Anticipo de la Convención: el derecho a la «vivienda digna» quedaría consagrado
Por Cecilia Román, Amelia Janssen e Ignacia Irarrázaval
Fuente: Pauta 02/07/2021
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
Lo que lee es la consagración del derecho a la vivienda en la Constitución de España. El proceso constituyente de Chile derivará probablemente en una redacción similar, pues hay transversalidad en la necesidad de incorporar este derecho a la nueva Carta Magna a la luz de la situación de miles de familias hacinadas y en campamentos. Un catastro de principios de año de Techo Chile indicó que 81.643 familias viven en 969 campamentos, la cifra más alta desde 1996.
El respaldo a incorporarlo en el catálogo de derechos de «segunda generación» es casi unánime entre los sectores de izquierda y centroizquierda. También hay promotores entre los constituyentes de derecha, como Cristián Monckeberg (RN), exministro de Vivienda, y la empresaria turística Angélica Tepper (Ind. RN). La mayoría de los representantes electos, además, utiliza dos palabras para definirlo: vivienda digna.
A favor y en contra
El derecho a la vivienda no está actualmente contenido en la Constitución, pero sí aparece en varios tratados internacionales que Chile ha firmado y ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) de la ONU.
«La vivienda digna es un estándar mínimo. Eso tiene que compatibilizarse con una perspectiva de que la vivienda no solo es una solución individual, sino que pensar en soluciones colectivas y establecer que la dignidad de la vivienda significa poder coexistir y habitar los espacios desde una perspectiva comunitaria, sustentable«, responde a este medio la abogada y constituyente por el Distrito 23 Manuela Royo (Ind. Apruebo Dignidad).
La dignidad, según la definen los constituyentes, tiene relación no solo con el material o la dimensión de la casa, sino también con su entorno, conectividad, cercanía a colegios y plazas. «Tiene que haber un compromiso real del Estado para dar viviendas dignas, pero en entornos que fuesen humanos, socialmente conectados, con cultura. Hoy día se piensa la vivienda como solo la casa, pero hay mucho que hacer ahí», agrega la profesora y constituyente por el Distrito 15, Loreto Vallejos (LLDP).
Hay 97 representantes están de acuerdo con incorporar ese derecho en forma explícita. Es decir, bastaría que otros siete constituyentes se plieguen a esa propuesta para que cuente con los dos tercios necesarios para quedar estampado en la nueva Constitución.
Quienes no están de acuerdo, en cambio, argumentan que podría existir un problema con la judicialización de ese derecho. En un conversatorio de Icare, la abogada y constituyente Constanza Hube (UDI) explicó que «los derechos sociales siempre han tenido discusión respecto de Constitución actual porque no están garantizados judicialmente. Hay una razón: estos derechos sociales eran aspiraciones sociales, no consideradas como derechos propiamente tal. No tienen recurso de protección para evitar la judicialización de la política: que los tribunales terminen resolviendo cómo se otorgan las prestaciones de salud, seguridad social».
En ese sentido, algunos representantes de Chile Vamos comentan a PAUTA que estarían de acuerdo con que este fuera una «meta solidaria del Estado más que un derecho judiciable». «No estoy de acuerdo con ‘garantizar’, que tiene que ver con si va a ser judiciable o no. Que se ponga que hay una meta del Estado de otorgar viviendas a personas que hoy lo requieran», dijo a este medio el licenciado en derecho y representante de La Araucanía, Eduardo Cretton (UDI).
Para la elaboración de las preguntas a los convencionales constituyentes, PAUTA contó con la orientación de los especialistas en derecho constitucional Marisol Peña, exministra del Tribunal Constitucional (TC) y profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Gabriel Osorio, abogado y exintegrante de la mesa técnica que dio forma al proceso constituyente.