Trabajadores se toman Municipalidad de Ñuñoa en favor de proyecto inmobiliario y empresarios presionan Alcaldía y Gobierno para favorecer inversiones

Por Felipe Arancibia y Joaquín Riffo

Fuente: Interferencia.cl 12/04/2022

Las protestas en torno al megaproyecto en Plaza Egaña de Fundamenta coinciden con las quejas de la CPC y la CChC ante La Moneda, en las que acusan incertidumbre y alzas en el desempleo.

El viernes 8 de abril los trabajadores de la obra Egaña Comunidad Sustentable encendieron barricadas en Irarrázaval con Américo Vespucio. Protestaban contra la detención de las faenas y posibles despidos a causa del rechazo a la construcción del proyecto inmobiliario por parte de la Comisión de Evaluación de Ambiental del SEA, la cual, en una segunda revisión solicitada por los vecinos de la comuna, estableció que no cumplía con los estándares del plan de desarrollo urbano de la comuna.

Esta medida, aseguró el Diario Financiero, llevó al término anticipado del contrato entre la inmobiliaria dueña del proyecto Eco Egaña, Fundamenta, y la empresa Constructora DLP S.A., cuestión que dejó sin trabajo a cerca de 500 obreros. La iniciativa busca la construcción de cuatro edificios, tres habitacionales y uno de oficinas e involucra 1.828 departamentos, además de un monto de inversión de más de 300 millones de dólares, en una zona que los vecinos reconocían como parte del ex gimnasio Manuel Plaza. 

Luego de las protestas del viernes, en que se paralizaron las faenas, este lunes por la mañana un grupo de cerca cien obreros de la constructora DLP ingresaron a la Municipalidad de Ñuñoa para tomarse el edificio y solicitar una audiencia con la alcaldesa Emilia Ríos (RD), y los seremis metropolitanos del Trabajo y Desarrollo Social. En seguida, colgaron un pequeño lienzo en la entrada sur donde reclamaban por los despidos que causarían que 500 familias queden sin fuente de ingresos.

Sobre las plazas de trabajo, Iván Montenegro, dirigente sindical, comentó a Interferencia que en la faena se emplean a 500 obreros directamente y otros 1.300 de forma indirecta. Para muchos de ellos, la construcción de Eco Egaña significaba estabilidad laboral garantizada durante cinco años.

“Es un período extenso, son cinco años de trabajo para muchos, lo que creó aseguramiento. Algunos compañeros incluso se endeudaron, pidieron préstamos, teniendo en consideración el periodo de tiempo que estaba ofertado aquí con respecto al trabajo”, afirmó Montenegro.

En este sentido, la toma de la Municipalidad se produjo al ser señalada por los obreros como la principal responsable de la paralización de las faenas, donde los mayores reparos cayeron en contra de la Alcaldía, a la que acusan de ejercer presiones políticas para el rechazo de la segunda evaluación ambiental del proyecto ante el SEA.

Municipio en toma

Iván Montenegro y Carlos Gatica, presidente del sindicato de trabajadores de DLP, apuntaron a un tuit de Emilia Ríos con el que supuestamente la edil habría intervenido en la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental del SEA en favor del rechazo del proyecto de Fundamenta, al consultar por la presencia de la seremi metropolitana de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, durante la votación.

En el tuit, Ríos preguntó: “Por qué la Seremi RM de desarrollo social @PatyHidalgoJ no está conectada en la comisión de evaluación ambiental del SEA? Es fundamental su voto de rechazo contra el proyecto Egaña “Sustentable”. Cuando era concejala siempre se mostró en contra, en momento de aparecer!”.

Sobre las plazas de trabajo, Iván Montenegro, dirigente sindical, comentó a Interferencia que en la faena se emplean a 500 obreros directamente y otros 1.300 de forma indirecta. Para muchos de ellos, la construcción de Eco Egaña significaba estabilidad laboral garantizada durante cinco años.

De todas formas, al comienzo de la toma de la casa consistorial los obreros declararon que comprendían que la situación también había sido propiciada por las faltas de la inmobiliaria: «nos parece que los dueños del capital juegan con los anhelos de los trabajadores que buscan una fuente laboral, iniciando proyectos que están cuestionados ante los organismos administrativos, por sus posibles impactos, lo que nos provoca desazón, frustración e inestabilidad para nuestra clase trabajadora», manifestó Montenegro al momento entrar al Municipio.

La reunión entre Ríos, el seremi del Trabajo de la RM, Manuel Ahumada (PC), y los obreros comenzó a las 17.30, y se extendió hasta las 20 horas. Gatica y Montenegro fueron dos de los cuatro dirigentes que pudieron conversar con la alcaldesa.

Al final de la reunión, Ríos publicó un vídeo en su cuenta de Twitter asegurando que la Municipalidad de Ñuñoa está “abierta a guiar las conversaciones” para que Fundamenta “replantee su proyecto, dialogue con la comunidad, que ponga en el centro a los vecinos y que garantice estabilidad laboral para sus trabajadores”.

Esta propuesta resultó ser similar a la expuesta por Montenegro antes de ingresar a la reunión, cuando comentó a este medio que “si hay elementos técnicos de profundidad que tengan que mejorarse, nosotros como trabajadores estamos apoyando eso. Si aquí el edificio tiene que bajar diez o siete pisos, tendrá que bajarlos”.

“Al final, esto se transforma en un gallito entre la Municipalidad, la autoridad gubernamental y la empresa inmobiliaria. Y nosotros terminamos completamente ajenos a todo eso y terminamos pagando los platos rotos”, aseguró el dirigente.

Presiones desde el empresariado

El viernes pasado, también, mientras los trabajadores realizaban protestas cortando calles en Ñuñoa, la ministra del Interior Izkia Siches recibía en La Moneda a representantes de distintos gremios empresariales para una reunión de trabajo y coordinación entre ambas partes. 

En la oportunidad, los presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) aprovecharon para mostrar su postura frente a la paralización del proyecto, criticando que afectaba a la certeza en las inversiones y aumentaba el desempleo por la cantidad de puestos de trabajo que se perderían. 

El presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, planteó en la ocasión que “el problema es que todos estos proyectos tiene sus autorizaciones al día y la incorporación del Servicio de Evaluación Ambiental con nuevos ministros elegidos, dice vamos a revocar la autorización, entonces qué hace la inmobiliaria que tiene un monto de inversión de $350 millones de dólares, que tiene contrato con una empresa constructora y dice no puedo seguir adelante con ese contrato y ahí los más afectados son los trabajadores”, detalló.  

El presidente de la CPC, Juan Sutil, señaló que esto también pasa en Estación Central y es una situación “más grave, porque los edificios están listos para poder entregarlos a las comunidades. Esas incertezas fueron parte de la conversación que tuvimos con la ministra y todo su equipo porque la certeza jurídica es básica para que la gente pueda emprender”.

Así, Errázuriz sostuvo que se le planteó a la ministra Siches “que hubiese una mayor consideración a cuando uno tiene las autorizaciones y esta judicialización que hay una vez que se están ejecutando los proyectos afecta mucho la certeza, la seguridad y para invertir necesitamos seguridad”. 

Por su parte, el presidente de la CPC, Juan Sutil, fue más allá y señaló que esto también pasa en Estación Central y es una situación “más grave, porque los edificios están listos para poder entregarlos a las comunidades. Esas incertezas fueron parte de la conversación que tuvimos con la ministra y todo su equipo porque la certeza jurídica es básica para que la gente pueda emprender”.

“Esto le puede significar la quiebra a la constructora, a la empresa inmobiliaria e incluso al banco que lo financió […] No se puede actuar con tanta liviandad o quizás irresponsabilidad, parar un proyecto que ya estaba con todos sus permisos y espero que ese mismo tribunal revoque esto”, sostuvo Sutil.

Rechazo al proyecto

Pese a las críticas de trabajadores y empresarios respecto de la falta de certezas en la inversión y el aumento en el desempleo, lo cierto es que la iniciativa inmobiliaria ha contado con el rechazo de buena parte de las juntas de vecinos del lugar, por considerarlo un proyecto invasivo con el entorno e inconsulto con la ciudadanía. 

La organización Los Adoquines de Ñuñoa -que han ejercido una fuerte oposición a proyectos en altura en la comuna- señaló que “nuevamente un fondo de inversiones inmobiliario habría engañado a trabajadores, grandes inversores, vecinos de Ñuñoa y pequeños inversionistas que tratan de comprar una vivienda propia, o que buscan un seguro con renta vitalicia”.

Desde la Fundación Defendamos la Ciudad, consideraron que la paralización de las obras por parte de la inmobiliaria, aún cuando quedaban instancias judiciales por apelar, responde a una medida de presión para el actual gobierno para que ceda en la aplicación de la normativa vigente. 

Lo anterior, en referencia al brazo financiero del megaproyecto, llamado Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña, administrado por la sociedad Frontal Trust Administradora General de Fondos S.A.

Según los activistas, “el grupo inmobiliario Fundamenta, del empresario Pablo Medina Herrera, conocida en Ñuñoa por sus inversiones y donaciones al Municipio en la época del alcalde Pedro Sabat y su nefasto Plan Regulador Comunal, se habría asociado, en el año 2016, con la administradora de fondos de inversión Frontal Trust, del conocido empresario del área de finanzas Andrés Echeverría Salas, para desarrollar, en conjunto e involucrándose directamente en la gestión, el proyecto denominado Eco Egaña”.

Por su parte, desde la Fundación Defendamos la Ciudad, consideraron que la paralización de las obras por parte de la inmobiliaria, aún cuando quedaban instancias judiciales por apelar, responde a una medida de presión para el actual gobierno para que ceda en la aplicación de la normativa vigente. 

“La paralización inmediata apenas supieron de la decisión que tomó la Comisión de Evaluación Ambiental fue una movida bastante inteligente, desde el punto de vista del interés de ellos de continuar construyendo. Con ello, y al sacar a los trabajadores del proyecto y dejarlos en la calle, están dando una señal de que acá hay mucha cesantía y poca certeza en la inversión con el fin de ablandar al gobierno. Lo anterior, con la presión indebida de trabajadores que obviamente están preocupados por perder su fuente de ingresos. De esa forma, terminan aprovechando esta fuerza laboral para que los ayude en sus pretensiones comerciales”, sostuvo Patricio Herman, presidente de la Fundación.

En esa línea, sostuvo Herman, “creo que si opera el sentido común, porque estamos hablando de muchos millones de dólares y hay resoluciones legales que se deben respetar, la inmobiliaria y el fondo de inversión deben allanarse y solicitar un nuevo permiso de edificación con las normas contenidas actualmente en el plan regulador de Ñuñoa que establecen una altura máxima de 15 pisos, pero como son varias torres ellos se acogen a la figura de conjunto armónico que les permite con un 25% más de altura y con un mayor coeficiente de constructibilidad”.

Por su parte, la periodista y concejala electa por un pacto del Frente Amplio en la comuna, Alejandra Valle, advirtió sobre ‘manipulación’ en las protestas por paralización de obras. En su rol de conductora del matinal La voz de los que sobran, relató respecto a la protesta: “Iba pasando por la Plaza Ñuñoa, y pueden creer que iban los obreros de la construcción del megaproyecto de Plaza Egaña, caminando todos hacia la municipalidad, ¡y les estaban pasando lista!… Nooo, si no están siendo manipulados”, ironizó Valle.