Jugando al Monopoly verde en la Patagonia (1° parte)
Por Patricio Segura
Fuente: Interferencia.cl 22/03/2022
En Aysén el interés por proteger y conservar –que a veces incluye la subdivisión de las propiedades en numerosos lotes para su reventa- se hace a veces fuera del proceso de planificación pública regional y con poca participación de la gente que vive allí. Ayer, en otras latitudes se definió que Aysén sería una gran despensa energética. Hoy, la conservación –por la cual una parte importante de la población regional se movilizó– pareciera también responder a decisiones tomadas en otro tiempo y lugar.
PRIMERA PARTE: ¿Puede la conservación ser un medio para el control del suelo de un territorio?
Divergentes visiones existen en la región de Aysén ante la llegada de la conservación a la Patagonia chilena. Acorde a lo que se ha dado a conocer en el mundo como «green grabbing» (“colonialismo verde”), los investigadores Enrique Aliste Almuna (geógrafo), Andrés Núñez González (historiador) y Álvaro Bello Maldonado (antropóloga) suscriben la tesis de un creciente “control de la propiedad y neo-colonización” de la Patagonia, particularmente de la región de Aysén, de la mano del discurso ecológico. Ponen como ejemplo el concepto y modelo “Aysén reserva de vida”, que muchos de quienes habitamos estos lugares impulsamos, afirmando que éste no sería más que una excusa para apropiarse del territorio y su sentido (opinión que comparte el antropólogo Juan Carlos Rodríguez), expulsando de paso a los habitantes tradicionales (los chilenos, ya que los aonikenk fueron exterminados hace más de un siglo) de la propiedad del suelo y de su imaginario asociado.
“Capitalismo y discurso ‘verde’ presentan una relación más estrecha de lo que es visible desde la apariencia. En el fondo, ‘lo verde’ se ha transformado en un discurso utópico cuyo soporte es también una tecnología de poder que impacta de modo radical en los espacios locales y donde el capital termina concentrando la propiedad de la tierra, los medios de producción y el horizonte cultural desde donde debe asentarse o comprenderse la zona”, plantean los investigadores, desde una matriz de pensamiento donde el control de los medios de producción, como el suelo, es fundamental.
En múltiples papers han plasmado los resultados de sus investigaciones, describiendo a este nuevo movimiento conservacionista como «ecoextractivismo». En el artículo “Bienvenidos al capitalismo verde” de la periodista Marcela Ramos, Aliste afirma que la situación de Aysén por esta ofensiva ligada a la masiva adquisición privada de tierras “nos muestra la infinita capacidad del capitalismo para reinventarse; para sobreponerse incluso a lo más adverso y transformarlo en una ventaja. Hasta hace un tiempo la idea era que los discursos ambientales nos iban a ayudar a combatir el capitalismo, pero de pronto nos damos cuenta que en realidad el capitalismo se salva a través de los discursos ambientales”.
Para bien o para mal, la investigación de larga data de Aliste, Núñez y Bello sobre el traspaso de la propiedad de la tierra en Aysén da cuenta sobre lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años en este territorio. Un resumen de esta visión está contenida en el libro “Imaginarios geográficos, prácticas y discursos de frontera: Aisén-Patagonia desde el texto de la nación”, editado en 2017.
Defensores del proceso que se lleva adelante desde hace décadas para implantar en la región una forma de desarrollo más sostenible desde el punto de vista ecológico, económico, social y cultural, basado en conservación unida a actividades productivas diversas y de pequeña escala, se quejan que la descripción de los académicos es una generalización. Esto porque el leit motiv y/o consecuencias de uno de los conceptos matrices del movimiento socioambiental regional, Aysén como reserva de vida, desde su origen no ha buscado ni perseguido mercantilizar la naturaleza ni excluir grupos. Sí ha pretendido proteger el territorio y maritorio ante el avance de una mirada que ve la biodiversidad de Aysén sólo como una despensa, un botín o una plataforma.
La lucha ciudadana contra el proyecto Alumysa que emergió a principios del 2000 y, más aún, contra la construcción de las represas de HidroAysén y Energía Austral en el marco de la campaña Patagonia sin Represas, dieron una potente señal al inadvertido chileno de a pie: este apartado territorio debía ser muy especial para que tantos esfuerzos se destinaran a su protección.
Sin embargo, cualquiera que sea el lado en que se encuentre, es evidente que hay muchas formas de apropiarse de la Trapananda. La realidad es que, desde otros ámbitos, perspectivas y acciones, capturar su suelo, paisajes y significados sí es posible que sea la razón de ser de diversos actores hoy presentes en el territorio.
¿Reserva de vida para una elite?
Desde hace mucho, antes incluso que el Estado se apersonara con sus divisiones político administrativas, el austro aysenino ha sido visto como un botín. De las grandes estancias, de von Flack y tantos otros que llegaron seducidos por la excepcionalidad de sus paisajes, exuberancia natural y atrayente lejanía. Vieron en ella una gran despensa de cipreses, luego de pasturas para ganadería, mar para pesca, borde costero para salmonicultura. Sus aguas y hielos tampoco han estado fuera del radar de las empresas de energía y suministro hídrico. Y últimamente su aire, si nos fijamos en cómo cada día nuevos artefactos cruzan su espacio inmediato: los miradores ya no tienen por qué estar anclados a la tierra.
Pero desde hace un tiempo el aterrizaje es distinto. Casi tres décadas de acción socioambiental bajo el paraguas de Aysén reserva de vida han transformado a la región en ícono nacional e internacional. Sus campos de hielo, sus millones de hectáreas de bosque nativo, sus caudalosos ríos, montañas y espacios abiertos, han llamado la atención del mundo. Con disímiles fines, haciendo que este foco se transforme, claramente, en una fatalidad. La fatalidad del paraíso que atrae. Porque atrae lo que le sostiene, pero también lo que lo puede extinguir.
Desde mediados de la década pasada se sabía que Aysén reserva de vida no se agotaba en Patagonia sin Represas. Que el problema no eran los proyectos de energía. El problema era el sentido común imperante que ve a naturaleza sólo como un medio de producción. O apropiación.
La lucha ciudadana contra el proyecto Alumysa que emergió a principios del 2000 y, más aún, contra la construcción de las represas de HidroAysén y Energía Austral en el marco de la campaña Patagonia sin Represas, dieron una potente señal al inadvertido chileno de a pie: este apartado territorio debía ser muy especial para que tantos esfuerzos se destinaran a su protección.
Pero han sido diversas decisiones previas las que fueron dibujando ese destino. Hoy más de un 50% de su territorio es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, con múltiples y extensos parques y reservas nacionales.
El primero, Laguna San Rafael, que aunque fue declarado reserva a fines del gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, en 1967 Eduardo Frei Montalva lo recategorizó a parque nacional. Ese año se creó también el Parque Nacional Isla Guamblin y en 1969 Bernardo O’Higgins. Le siguieron Isla Magdalena y Queulat (1983). Entonces, precisa señalar, el sentido de cuidar la biodiversidad de Aysén no provino desde el mercado. Llegó de la mano del Estado.
En los últimos años han aumentado considerablemente las iniciativas de conservación, tanto en terrenos privados como públicos.
El caso más emblemático es el del Parque Nacional Patagonia (PNP), que tiene un origen híbrido, igual que Corcovado (2005), Yendegaia (2014), Melimoyu (2018), Pumalín Douglas Tompkins (2018) y Kawésqar (2019); son fruto de las donaciones privadas que hicieran al Estado de Chile por la Fundación Tompkins Conservation, creada por los filántropos estadounidenses Douglas y Kristine Tompkins.
El Parque Nacional Patagonia, con 304 mil hectáreas, fue constituido el 25 de octubre de 2018 y es administrado por la Corporación Nacional Forestal. Confluyeron en este territorio las recategorizadas reservas nacionales Jeinimeni (161.100 mil hás) y Lago Tamango o Cochrane (6.925 hás), la donación de la Estancia Valle Chacabuco (70.000 hás) propiedad de los Tompkins y otros terrenos fiscales.
Durante las últimas semanas esta área protegida pública llamó la atención tras la crítica del arquitecto Francisco Morandé Ruiz-Tagle a la modificación que la corporación hotelera Explora, de Pedro Ibáñez Santa María, hiciera al lodge y restorán que diseñara junto a Douglas Tompkins. “Retiraron todo el mobiliario, con sus tallados hechos a mano, las molduras, las fotos seleccionadas para cada muro, cuadros, lámparas, cientos de detalles pensados y diseñados exclusivamente para cada lugar, y lo reemplazaron por muebles comunes de cualquier recepción de un edificio capitalino”, fueron sus palabras en una carta publicada por El Mercurio y replicada por otros medios.
Esta alerta, que se enmarca en una concesión de Conaf que durará hasta 2046, se suma a la queja de muchos visitantes que han señalado que el lodge y restaurant, antes abiertos al público general, partieron restringidos a los clientes de Explora.
En la región de Aysén este hecho es visto como la privatización de facto de un área que, si bien contempla una donación privada al fisco de Chile, estuvo en el centro de una lucha regional y nacional como Patagonia sin Represas (HidroAysén pretendía construir el muro de la represa Baker 1 justo frente al acceso al sector Valle Chacabuco del hoy parque), con múltiples costos. La licitación buscó inyectar recursos financieros a la gestión del área protegida por parte del Estado, pero en este proceso es posible que se desvirtúe el sentido de lo público de un parque nacional.
El PNP es parte de la Red de los Parques de la Patagonia: 17 áreas protegidas en 11,8 millones de hectáreas a lo largo de 2.800 kms. desde Puerto Montt (región de Los Lagos) hasta el Cabo de Hornos (Región de Magallanes).
En la Región de Los Lagos: Pumalín Douglas Tompkins, Alerce Andino, Hornopirén, Corcovado (compartido con Aysén). En Aysén: Queulat, Melimoyu, Isla Magdalena, Cerro Castillo, Patagonia, Laguna San Rafael. En Magallanes: Bernardo O’Higgins (compartido con Aysén), Pali Aike, Kawésqar, Alberto de Agostini, Torres del Paine, Yendegaia, Cabo de Hornos.
Según el fallecido biólogo de Harvard E.O. Wilson, uno de los pioneros del movimiento mundial de protección de la biodiversidad, para detener la extinción masiva de especies y garantizar la supervivencia de la propia humanidad, lo que se necesita es una acción masiva a la altura de la magnitud del problema. Wilson planteó que debemos conservar plenamente la mitad de la superficie de la Tierra a la naturaleza. En ese sentido, la Patagonia chilena es un gran éxito mundial. Esto ya se ha conseguido en Aysén, algo que no puede decirse de casi ninguna otra región del planeta.
Brian Reid, subdirector científico del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (Ciep), con sede en Coyhaique, dijo a Patagon Journal en una reciente entrevista que, si bien esos avances en materia de conservación son un tremendo logro del que Chile debería estar orgulloso, a nivel local sigue siendo un gran desafío conseguir que todos se sumen. La reacción a los nuevos parques ha sido mixta: mientras que algunos en las comunidades aledañas están interesados y los apoyan, ha habido una reacción negativa por parte de otros también.
«No diría que es inmerecida», ha planteado Reid sobre tal rechazo. «En parte se debe a que no se ha trabajado con las comunidades de la forma adecuada, y eso ralentiza las cosas en cuanto a los objetivos de conservación». En su visión la única manera de que la conservación sea sostenible a largo plazo es hacerlo de la mano de las comunidades locales. «La conservación puede ser algo bueno, pero si ellas (las comunidades locales) están al margen y no se les consulta, eso va en contra de la conservación. Puede que no se complazca a todos, pero hay que hacer el esfuerzo».
En paralelo a la acción pública, una nueva fiebre por la tierra ha llevado a varios empresarios chilenos y extranjeros a comprar grandes extensiones de terreno, en algunos casos como inversión, mientras que otros declaran su intención de conservar sus posesiones como parques o reservas privadas.
Uno de ellos es la Estancia Las Margaritas de Andrónico Luksic Craig, de unas 35 mil hás., en la comuna de O’Higgins en el extremo sur de Aysén. Luksic, siendo sólo un particular, ya tiene fuerte incidencia en las políticas públicas locales. La instalación del multimillonario chileno en la zona le ha ganado portadas y titulares en los principales medios nacionales, que destacan la “vida rural y sustentable” del controlador de múltiples empresas mineras y extractivas a lo largo del país. La paradoja es que siendo Villa O’Higgins “la comuna de los hielos” (se ubica en el extremo norte del Campo de Hielo Sur), Antofagasta Minerals, del millonario antofagastino, ha destruido los glaciares de roca ubicados en la parte alta del río Choapa, en la región de Coquimbo, través de Minera Los Pelambres, según han consignado múltiples investigaciones.
También operan en Aysén el abogado Enrique Alcalde Undurraga, quien posee terrenos en Villa O’Higgins y Cochrane a través de la Sociedad Agrícola Río Baker; el ex dueño de Aqua Chile y descendiente de una familia asentada por varias décadas en la zona Víctor Hugo Puchi Acuña con predios en Cochrane y otros sectores de la región; y la familia de Nicolás Ibáñez Scott (ex dueño de D&S, controlador de Líder, hoy Walmart), con terrenos en la costa del lago Cochrane. Todo esto consignado en un artículo de La Tercera del año 2020.
En paralelo a la acción pública, una nueva fiebre por la tierra ha llevado a varios empresarios chilenos y extranjeros a comprar grandes extensiones de terreno, en algunos casos como inversión, mientras que otros declaran su intención de conservar sus posesiones como parques o reservas privadas.
Por estas tierras también ha comprado el multimillonario norteamericano Kenneth Dart (acreedor de los famosos fondos buitres que tuvieron complicada a Argentina hace algunos años) en el lago Azul y lago Desierto; la Fundación Meri, de la familia Cortés Solari, en Melimoyu con fines de conservación; Gonzalo Vial de Agrosuper en Isla Refugio, como segunda residencia y centro de turismo. El multimillonario Addison Fischer, en la reserva Anihué en la desembocadura del río Palena, también para protección de la biodiversidad; Felipe Briones de Pesquera Yadrán en Alto Nirehuao con dos mil hectáreas; el empresario minero Jonás Gómez en Melimoyu; Eduardo Ergás que compró completa la Isla Traiguén, con serios conflictos con la comunidad huilliche Nahuelquín-Delgado, que ha vivido desde hace medio siglo en la zona.
Y ahí está también la familia Hurtado Berger, ex controladora de Embotelladora Andina, cuyas hijas compraron 22 mil hectáreas en la cuenca del río Cuervo y de los lagos Yulton y Meullín, donde originalmente Energía Austral pretendía construir las represas Cuervo, Blanco y Cóndor. Todo esto a través de la Fundación Kreen, que hoy dirigen las hermanas Madeleine y Pamela Hurtado Berger, que ha blindado su inversión mediante múltiples concesiones mineras, igual que Luksic en el extremo sur, con pertenencias inscritas a nombre de su familiar Rodrigo Terré Fontbona. En todo caso, esta práctica no es nueva, “hoy son varios los particulares de la Región de Aysén (fundaciones, hidroeléctricas, salmoneras y operadores turísticos, entre otros) que han ‘corrido’ a reclamar intereses mineros dentro de sus predios, para así evitar que la ‘fiebre del oro’ que vive la zona afecte sus terrenos y proyectos”, consignaba en 2013 La Segunda.
Este traspaso de la propiedad se ha realizado sin participación alguna de las comunidades, operando simplemente el mercado. Esto, en circunstancias que tiene fuertes impactos ambientales, productivos, sociales y culturales en los territorios donde, la mayoría de los nuevos propietarios, no vive. Y donde sus actos y decisiones no les afectarán personalmente, en la mayoría de los casos a nivel patrimonial.
Más allá del desafío de construir una relación entre las comunidades locales y la nueva Ruta de los Parques, está la cuestión abierta de si Chile cuenta con los marcos normativos e institucionales necesarios para gestionar las iniciativas privadas de conservación, que en algunos casos son realmente proyectos de desarrollo inmobiliario revestidos de una profunda retórica verde.
En el próximo artículo el enfoque estará en la historia de la millonaria en el sur de Aysén, Paola Luksic Fontbonaen Caleta Tortel y sus vínculos con empresas B ligadas al conservacionismo internacional. Y, por cierto, la carrera olímpica por lotear y lotear, como si la Patagonia se fuera a acabar.
El autor, Patricio Segura, es un periodista que vive cerca de Puerto Guadal, en la cuenca del lago General Carrera de la región de Aysén. Es el actual tesorero de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y formó parte del equipo de comunicaciones de la campaña Patagonia sin Represas.
Este artículo fue publicado originalmente en Patagon Journal y ha sido republicado por Interferencia. Puedes leer la crónica original aquí.