Fondo de Ahorro Habitacional de Carabineros: auditorías dan cuenta de potencial fraude tres veces superior al PacoGate
Por Diego Ortiz y Víctor Herrero A.
Fuente: Interferencia.cl 26/04/2022
INTERFERENCIA tuvo acceso a informes y testimonios que advierten sobre graves irregularidades en el fondo que gestiona casi $150 mil millones provenientes de aportes mensuales de unos 6o mil policías. Auditores externos y uniformados al tanto hablan de “la Cutufa de Carabineros”.
INTERFERENCIA tuvo acceso a una auditoría interna del Departamento de Bienestar de Carabineros, fechada el 23 de octubre de 2020, donde se detalla una larga lista de hallazgos preocupantes sobre la gestión del Fondo de Ahorro Habitacional, entidad a la que casi todos los 65 mil funcionarios policiales aportan con al menos 4% de su salario mensual y que, al menos sobre el papel, cuenta con activos por casi 150 mil millones de pesos.
A saber: las cuentas de préstamos del fondo no mantienen respaldo ni comprobación histórica; quienes procesan los registros de los créditos son los mismos que fiscalizan el proceso; no existe ningún protocolo para levantar alertas financieras para la prevención de lavado de activos; y nadie se cerciora de que los dineros entregados se gasten efectivamente en viviendas o, peor aún, que efectivamente algunos créditos hayan sido pagados, ya que la institución llevaba una contabilidad doble, donde las cifras reportadas por la unidad de finanzas y la del departamento de informática no siempre coincidían. (Revise acá la auditoría).
Las advertencias acerca de la gestión poco transparente de este fondo venían de antes. En 2017, un informe de la Contraloría General de la República reveló serias falencias de seguridad en la contabilidad del Fondo de Ahorro Habitacional, el sistema de préstamos empleado por la institución para financiar viviendas a sus funcionarios.
La entidad fiscalizadora advirtió en ese entonces que la totalidad de los dineros ingresados a las arcas policiales corrían un serio riesgo de fraude y pidió subsanar una serie de falencias graves. Entre éstas, por ejemplo, que cualquier funcionario con acceso podía entrar y borrar o disminuir préstamos sin que existiera trazabilidad alguna, o bien problemas en la custodia de los contratos de préstamos e hipotecas otorgados entre 1981 y 2013, cuyas únicas copias están guardadas en una sala sin control de acceso ni sistema contra incendios.
La auditoría de Carabineros recomendó iniciar sumarios, pero hasta hoy los superiores no acceden a ello. “Se ha discutido, pero lo han dilatado una y otra vez”, dice un ex jefe de servicio de ese departamento.
Cinco años después del informe de la Contraloría y a un año y medio de la auditoría interna de Carabineros, la mayoría de los problemas subsiste y las autoridades del Departamento de Bienestar no han iniciado ningún sumario interno, pese a las evidencias levantadas dentro y fuera de la institución y a que varios altos funcionarios de esa división vienen pidiendo hace años esclarecer los hechos. Es más, la propia auditoría interna de Carabineros recomendó iniciar sumarios respecto al manejo de ese fondo, sin que los superiores accedieran a ello. “Se ha discutido, pero lo han dilatado una y otra vez, argumentando que no es para tanto, que no está claro que pueda haber fraudes”, dice un ex jefe de servicio de ese departamento.
“La mayoría de los Carabineros no tiene ni idea de las enormes irregularidades en el manejo de sus platas”, afirma un mayor que pidió reserva de su identidad por temor a represalias laborales. Este oficial, que se desempeñó en el Departamento de Bienestar hace algunos años y levantó alertas acerca del manejo del fondo de ahorros a sus superiores cuando el ex Director General Mario Rozas era jefe de esa área, fue trasladado a una comisaría fuera de Santiago. “Nunca nos han entregado balances o información más detallada sobre nuestros aportes a ese fondo, cuánta plata tiene el fondo, en qué se invierte, cuántos créditos ha entregado y a quiénes”, asegura.
El Fondo de Ahorro Habitacional se creó en 1981, en plena dictadura, con el fin de financiar la compra, arreglo o ampliación de viviendas de Carabineros en todo el país. Sin embargo, la decisión de cuánta plata prestar y a quién se le otorga, recae en un pequeño comité compuesto exclusivamente por funcionarios del propio Departamento de Bienestar agrupados en el Consejo de Administración, según consta en el reglamento del propio fondo. Este está conformado por el director de Bienestar, el jefe del Departamento Plan Habitacional y Poblaciones, el jefe del Departamento Acción Social, el jefe de la sección Planificación Habitacional y por el jefe de la sección Fondo de Ahorro Habitacional.
‘La Cutufa de Carabineros’
INTERFERENCIA pidió a varios expertos en contabilidad financiera analizar la auditoría interna realizada por Carabineros a fines de 2020 y que se extiende por 68 páginas. Uno de ellos, que accedió a comentar con su nombre, asegura que “este caso es similar a la Cutufa”, en referencia a la estafa piramidal que ocurrió dentro del Ejército en los años 80. “Aquí también se genera administración de fondos que no son los tuyos, pero los tienes a tu alcance, sobre todo si eres el que manda y controla, entonces puedes hacer y deshacer”, explica Leonardo Torres, académico de la Universidad de Chile y ex director del capítulo chileno de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Luego de repasar los hallazgos de la auditoría, el contador auditor asegura que “están todas las banderas rojas de fraude arriba, sin duda”.
El desorden financiero y administrativo es de tal magnitud que, hoy en día, nadie sabe a ciencia cierta cuánta plata existe realmente en el fondo, y cuán respaldados están los desembolsos del fondo de ahorro o en qué instrumentos financieros están invertidos los miles de millones de pesos que mensualmente entran a esa entidad. De hecho, la auditoría interna de 2020 muestra que las cifras finales que informa el departamento de finanzas no coinciden con las cifras finales registradas en el área de informática, lo cual en el mundo de la contabilidad es algo inconcebible.
“Me atrevo a decir que, en el hipotético caso de una liquidación del fondo de ahorro, este no puede cubrir ni siquiera el 50% de los supuestos fondos”, asegura un suboficial. “Simplemente no está la plata para cubrir los aportes de los socios”.
“Me atrevo a decir que, en el hipotético caso de una liquidación del fondo de ahorro, este no puede cubrir ni siquiera el 50% de los supuestos fondos”, asegura un suboficial que tuvo acceso a las planillas de la unidad de finanzas y que también pidió reserva de su identidad por encontrarse aún en servicio activo. “Simplemente no está la plata para cubrir los aportes de los socios”, enfatiza.
En esa línea llama la atención un cambio de política que se realizó hace pocos años en ese fondo. Antes, cuando los socios -es decir todos los Carabineros- pasaban a retiro y no tenían créditos pendientes, el Fondo de Ahorro Habitacional de inmediato les devolvía sus dineros aportados a lo largo de los años de servicio, ajustados por inflación e intereses que, por cierto, nunca se informaban públicamente. Actualmente, ese fondo se reserva el derecho de reembolsar recién pasados seis meses de dado de baja del sistema. “¿Cuál es la lógica que está detrás de ganar ese tiempo?”, se pregunta ese suboficial. “Bueno, todo indica que necesitan ese tiempo adicional para hacer caja, tal como funcionan todos los esquemas de estafas piramidales”.
Una serie de detecciones por parte del equipo auditor que confeccionó el reporte de octubre de 2020 también da cuenta de un posible esquema millonario de corrupción con fondos que superan tres veces los $45 mil millones defraudados en el PacoGate. En al menos siete ocasiones el documento advierte del riesgo de fraude.
¿Dónde están los $147 mil millones?
Los objetivos principales enunciados en la auditoría interna de Carabineros fueron determinar “el real estado en que se encuentra la información respaldatoria que componen los bienes financieros de la sección Fondo de Ahorro Habitacional”, además de verificar si se ha materializado la convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), un nuevo estándar adoptado por el Estado chileno a partir de 2010 y que en la actualidad se encuentra atrasado y en proceso de implementación en varias entidades fiscales.
La investigación interna -liderada por el teniente coronel de Carabineros y Jefe del Departamento de Finanzas de Bienestar, Marco A. Lagos y los funcionarios civiles Rodrigo Contreras (auditor) junto a los trabajadores de la Dirección de Bienestar Jessica Arcos, Juan Castañeda y Andrea Riveros- cuenta con apartados sobre “causas”, “efectos” y agrega “recomendaciones” a cada uno de los 21 hallazgos en materia de contabilidad, legalidad, aplicación del NICSP y observaciones de la Contraloría no subsanados.
En ocho ocasiones se advierte que no se cumple con lo estipulado por organismos fiscalizadores –tales como la Contraloría, la Comisión para el Mercado Financiero o el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno–, pudiendo motivar una investigación. En siete oportunidades se apunta como efecto directo de un hallazgo el riesgo de fraude o falta a la probidad funcionaria. En cinco se menciona como consecuencia la posibilidad de atentar contra la imagen institucional de Carabineros.
La lista comienza con el problema principal: las diferencias en los saldos contables de la institución, reflejada en cifras que no cuadran, falta de respaldos y el hecho de no poder demostrar las incongruencias entre lo registrado por el área de contabilidad y finanzas con el área de informática del Fondo de Ahorro Habitacional.
“Que esté la plata, que no esté, que sea más, que sea menos” es una señal de advertencia asegura el experto en auditorías financiarias, Leonardo Torres.
En concreto, se detectó que no existe “homologación entre los detalles de los tipos de crédito” informados, esto es, que los registros de contabilidad y los de informática no coinciden en los conceptos y valores, por lo que es imposible comparar o cuadrarlos. Además, se asegura en la auditoría, ninguna de las cuentas que acumulan 147 mil millones de pesos se encuentran respaldadas de acuerdo con lo que exige la propia Intendencia de Carabineros.
En opinión del académico experto en fraude, Leonardo Torres, “si uno pensara mal, una comparación de este tipo podría ser de alguna manera intencionada para generar la impresión de que no hay diferencias”.
Respecto al concepto de respaldo, Torres explica que “tiene que ver con la validación de la información: si no existe respaldo, no hay validación”, por lo tanto, las áreas de contabilidad y de informática del Fondo de Ahorro Habitacional están hablando “solamente de cifras y no de documentos que respalden esas cifras”.
“Este punto es demasiado importante”, asegura el experto, ya que implica “cualquier cosa” respecto al dinero: “que esté, que no esté, que sea más, que sea menos”.
Extraños prepagos de funcionarios involucrados en el PacoGate
Son múltiples los hallazgos que sugieren la posibilidad de fraude, pero existe una denuncia dentro de la auditoría por algo que precisamente no se encontró o, más bien, se ocultó. El equipo auditor acusa que existió documentación que se solicitó en reiteradas oportunidades para analizar la situación contable y financiera del fondo, sin que fuera entregada por la propia institución.
“El tema de la no entrega de información es quizás una de las alertas de fraude más importantes”, asegura Torres, quien cree que “si se pidió información y nunca se entregó es porque lo más probable es que se esté ocultando algo”.
Otro hallazgo de la auditoría advierte que el sistema de préstamos hipotecarios de Carabineros no realiza análisis contables. “Que no exista análisis es grave en una entidad que trabaja con dineros”, asevera Leonardo Torres. “Es una bandera de alerta para posibles fraudes”. Otro descubrimiento del informe interno revela los jefes de cada área no visan ni revisan el seguimiento del cumplimiento de los créditos otorgados.
A esto se suma el hallazgo que indica que el área de cobranzas “no cuenta con formalización que identifique su funcionamiento, como tampoco un proceso debidamente asignado y normado que regule los protocolos de cobranzas en aquellos casos donde exista incumplimiento de los pagos”. Es decir, en rigor, no existe certeza de que algunos créditos efectivamente hayan sido pagados por los deudores.
“Cuando alguien se entera que tiene en su poder las dos etapas que no deberían juntarse en una sola persona, es decir, el registro contable y al mismo tiempo la validación de los estados financieros, se le está dando una oportunidad tremenda”, afirma Torres.
“Inexistencia de alertas financieras conforme a la circular N° 1.809 del año 2006 respecto a instrucciones sobre prevención de lavado de activos”, reza otro hallazgo. Como prueba de esto, el equipo auditor adjunta una serie de nombres correspondientes a funcionarios involucrados en el llamado PacoGate que efectuaron liquidaciones de préstamos del Fondo de Ahorro Habitacional; existiendo pagos entre $2 y $49 millones realizados por algunos de los funcionarios procesados. Un ejemplo es el de la teniente coronel Aida Marisio, quien fuera segunda al mando de la Central de Comunicaciones y quien ejecutó un prepago de $49 millones para un crédito del Fondo de Ahorro Habitacional. Marisio fue desvinculada de la institución en 2017 luego de ser incapaz de justificar un traspaso de $80 millones a su cuenta corriente privada, y en 2019 fue condenada a una pena de 3 años y un día.
Al respecto, Leonardo Torres explica que “es sospechoso que los prepagos se realicen por cifras importantes de dinero, ya que la persona si ha solicitado un préstamo es porque no tiene los medios suficientes, entonces si se generó ese prepago es porque contó con esos medios de alguna manera”. Al tratarse de Carabineros procesados por fraude, Torres opina que “hay que investigar y, si eso no se hizo respecto de cuál es el origen de los fondos de prepago, entonces hay una alerta [de fraude] que debe ser analizada”.
Bajo una lista de debilidades “en el ambiente de control” del Fondo de Ahorro Habitacional, la auditoría interna también establece que “quienes procesan los registros contables como ingresos, egresos y traspasos son los mismos que emiten y validan los estados financieros”.
“Eso es gravísimo”, asegura Torres. “Cuando alguien se entera que tiene en su poder las dos etapas que no deberían juntarse en una sola persona, es decir, el registro contable y al mismo tiempo la validación de los estados financieros, se le está dando una oportunidad tremenda”. El contador auditor explica que, en análisis de fraudes, la existencia de oportunidades para cometer un ilícito es una de las razones detrás de que se cometan. “La oportunidad hace al defraudador, y eso [que el registro contable y la validación de estados financieros recaiga en una misma persona] es dar una oportunidad tremenda”.
Al final de la auditoría, en el punto 21, se resume esta última irregularidad: “Existen puntos críticos de riesgo del área contable que son controladas por una sola persona, sobre la cual no se aplican procedimientos de validación”.
A las irregularidades contables en el fondo se le suman otros descubrimientos, registrándose cobros automáticos a avales y pérdida de dineros mediante la no aplicación de intereses y la falta de inversión.
Esto último es uno de los asuntos que saca ronchas en las filas policiales. Según la propia auditoría de la institución policial, cuando se detecta créditos impagos se activa automáticamente el cobro a los avales del préstamo, una práctica de respaldo que existió hasta hace unos diez años. Ese fue, por ejemplo, el caso del ex capitán Samuel Carrasco Arriagada, quien fue jefe del Área Contable del Fondo de Ahorro Habitacional.
Al cierre de esta edición, fuentes de Carabineros aseguran que en los próximos días llegará un equipo auditor de la Contraloría para hacer un seguimiento in situ.
El informe de auditoría detalla que Carrasco, en su calidad de superior, falsificó información para hacerse con un préstamo para la construcción de una vivienda. Luego de una investigación interna fue llamado a retiro sin derecho a pensión por llevar menos de 20 años en la institución. Ante el no pago de los dineros, Carabineros traspasó la deuda a sus avales, todos funcionarios de menor grado que no tenían conocimiento de las acciones irregulares de su superior.
La deuda se mantiene hasta el día de hoy, sin que la institución policial ejerciera acciones judiciales en contra de Carrasco para cobrarle los dineros obtenidos ilícitamente. Los avales, mientras tanto, siguen pagando mes a mes la deuda de su antiguo superior.
Nuevas diligencias
El pasado viernes 22 de abril la Contraloría ofició al Alto Mando de Carabineros solicitando documentación respecto de este caso. Entre los 12 puntos de documentación solicitada, destacan todos los informes hechos por la institución con relación a la auditoría realizada por la entidad en 2017. Entre los informes solicitados figuran los registros contables de la Dirección de Bienestar; registro de cuentas por cobrar que mantiene ese departamento; manuales de procedimientos para la entrega de préstamos; y la totalidad de beneficiarios de créditos habitacionales otorgados.
Al cierre de esta edición, fuentes de Carabineros aseguran que en los próximos días llegará un equipo auditor de la Contraloría para hacer un seguimiento in situ.
Este artículo es el primero de una serie de tres entregas acerca de este potencial megafraude en Carabineros. En las próximas dos entregas se abordará el tema de un posible encubrimiento de estas irregularidades al interior de Carabineros, incluyendo el sospecho actuar del coronel Gerardo Olave del departamento de Bienestar, y las víctimas internas -Carabineros comunes y corrientes- de las malas prácticas del Fondo de Ahorro Habitacional de esa institución.Adjuntos:
