Por Roberto Gálvez

Fuente: La Tercera 23/05/2021

El aumento de los campamentos es una de las aristas del problema que afecta a casi 1,8 millones de personas que viven allegadas y en condición de hacinamiento. Desde el Minvu afirman que se han ampliado los recursos para agilizar el proceso de entrega de viviendas, mientras que Techo-Chile está empujando un nuevo modelo de política habitacional que permita acelerar los resultados.

El aumento de personas que viven en campamentos registrado el último año, es el corolario de un problema que aqueja a casi un 10% de los habitantes del país: el déficit habitacional. Mientras 81.643 familias se han instalado en estos asentamientos -un 74% más que en 2019, siendo la cifra más alta desde 1996-, Techo-CHILE, en base a la última encuesta Casen, asevera que hay un número seis veces mayor de chilenos en complejas situaciones de hacinamiento o allegamiento.

De acuerdo al organismo, son más de 500 mil las familias que han sido acogidas o están albergadas en otros hogares, y que enfrentan complejas condiciones de habitabilidad, en espacios muy reducidos. Es decir, a un paso de trasladarse a un campamento. Y explican que, en general, las personas que postulan a proyectos de vivienda demoran entre siete y ocho años en obtener una.

“Incluso hay gente que fallece en el transcurso del sueño de la casa propia”, dice Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo-CHILE. “Es dramático, nos tiene que alertar. Hay un campamento oculto, el de la precariedad habitacional”, agrega.

Hacinamiento

“Vivo con mi pareja, mis papás, una hermana y mis tres hijos. Tenemos dos piezas y el living, así nos repartimos”, relata Sebastián Gallardo, desde la casa de sus padres, en La Pintana.

Su caso es uno entre medio millón de personas que, si bien tienen un hogar donde vivir, lo hacen en condiciones precarias, con un alto grado de hacinamiento, por lo que los campamentos asoman como solución a su exclusión habitacional.

“Esto afecta de manera muy gravitante a otras dimensiones de la vida. No tener vivienda es como no tener acceso a la posibilidad de desarrollar tu vida. ‘Tú no tienes un lugar en esta sociedad’, eso le estás diciendo a esa persona. Esta realidad, como la estamos viviendo hoy, es insostenible. Chile tiene que modificar su política habitacional”, asegura Bowen.

Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo, asiente: “Existe lo que denominamos ‘campamentos ocultos’, que son todas las familias que viven en situación de allegamiento y hacinamiento, y que necesitan también una ayuda urgente del Estado”. En su cartera también cifran en 500.000 el déficit de viviendas. “Como ministerio tenemos que acelerar con fuerza el ritmo de soluciones habitacionales que entregamos anualmente. El aumento respecto de la demanda habitacional y de asentamientos precarios nos obligaba a tener un presupuesto significativamente mayor, y el de 2021 es el más alto de la historia”, dice.

Esta realidad irrumpe en el contexto de una crisis política, social y sanitaria que no hace más que acrecentar la urgencia, dicen los expertos, aunque con una oportunidad de por medio: la discusión constitucional que supone instalará el debate en torno al derecho a la vivienda.

“Nosotros no damos más así. Imagínate lo que ha sido pasar la pandemia en dos piezas con otras siete personas. No se puede”, enfatiza Sebastián Gallardo.

¿Qué se puede hacer?

Según el Minvu, este año asignarán alrededor de 291.000 subsidios -que implican un 34% más del promedio otorgado en el periodo 2017-2019- e iniciarán la construcción de cerca de 70.000 viviendas, sumadas a las 55.000 de 2020. “Nos permite acelerar muchísimo el paso para acortar esta brecha”, dice Ward.

Los sondeos de Techo-CHILE, sin embargo, dicen que en la práctica son entre 20.000 y 30.000 respuestas anuales a la gente más vulnerable y que, si ese ritmo se mantuviese (sin considerar que el déficit ni el precio de la vivienda aumenten), el problema tendría solución en 20 o 30 años.

“Estamos planteando que no es el momento de hacer lo posible, sino de hacerlo posible”, expone Bowen. En ese sentido, Sergio Baeriswyl, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, concuerda: “Es una acción de máxima urgencia humanitaria y que no puede esperar”, dice. Agrega, además, que el desafío debe contar con un compromiso país, que permita organizar y crear todas las herramientas para el objetivo. “Algunas de tipo reglamentario, otras económicas, pero una de las más importantes es la voluntad legislativa”.

“Ya lo estamos haciendo. Gracias a este aumento histórico en el presupuesto del Minvu de un 21% para este año, estamos acelerando la respuesta que desde el Estado entregamos para reducir este déficit”, explica el titular del Minvu, quien detalla que actualmente tienen en ejecución alrededor de 116.000 viviendas a lo largo de Chile, 49.326 de ellas a través del subsidio DS49 -orientado a las familias que pertenecen al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares- y cerca de 300.000 subsidios que, asegura, asignarán en 2021 y que representan un presupuesto de $ 3.539 millones de dólares. “El objetivo es que este aumento se mantenga y trascienda al gobierno de turno”, expone Ward, quien cuenta que además el año pasado se creó el Banco de Suelo, que busca anticiparse y comprar terrenos en buenos sectores de las ciudades.

Dice el ministro que debido a este déficit habitacional convocaron a una mesa para el Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad, en la que participan cerca de 30 expertos, y que “el compromiso es tener el 30 de junio próximo un producto que entregue nuevas herramientas”.

Déficit cero

En paralelo a esto nace Déficit Cero, una propuesta de Techo a partir de conversaciones con diversos actores sociales y que busca proponer una ruta para enfrentar el déficit de vivienda.

En ella se concluye que el sistema habitacional del país se agotó en su capacidad de dar respuestas efectivas. El documento que elaboraron señala que se deben superar cuatro déficits: de vivienda y de recursos, de gestión y colaboración, de ciudad y social. A su vez, se plantean algunos ejes, como la creación de un fondo de respuesta habitacional que disponga de los recursos para las soluciones habitacionales, el cambio en la institucionalidad y el modelo de gestión habitacional para hacerlo más descentralizado y diverso, la necesidad de contar con pactos territoriales que dispongan suelo factible para estos fines y el robustecer los programas de acompañamiento social para garantizar la sostenibilidad de las soluciones en términos habitacionales y comunitarios.

Pero ¿y los recursos? “Todos los años, hace diez años, se gastan al menos 1.200 millones de dólares en esto, pero el problema es hoy. Hay que ver la forma de no estar gastando todos los años grandes sumas de dinero, ver la forma de enfrentar el problema hoy, no en 20-30 años”, dice el director ejecutivo de Techo. Y agrega: “Quizás será atrayendo inversión privada o quizás será endeudándose. Hay que darse cuenta que enfrentar el déficit habitacional es bueno, nos conviene a todos, reduce problemas de fragmentación, es una medida estratégica, tanto para el desarrollo del país como para la cohesión social”.

En ese sentido, Luis Eduardo Bresciani, decano de Arquitectura de la U. Católica, otro de los entes que está en Déficit Cero, cree que “esta no es una crisis de recursos, es una crisis del modelo de política habitacional, que no es capaz de responder a la demandas ciudadanas del presente”.

A su vez, Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, otro de los participantes, asegura: “La mejor respuesta es el trabajo colaborativo entre el sector público, las organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada. Solo así se podrá enfrentar con la urgencia que demanda un problema de esta magnitud”. Añade que como gremio apoyan el objetivo de avanzar con rapidez hacia el déficit cero “y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esta meta se cumpla”.