Las dudas respecto a las 10 mil hectáreas que Bienes Nacionales quiere entregar a Paola Luksic en Aysén

Por Maximiliano Alarcón G. y Joaquín Riffo

Fuente: Interferencia.cl 30/10/2020

De manera imprevista los consejeros regionales se enteraron que debían votar sobre esta concesión, pero después de la presión política y social, el gobierno puso un freno temporal. De todas formas la iniciativa sigue y hay varias dudas en torno al proceso, como la celeridad con que se ha hecho, la poca información y la falta de un llamado a licitación pública.

Días de tensión se han vivido en la Región de Aysén, puesto que durante esta semana se conoció que la familia Luksic, a través de la fundación Parque La Tapera, busca hacerse con 10.060 hectáreas en la comuna de Tortel, a través de una solicitud hecha al Ministerio de Bienes Nacionales.

El miércoles recién pasado, según informó el medio Aysén Decide, el Consejo Regional de Aysén conoció que hoy viernes debían votar una propuesta de la cartera dirigida por Julio Isamit, la que correspondía a una concesión onerosa por 30 años a favor de la fundación dirigida por Paola Luksic Fontbona, una de las hermanas de la familia con mayor fortuna en Chile.

Sin embargo, debido a la presión política y social ocurrida después de conocerse la solicitud, el gobierno puso freno a la iniciativa, argumentando que la Fundación Parque La Tapera requirió al ministerio incorporar en el procedimiento un Programa de Relacionamiento Comunitario, el que ya se encontraría activo. De esta forma, los consejeros regionales no votaron, pero quedaron atentos al desarrollo de este tema.

Entre las principales críticas de las autoridades locales se mencionó la falta de información respecto al proyecto para tomar una decisión, aunque se trataba de una votación consultiva y no vinculante. Aún así, la única información que se les hizo llegar a los cores, acusan, fue una presentación en PowerPoint de cuatro diapositivas que sólo mostraba algunos lineamientos generales de la iniciativa. 

INTERFERENCIA accedió a la solicitud del inmueble, la cual fue ingresada el 4 de febrero de este año por Fundación Parque La Tapera, cuyo representante legal es María Paola Luksic Fontbona. En la documentación la postulante establece dentro de la actividad económica a desarrollar, los ítems de “Turismo de intereses especiales”, “Educación” y “Otros servicios”. En cuanto a la oferta económica, se establece una renta concesional anual ofrecida por 450 UF. En el documento, en el apartado “fines u objetivo principal de la entidad postulante” se señalan diversos propósitos que tendría la concesión. 

Entre ellos, “preservar especies de fauna y sus hábitats naturales, con especial énfasis en especies con problema de local”, “fomentar acciones que contribuyan a mitigar y controlar las amenazas actuales y futuras para la preservación tanto de la flora como la fauna nativa”, “fomentar la investigación científica, especialmente aquellas que contribuyan al manejo de la unidad”, “fortalecer el desarrollo de las actividades de educación e interpretación ambiental, tanto dentro como fuera del parque privado y parque fiscal”, permitir actividades de turismo de naturaleza responsable, que sean reguladas y compatibles con el objetivo general de la unidad y acordes a sus capacidades de uso”, e “incrementar los vínculos con las comunidades aledañas al Parque para incentivar la protección del medio ambiente rural, dentro del marco del desarrollo sustentable”.

Proceso rápido y dudoso

El 19 de abril de este año, Paola Luksic adelantaba en una entrevista con el cuerpo de Economía y Negocios de El Mercurio sus intenciones con el Parque La Tapera. En conversación con el matutino, Luksic indicó “es un lugar maravilloso, estamos al lado del ventisquero Montt, y ahora viene la segunda etapa, donde hemos decidido que vamos a conservar el huemul y el ciprés de la guaitecas”, apuntando que el plan es abrir este verano 2021 el parque a la comunidad para quien quiera visitarlo. 

Desde hace años que la patagonia es un sitio de interés para multimillonarios de Chile y el mundo. Así lo reflejaba, por ejemplo, un artículo de revista Capital en 2014, en donde se contaba sobre cómo Paola Luksic y otras personalidades, como Sebastián Piñera, Pablo Longueira y varios extranjeros anónimos, invertían en hectáreas gracias a las cuales podían “escapar” del resto del mundo.

Por este ingrediente elitista, rápidamente esta concesión causó revuelo rápidamente y dejó varias dudas de cara a su desarrollo.

Dentro de las suspicacias que levantó el anuncio, fue el estratégico lugar en el que se emplaza el terreno, correspondiente a la principal conexión terrestre de la zona con Magallanes, el cual se anexaría a las otras 12 mil hectáreas que el Parque La Tapera había adquirido entre 2014 y 2017, colindantes al Parque Nacional Bernardo O’Higgins. 

A ello se suma el corto plazo de tramitación para obtener el visto bueno del ministerio, en el entendido de que la solicitud fue presentada en febrero de este año y esta semana, terminando octubre, ya parece alcanzar etapas finales. Fuentes conocedoras de la materia indicaron a nuestro medio que lo habitual es que el período de tramitación de concesiones onerosas dure al menos dos años, por la cantidad de etapas que a nivel local y central que deben sortear. 

En relación a esto último, Andrea Macías (PS), consejera regional de Aysén que fue una de las que puso la alerta sobre el caso, dijo a INTERFERENCIA que este tipo de concesiones deben realizarse mediante una licitación pública. 

Efectivamente, según la definición del Ministerio de Bienes Nacionales, estas concesiones onerosas son vía licitación, como también de forma directa, pero en “casos debidamente fundados”, según indica la cartera. La falta de esto último es lo que encendió el conflicto en Aysén.

“No hubo ningún fundamento técnico de por qué se va a entregar esta concesión. No hay información de en qué consiste la infraestructura que van a ocupar. La gravedad de que se les entregue este terreno es que es la única vía que tiene la región de Aysén para conectarse en el futuro con la Región de Magallanes, es la proyección de la carretera Austral Sur”, señaló la consejera Macías.

Este último punto es uno de los que ha molestado a la comunidad tortelina. Pero a esto se suma también la indignación por la celeridad que ha tenido Bienes Nacionales en este proceso que beneficia a la familia Luksic, puesto que existen muchos vecinos de la zona que desde hace décadas viven en terrenos fiscales y han intentado regularizar su situación, pero no han contado con el respaldo del ministerio.

Según Aysén Decide, la concesión de terrenos se da en un contexto regional complejo, en particular para los habitantes de la comuna de Tortel, que por años han debido tramitar la regulación de sus títulos de dominio. Ésta es una de las razones que provocan cierta reacción contraria a la decisión del Ministerio de Bienes Nacionales.

Así se lo hizo saber a dicho medio el consejero de la Provincia de Capitán Prat, Carlos Campos, quien apuntó a que la obligación del Ministerio debería ser “priorizar a la gente de la región de Aysén, que han esperado sus títulos de dominio por años y no hemos solucionado nada, llevamos 30 años en lo mismo”, mientras el consejero Jorge Abello, criticó la celeridad con la que Bienes Nacionales actúa en las licitaciones que a su juicio se realizan a espaldas de la comunidad y no se responde de la misma forma a los requerimientos de pobladores que por décadas han habitado estos territorios.

Contactado por INTERFERENCIA, el ex ministro de Bienes Nacionales entre 2014 y 2016, Víctor Osorio, señaló que “previo a adoptar una resolución en esta materia, pienso que lo más apropiado hubiera sido que el Ministerio de Bienes Nacionales hubiera tenido en consideración los puntos de vista de la comunidad de Tortel y la Región de Coyhaique en su conjunto, lo que implicaba poner a disposición toda la información pertinente y contemplar la participación temprana de la ciudadanía”.

En cuanto a la responsabilidad ministerial, Osorio apuntó que “todos los datos muestran que, en el Gobierno de Sebastián Piñera, Bienes Nacionales ha dado prioridad a transferir propiedades del Fisco al capital privado, a través de licitaciones, concesiones onerosas y enajenaciones. Incluso por primera vez se abrieron licitaciones de Bienes Nacionales Protegidos. Me parece que un desafío para el futuro de Chile es revalorar el carácter social y público del patrimonio fiscal, y descartar que la privatización es el camino más apropiado para la gestión de los bienes del Fisco”.