habitacional fuertemente centralizada y dependiente de las agencias privadas (Entidades Patrocinantes, Entidades Desarrolladoras) y con Gobiernos Regionales aún con escasas atribuciones en materias atingentes a la política urbano-habitacional, además de municipios con capacidades muy irregulares, hace suponer enormes dificultades para avanzar en dicha dimensión del PEH”.
Finalmente, señalan que valoran el esfuerzo que ha desplegado el MINVU en la elaboración del inédito PEH, pero “el asunto es que no rinde lo mismo dependiendo de la opción que resulte ganadora en el plebiscito de salida”.
«Se echa de menos alguna alusión a la vivienda y el buen vivir para pueblos originarios que son parte del déficit»
El ex académico, ex director del INVI y uno de los profesionales que más ha estudiado la vivienda social en Chile, el arquitecto Ricardo Tapia, califica el plan como “bastante ambicioso en sus objetivos y metas, sin embargo, es necesario que exista”. En esta línea, precisa que “lo ambicioso tiene relación con la articulación adecuada entre recursos necesarios para su ejecución; compromiso del sector privado para contar con materiales de construcción en cantidad y disponibilidad, y constructoras para ejecutar las viviendas y obras públicas en general; capacidad de gestión de la institucionalidad pública implicada en el plan, en las temporalidades muy rigurosas que requerirán las metas propuestas. A su vez, el plan deberá lidiar con sectores que igualmente asumen el problema habitacional por fuera de los marcos institucionales”.
Sobre otros posibles obstáculos para la implementación del PEH, el arquitecto señala que “se echa de menos circunscribir el plan dentro de una política que primero considere la existencia efectiva y actualizada de instrumentos de ordenamiento territorial, aspecto del cual adolecen regiones y comunas. Por otra parte, el plan requerirá de recursos humanos, en el ámbito público, privado y en los propios habitantes demandantes, muy preparados a escala nacional, regional y comunal para su ejecución. Más todavía, con ajustes normativos obligados en un país en donde el cumplimiento de las normas se respeta y a sabiendas que la aprobación de cambios en ellas, demora bastante. Ello también podría generar nudos críticos que obstaculicen el cumplimiento de los logros prometidos”.
En relación con las líneas estratégicas, puntualizó que “la institucionalidad involucrada ya tiene experiencia en el tratamiento y gestión de asentamientos precarios, por ello, puede acudir a esos aprendizajes, de hecho, así lo propone el plan. Respecto del programa para trabajadores, puede que las empresas, si no hay incentivos para ellas, no se interesen en activar estas propuestas, más todavía cuando se tiende cada vez más a una volatilidad del empleo y los trabajadores no están un tiempo no extendido en un solo trabajo. Finalmente, se echa de menos alguna alusión a la vivienda y el buen vivir para pueblos originarios que son parte del déficit”.
«Se requiere pasar de los modelos de gestión habitacional a una mirada de planificación que permita configurar territorios integrales»
Mónica Bustos, académica de la FAU con una vasta trayectoria en políticas públicas de vivienda y directora del Diplomado en Gobernanza y Gestión Urbana de la U. de Chile, califica el plan como exhaustivo ya que dimensiona y caracteriza el déficit habitacional existente, proponiendo soluciones a la emergencia en el actual contexto de crisis económica, migratoria, escasez de suelo urbano, costo de los materiales, a lo que se suma la cercana posibilidad de instalar la vivienda digna y adecuada como un derecho en la nueva Constitución.
“En este escenario, el PEH escapa a las formas más clásicas de acceso a la vivienda, como es exclusivamente la producción masiva de vivienda nueva en gran escala y repetitiva, abriéndose a una clara diversificación en modalidades de acceso, como es el arriendo, el sistema de cooperativas, el sistema de vivienda para trabajadores, la micro radicación, la radicación de campamentos, etc. y de la mano de la consideración de nuevos ejes como la sostenibilidad, el género, etc.”, detalló la arquitecta Mónica Bustos.
Sin embargo, la experta evidencia dos grandes dilemas para el logro de estos objetivos. “Por un lado, está la preocupación respecto de la estructura institucional (político-administrativa) que permita efectivamente el desarrollo de tan diversas modalidades de gestión, tanto a nivel ministerial, regional, local, municipal, como de otros sectores y desde los propios habitantes. Por otra parte, frente al peligro que ya conocemos cuando solo se genera producción habitacional, una de las principales preocupaciones radica en la evidente ausencia de una mirada de planificación asociada a los diversos modelos de gestión propuestos, planteando cómo será su inserción e impacto en la ciudad, en tanto cada uno de ellos apunta a distintas situaciones urbanas”.
Finalmente, considerando el posicionamiento que ha tenido en los últimos años el trabajo ministerial sobre la ciudad ya construida (regeneración urbana), la especialista afirmó que “se echa de menos en el relato ministerial la oportunidad que podría haber representado el Plan de Emergencia Habitacional para la planificación urbana y el problema de la equidad territorial. Se requiere, en este sentido, pasar de los modelos de gestión habitacional a una mirada de planificación que permita configurar territorios integrales, dotados de servicios y equipamientos, pero además que se considere una visión proyectual de lo que significará para la ciudad ser soporte de tal número de viviendas, haciendo referencia a las densidades, la morfología y la imagen urbana que espera alcanzar en cada realidad, así como las posibilidades que esto representa”.
Una relación más directa con los ciudadanos y los gobiernos locales
Por su parte, Carlos Lange, académico, antropólogo y especialista en Desarrollo Urbano, valora la conexión que existe entre el Plan y la Nueva Constitución. «Es interesante la vinculación que tiene con la promoción del derecho a la ciudad y a la vivienda con el proyecto de la nueva Constitución. Es un correlato interesante porque posibilita la bajada de esos principios en términos de políticas públicas. Es un tema importante porque una vez aprobada la Constitución no queda en letra muerta, en ese sentido creo que el PEH instala claves para su concreción e implementación».
Para el experto, la diversificación de acceso a la vivienda propuesta «establece una relación más directa con los ciudadanos y los poderes locales. En ese sentido, el plan enfrenta un desafío que es fundamental, que es reconocer a los habitantes como agentes activos de este plan, no solo como beneficiarios. Por ejemplo, en el campo de la autogestión hay mucho conocimiento que la ciudadanía ha desarrollado, en particular en los últimos 40 años, hay mucho conocimiento que ha sido invisibilizado y postergado. El Estado tiene el desafío de reconocer la validez de esos conocimientos y promover su impulso. Asimismo, en el caso de las cooperativas, que también han sido invisibilizadas, el desafío es poder educar a la población respecto de los beneficios que las cooperativas pueden generar no solo para la vivienda, sino para diversos fines. Lo mismo ocurre con el establecimiento de relaciones más directas con los ciudadanos, que muchas veces se ven entrampadas por las medidas burocráticas que impone el Estado, sobre todo en el campo habitacional. Para poder contrarrestar esa lógica es importante aprender de los conocimientos que han desarrollado los habitantes, por ejemplo, los comités en materia de postulaciones. Han sido años muy difíciles para los comités, el Estado no ha facilitado este proceso, más bien los ha dificultado. Al Estado le corresponde hacer una autocrítica grande para aprender de los habitantes y reformular sus mecanismos de gestión«.
«El PEH plantea interesantes desafíos y este desafío pasa por una voluntad de aprendizaje, porque si tratamos de implementar este plan con los mismos modos y conocimientos que hemos sustentado estos últimos 40 años, evidentemente el Plan se va a transformar en letra muerta. En este sentido, debe haber una colaboración de la academia y los centros universitarios para poder vincular los distintos conocimientos en los procesos de gestión para hacerlos más eficientes y menos costosos«, concluyó Carlos Lange.
«No debemos errar en la consigna de la vivienda como objeto»
En tanto, la Dra. Yasna Contreras, académica Depto. Geografía y Fundadora de IG ViviendaMigrante, ve en la propuesta no solo el abordaje de la emergencia de la vivienda, sino también la del territorio. «Creo que en lo que no debemos errar es en la consigna de la vivienda como objeto. Si la comprendemos como sujeto entenderemos que es una crisis del territorio y no solo de la vivienda. Por ende, lo primero es tratar de establecer los mínimos de lo que la comunidad comprenden por digno. Desde el trabajo que realizo con comunidades, lo digno apela a: a) Una vivienda bien ubicada, es decir con acceso a transporte público diversificado y a un precio acorde al ingreso familiar; b) Una vivienda en alquiler de tamaño adecuado y precio diversificado según ingresos y tipo de trabajo del grupo familiar; c) una vivienda con materialidades diversas, acorde a condiciones climáticas diversas de cada territorio ; d) Lo digno implica una vivienda ampliable pero con recursos para ello; e) Una vivienda diversificada con subsidios diferenciados según tipos de familia; f) Una vivienda ubicada en un sitio que enfrente y reduzca riesgos de desastres. Tenemos que pensar en viviendas resilientes y resistentes a inundaciones, aluviones, anegamientos, humedad, avalancha, desprendimiento de materiales, barro, entre otros».
Asimismo, enfatiza la importancia de convocar a especialistas de ONEMI y expertos en riesgos, a geógrafas/os y no solo a arquitectos para pensar la vivienda. «Ojalá que médicos, especialistas en salud mental también sean parte de este debate». Del mismo modo, agrega que el tema de la vivienda no solo debe estar anclado en el MINVU, sino abordado intersectorialmente. Respecto de los más de 300 campamentos que hay en el país, por último, enfatizó que «es importante comprender que los campamentos son muy diferentes, debemos tener propuestas diversificadas. No repitamos la tesis del ‘barrio o vivienda transitoria’, salvo que ello implique que las familias no esperen más de 2 años por una vivienda acorde a sus demandas».
