Imaginar la ciudad que queremos

Por José Antonio Piga

Fuente: El Mostrador 01/12/2020

Entramos en el debate sobre la Constitución que necesitamos para expandir las posibilidades de desarrollo de Chile: nuestra economía, la sociedad en que vivimos, la cultura que nos identifica, los dilemas ambientales y del patrimonio, las ciudades. Sobre todo las ciudades. Esto ocurre con octubre de 2019 de antecedente y en medio de una pandemia que desnuda una profunda crisis; social, sanitaria y de vida, de la vida que vivimos en nuestras ciudades. ¿En cuáles quisiéramos vivir?

Las ciudades no son fenómenos naturales sino culturales, que deben servirnos a nosotros sus habitantes, hechas de bienes públicos más que de intereses privados. Por supuesto que tomará tiempo superar la ideología y las prácticas que las han construido en las últimas décadas, generando segregación, marginalidad e inequidad a gran escala. Hay que asumir un sentido distinto cuanto antes y explicitar cómo es esa ciudad. Partamos por nuestros deseos:

1. Concordaremos en que deben ser ciudades equitativas, integradas social y espacialmente, sin segregación ni exclusiones, donde la vivienda digna sea un derecho, en que se privilegie el bien común por sobre los intereses privados y se resguarden el patrimonio, el paisaje; donde exista acceso a servicios –salud y educación, plazas, parques, equipamientos comunitarios–; con infraestructura de calidad, urbanización completa, agua potable y saneamiento, calles y veredas, movilidad, accesibilidad y conectividad.

2. El uso del territorio será regulado, imaginando el espacio para actividades diversas, en distintos horizontes de tiempo: una planificación urbana y territorial que proyecte los procesos actuales y futuros, atendiendo a las necesidades, anhelos y esperanzas de los habitantes, previendo inversiones y restricciones y proyectando lo necesario para lograr la mejor calidad de vida.

3. Se necesita un garante, que imponga el bien común y la creación de bienes públicos por sobre la apropiación privada de los beneficios y la socialización de las externalidades negativas. Ese garante es el Estado, a través de sus ministerios y servicios, gobiernos regionales, municipios; coordinados en políticas generales, de acuerdo a directrices nacionales y a las particularidades de cada región y localidad, con decisiones autónomas para programas y proyectos específicos

El aparato público es poderoso, claro está. Tendría que ser observado y controlado de cerca por la ciudadanía, que tiene el derecho y la obligación de fiscalizar su acción. Para esto habrá conceptos, metodologías y prácticas, lo que necesitará tiempo, información, preparación, espacio institucional, financiamiento; rangos de decisión, cuidando que intereses colectivos e imágenes de futuro compartidas sean resguardadas y conocidas. Habrá simetría en las posibilidades y capacidades de la sociedad civil, el sector privado y el Estado. Se organizarán comités, directorios, consejos, entre otras figuras, para sostener gobernanza entre actores, corresponsabilidad, participación vinculante, autonomía y control sobre las decisiones. Los mecanismos de resolución de conflictos, que indudablemente habrá, considerarán el bien común como valor ordenador y decisivo.

4. La vivienda, digna y adecuada, será un derecho que se les asegure a los habitantes del país. Esta noción incluye arraigo, la garantía de no ser expulsado, una localización que otorgue seguridad ante riesgos y acceso a las ventajas urbanas, esto es inclusión económica, social y cultural, con altos estándares urbanos, emplazamiento y de construcción, con calidad arquitectónica y espacial, en un ambiente limpio, con un entorno que complemente y complete una vida integrada territorialmente.

Habrá sistemas de acceso con modalidades colectivas e individuales, en propiedad o arriendo, contemplando la ampliación, mejoramiento y transformación de viviendas antiguas, cuidando valores patrimoniales y su actualización; de acuerdo a las demandas de sus habitantes y usuarios, personas y familias diversas; que podrán gestionar sus necesidades y capacidades autónoma y articuladamente, recibiendo información y facilidades de entidades públicas o privadas, en función de sus requerimientos.

5. El sector público dispondrá de suelos bien localizados, partiendo por aquellos en las áreas centrales de las ciudades que son de su propiedad, y adquirirá los necesarios, observando la proyección de demanda de vivienda, servicios o equipamientos público, para controlar la especulación inmobiliaria y la subutilización de terrenos privados. Se constituirá así un banco de suelo público en todas las ciudades, cuya utilización será administrada por una entidad especializada, con participación de organizaciones de la sociedad civil, con transparencia y criterios técnicos de escala regional, urbana y local.

Estas ideas, entre muchas, son parte del debate para que lo que imaginamos para nuestras ciudades sea real, desde la memoria y mirando al futuro. Cómo hacerlo es la primera pregunta a responder.

* El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.