Nuevo plan para certificar la calidad de viviendas sociales

Una exigencia es la impermeabilidad de paredes de las viviendas contra lluvias.

VÍCTOR ZÚÑIGA

Este año beneficiará a 140 mil familias del país.
Habrá exigencias de aislamiento de las dependencias e impermeabilidad contra lluvias, anunció ministra Poblete.
«Ello nos va a permitir que nunca más pase lo que sucedió con las casas Copeva», aseguró la secretaria de Estado.
Para aquellas viviendas sociales construidas con anterioridad habrá un subsidio extra de mejoramiento de casas.
Cartera sigue buscando solución a los 14 mil morosos habitacionales en conflicto.

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Una política de certificación de la calidad de las viviendas sociales impulsará con rigor el Ministerio del ramo, acción que implica llegar desde este año a 140 mil familias de los estratos sociales más vulnerables.

Así lo adelantó la titular de Vivienda, Patricia Poblete, al indicar que las viviendas con subsidio estatal deberán venir con esa garantía de calidad, factor que es inherente a la política habitacional de esa cartera de Estado.

«Lo que estamos haciendo a partir de este año es mejoramiento con constructibilidad. Es decir, las nuevas viviendas tienen paneles de aislamiento entre habitación y habitación. Tendrán también impermeabilización lo que nos va a permitir que nunca más pase lo que sucedió con las casas Copeva», aseguró.

Explicó que, de hecho, todo el proceso de certificación de la impearmibilidad actualmente está en manos del Dictuc de la Universidad Católica de Chile. «Eso significa que durante un número de horas le arrojan a las paredes de las viviendas con mangueras a presión una lluvia de material impermeable».

Aclaró que el factor calidad se está aplicando a aquella área habitacional con subsidio de viviendas sociales, cuyas familias califican en niveles de vulnerabilidad y pobreza, que tienen 10 UF de ahorro ($183.290), y 370 UF de subsidio ($6.781.730) para la construcción de sus hogares sin quedar con deuda. «Eso está destinado para el primer quintil de pobreza», acota.

Para el segundo quintil, que es el segundo segmento del 20% más pobre de la población, el Estado entregará un subsidio de 280 UF ($5.132.120), aporte financiero que les servirá para comprar. «A ese tipo de población les vamos a exigir también certificación en calidad habitacional».

Reconoció que este criterio de control de calidad se está aplicando desde ahora e insistió que es parte inherente de la política habitacional.

«La nueva política habitacional tiene un énfasis en tres componentes: cantidad para terminar con el déficit habitacional, calidad para mejorar los estándares e integración social. Este es un mandato que yo tengo», dijo.

La ministra Poblete admitió que viviendas sociales construidas en el pasado podrían tener dificultades ante futras inclementacias climáticas, especialmente lluvias, pero como solución a ello es que el Estado acaba de crear un nuevo subsidio estatal (ver infografía).

Hay 14 mil familias «atrapadas»

Respecto de los morosos habitacionales en conflicto con el Gobierno desde que asumió la Presidenta Bachelet en marzo pasado, la ministra Poblete afirma que se está buscando una salida.

Aclara que hubo familias que pudieron haber calificado para el Fondo Solidario de la Vivienda, «pero falsearon su ficha Cas, falsearon sus ingresos, para postular rápidamente por el apuro de tener viviendas y a la postre quedaron atrapados. De esos 21 mil, quedan 14 mil en el sector privado» comprometidos con algunos bancos como el BancoEstado y del Desarrollo.

Dijo que ante ello lo que su cartera hará es procurar medidas que puedan igualar aquellas adoptadas a deudores Serviu.

«Estamos generando medidas para sacar a esos 14 mil familias que están con compromisos con la banca privada y que son deudores de casas construidas por el Serviu», dijo.

Con una estrategia sistemática de hostigamiento y medidas de fuerza hacia las máximas autoridades, la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales, Andah, busca ser escuchada para expresar la dramática situación de miles de familias.

Reclaman que el cabo de 10 y 15 años han pagado sus casas un par de veces, por lo que aspiran a que el Gobierno las considere como «viviendas sociales» para así dejar de pagar dividendos.

Según explicó, otra cosa es el Programa Especial de Trabajadores que se hizo en 1987 fue expresamente para familias de entidades gremiales, ante lo cual su cartera no tiene injerencia.

SUBSIDIO

APORTE. Para el nuevo subsidio para mejorar viviendas sociales se presentaron 25 mil postulantes.

Fuente: www.emol.com