Expertos y expertas de la U. de Chile generan propuestas para política pública de vivienda postpandemia

Por Roxana Alvarado

Fuente: uchile.cl 27/10/2020

«Propuesta para repensar las viviendas y el habitar Chile», es el nombre de la publicación que resume las principales dificultades y desafíos de las políticas públicas en esta materia, así como una serie de propuestas para un nuevo habitar postpandemia. Concepto que engloba tanto la vivienda como la calidad de vida en ella y en su entorno.

La serie de Policy Brief «Domesticar la ciudad» de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile (VID), busca aportar al debate relacionado con la planificación urbana y territorial. El tercer documento aborda las políticas públicas relacionadas con las viviendas sociales y propone una serie de medidas de cara a la crisis social y sanitaria.

Los autores de este documento-propuesta son los académicos y académicas Rosemarie Garay, de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza; Ricardo Herrera, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; junto a  Yasna Contreras, Jaime Díaz y Ricardo Tapia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU).

Los especialistas señalan que el actual contexto de crisis sanitaria ha dejado en evidencia las desigualdades de los hogares y la restringida visión de la normativa vigente al no incorporar la multidimensionalidad de la vivienda, concibiéndola casi exclusivamente como un objeto material. Ello, en contraposición al concepto de “habitabilidad”, que comprende tamaño, distribución de la vivienda, calidad del entorno, proximidad a servicios, entre otros. Una visión que rompe con la cosificación del inmueble y centra su mirada en un espacio relacional dentro y fuera del hogar.

En esta línea, los especialistas incorporan además la variable de salud mental, es decir cómo las condiciones de habitabilidad afectan el bienestar físico y emocional de las personas, incidiendo, por ejemplo, directamente en la esperanza de vida. Según el estudio publicado en la revista The Lancet Planetary Health sobre seis ciudades de América Latina (Buenos Aires, Belo Horizonte, Santiago, San José, Ciudad de México, Ciudad de Panamá), en las comunas más ricas de Santiago, las mujeres viven 17,7 años más y los hombres 8,9 años.

Por otra parte, si bien la política pública de vivienda ha abordado exitosamente el déficit cuantitativopara los investigadores “se ha hecho a costa de las condiciones de habitabilidad”. A pesar de los numerosos esfuerzos que se han visto plasmados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), estas normativas al no ser obligatoria muchas de ellas no se aplican. 

A ello, se suma “el abandono de una planificación que garantice ciudades equitativas, sustentables y justas, cuestión que todavía no ha ocurrido en Chile, pues la planificación, intencionadamente, ha privilegiado el accionar privado en la ciudad, especulando con suelos e inversiones públicas”, señaló el académico del Instituto de la Vivienda de la FAU y arquitecto, Ricardo Tapia.

Hogares preparados para el confinamiento

Desde la mirada de los autores, la política habitacional actual privilegia la densificación al máximo de los proyectos inmobiliarios, públicos o privados, disminuyendo al mínimo los espacios comunes que incluyen áreas verdes, capacidad de ascensores, etc. El objetivo de esta política -empujado por obtener una mayor ganancia en el ámbito privado, o cubrir rápidamente el déficit de viviendas, en el ámbito público- es tener la mayor cantidad de unidades habitacionales posibles por superficie de terreno. 

Asimismo, la pandemia ha instalado la urgencia para que arquitectos y arquitectas aporten con diseños que colaboren con un mejor bienestar de la comunidad. “Está comprobado que las condiciones de temperatura, humedad, aislación acústica, iluminación y radiación solar, no son sólo necesarias para alcanzar niveles de bienestar, sino esenciales para la salud humana física como mental y sus niveles básicos deben ser salvaguardados en todo tipo de vivienda, independiente de su valor y ubicación”, expresa el documento. 

En esta materia, Ricardo Tapia señala que en “América Latina en general y Chile en menor medida, se requiere que los arquitectos(as) profundicen en las causas y expresiones que, obligadamente, los habitantes dan al habitar, el cual es resultante de procesos que tienen factores y temporalidades variables en su desarrollo. En nuestra región, los estados siempre tendrán demandas sociales urgentes por resolver, la vivienda una de ellas. Así, los recursos para su diseño, siempre serán escasos. Conocer y entender los procesos señalados, puede permitir intervenir con diseños adecuados para esos desafíos. En Chile, aquellos se complejizan aún más, al habitar un territorio telúrico y de gran afectación por el cambio climático”.

Propuestas para una política de vivienda postpandemia

Considerando que existe un significativo número de viviendas que no pueden ser modificadas, los especialistas proponen que ante una cuarentena se podrían establecer espacios comunes de confinamiento en los barrios, que cuenten con equipamiento urbano suficiente, e incluyan áreas de esparcimiento y actividad física adecuadas para respetar el distanciamiento físico como parques y plazas.

Para los especialistas se requiere además de una política que considere múltiples riesgos de desastres debido a las condiciones propias del país. En este sentido, es clave cuantificar la vulnerabilidad de las comunidades, pueblos y ciudades a nivel país frente a riesgos naturales y socionaturales, incluyendo los riesgos frente a una pandemia, construyendo un índice que considere cada amenaza por separado como también la ocurrencia de amenazas múltiples, independientes o interrelacionadas. 

Es así como el documento elaborado por las y los académicos propone cuatro opciones simultáneas para la política pública en esta materia. Primero, mejorar los estándares de calidad de habitabilidad en las nuevas viviendas mediante mayores exigencias normativas y sanciones. Esto incluye poner en práctica los principios de la PNDU que no están en correspondencia con los programas habitacionales que siguen construyéndose. 

Segundo, está mejorar lo ya construido de modo progresivo, adaptando políticas públicas para tales propósitos, potenciando los insuficientes subsidios que ha desplegado SERVIU en conjunto con el MINVU, en viviendas deterioradas y patrimoniales, bien localizadas y accesibles. Tercero, regular el mercado de vivienda rentista que ha dificultado la construcción de viviendas más equitativas; y finalmente, asumir los diferentes riesgos a los que se ve expuesta la población (pandemias, aluviones, terremotos, tsunamis, incendios, avalanchas, entre otros), elaborando un ejercicio interdisciplinario e interinstitucional constante.

Entre los cambios inmediatos, las y los expertos proponen eliminar diferencias entre los avalúos fiscales y comerciales de las viviendas, reduciendo así, mecanismos especulativos;  recuperar terrenos baldíos o públicos para la construcción de viviendas de interés social o de interés público, derribando el mito que el Estado “no tiene suelo”; facilitar la gestión del Estado para comprar terrenos privados con valores preferentes, especialmente cuando los fines de viviendas son colectivos y orientados a grupos más vulnerables; y ofrecer mayores facilidades para que el Estado pueda expropiar luego de desastres socionaturales de diferente naturaleza.

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