Sergio Baeriswyl, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano: “Vemos que en Chile hay un déficit de vivienda y también de ciudad”

Por Oriana Fernández

Fuente: La Tercera 17/01/2021

El arquitecto plantea la urgencia de aprobar una ley para enfrentar la desigualdad urbana en el país.

“Las personas que viven en situación de indignidad, que tienen techo, pero no ciudad, no pueden esperar”, señala el arquitecto Sergio Baeriswyl, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, organismo que elaboró un informe con propuestas para la regeneración urbana en Chile.

¿Cuál es el diagnóstico del Consejo sobre las ciudades chilenas?

Nos preocupan dos cosas: hay un déficit habitacional bastante duro y que está aumentando. Pero la pandemia y el estallido social también evidenciaron el déficit de ciudad que afecta a barrios especialmente vulnerables, donde no hay equipamiento, no existe acceso a servicios, a áreas verdes o al transporte, entre otros. La única manera de resolver ese déficit de forma adecuada es hacerlo integralmente. Hay 60 comunas sin farmacia, otras no tienen cajeros automáticos, parques o supermercados. Por eso aspiramos a los “barrios de 15 minutos”.

¿Cómo se puede reducir esa brecha?

Es posible si, desde ya, se pone en marcha una ley de regeneración urbana y se aplican medidas de urgencia hacia los campamentos. Es posible que las ciudades chilenas cuenten con “barrios de 15 minutos” al 2030, pero ello no pasa solo por la acción del mercado, sino que ocurrirá si la ley que estamos planteando pone a muchos más actores en marcha. Que todos trabajen por la regeneración urbana, en inversión, en equipamiento. El Minvu ha hecho enormes esfuerzos, pero es necesario que se involucren otros actores.

¿Qué rol tendrían los municipios?

Los municipios son fundamentales: lo vimos en la pandemia. Son instituciones democráticas y, en la medida que tengan más competencias, pueden multiplicar la acción del Estado. También los futuros gobernadores regionales. El abordaje de este déficit gigantesco es factible con las nuevas herramientas que estamos planteando: gobernanza público-privada y dando más potestades, como acceso más rápido al suelo, a usar terrenos públicos para la integración social, fomentar el arriendo y facilitar el sistema instrumentario. Modificar un plan regulador en Chile se demora siete años. Hoy, si se quiere hacer una renovación urbana, se requiere modificar la norma comunal. Pero, aunque todos están de acuerdo, no se puede hacer y hay que esperar años.

¿Cómo evalúa el trabajo del Ministerio de Vivienda?

Valoramos la experiencia del Ministerio de Vivienda, hemos estado trabajando con ellos para derribar las barreras y que todo esto sea más rápido. Creemos que la nueva ley es poderosa para el Minvu y el resto de las autoridades. Toda la experiencia internacional que revisamos en América Latina, Europa y Australia y otros, indica que los países tienen planes de regeneración urbana amparados en una ley que permite tener una gobernanza local y potestades para hacer efectivo el gasto.

Ustedes hacen énfasis en enfrentar la realidad de los campamentos…

Muchos delegan el problema de los campamentos al Ministerio de Vivienda, cuando en realidad muchos temas tienen que ver con (el Ministerio del) Interior, los municipios o los gobiernos regionales. Vemos que el Ministerio de Vivienda despliega toda su capacidad para atender a las personas y darles alternativas. Falta que los gobiernos regionales sean más activos. Creemos que se requiere una mirada focalizada, coordinada y de muchos actores, porque el problema es grave en cuanto a la cantidad de campamentos, el descontrol en algunos sectores y si no se actúa ahora, el problema se va a consolidar. Será más difícil regenerar estos lugares. También vemos que se les debe ofrecer alternativas de arriendo, que las ocupaciones no sean en zonas de riesgo y que haya campamentos transitorios. No se puede esperar hasta que reciban un subsidio. Las personas que viven en situación de indignidad en el país, que tienen techo pero no ciudad, no pueden esperar.

¿La nueva Constitución debería garantizar acceso a barrios dignos?

Absolutamente. Debe ser un derecho que las personas puedan alcanzar, en forma equitativa, los bienes y servicios que ofrece la ciudad, con los que mejoran su calidad de vida. Pero también debemos tener ciudades más resilientes, porque son foco de catástrofes permanentes.