»Viviendas sociales» de mentira

por Patricio Herman*

El lunes 14 de mayo pasado, en conjunto con el senador Nelson Ávila, nos reunimos con Ricardo Escobar, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), para plantearle las pérdidas económicas que sufre el Estado al amparar que los departamentos de las torres habitacionales de algunas inmobiliarias que construyen en el centro de Santiago, bajo el subsidio de UF 200 de Renovación Urbana, sean calificadas como «viviendas sociales», en circunstancias que no lo son.
Continúa…

El mismo día entregamos la documentación de respaldo en la Contraloría General de la República porque la irregularidad se convierte en ilegalidad puesto que el Minvu, siempre muy suelto de cuerpo, ha establecido que se puede pasar por alto en la comuna de Santiago la exigencia establecida en el artículo 6.2.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que dice textualmente «en las viviendas sociales la puerta de acceso de los edificios colectivos o de las viviendas unifamiliares no podrán distar más de 30 m. de una vía de tránsito público o espacio público, medida desde el correspondiente deslinde del terreno común». Nosotros no sabíamos que un ministerio, por muy díscolo que sea, pueda llegar al extremo de propiciar la vulneración de sus propias disposiciones reglamentarias.

Como a las verdaderas viviendas sociales, por razones obvias, no se les exige la construcción de estacionamientos, tampoco se les exige a esos edificios, produciéndose problemas de cierta envergadura que la Municipalidad de Santiago le ha representado al Minvu, ya que este ministerio ha conminado a la Dirección de Obras respectiva en orden a que «certifique» la calidad de «vivienda social» al titular de cada proyecto que lo solicite.

Ahora bien, este tipo de viviendas sociales fueron creadas en 1984 con un riguroso reglamento y dado el procedimiento para calcular su precio, éste llegaba a un máximo de UF 400. A través del tiempo y bajo los gobiernos de la desordenada Concertación, dicho reglamento paulatinamente se ha ido desnaturalizando y hoy pueden ser viviendas sociales aquellas que conforman condominios y cuyo valor tope sea de UF 520.

Entonces, ¿por qué los departamentos del centro de Santiago que valen entre UF 900 y UF 2.000 se consideran «viviendas sociales»?

Por dos razones copulativas :

1.- La Tabla de Costos Unitarios de la Construcción que sirve para pagar los derechos municipales de los permisos de edificación, que es elaborada por el Minvu, es sustancialmente más baja que los costos reales y ello está demostrado si revisamos la Tabla equivalente que prepara el SII con el propósito de cobrar las contribuciones de bienes raíces. En promedio, las cifras del Minvu corresponden a un 35% de las del SII

2.- Muchas inmobiliarias, con la complacencia de las direcciones de obras municipales, subclasifican sus proyectos, con lo cual pagan en promedio la mitad de los precios ya subclasificados.

Así las cosas, al estar minus valorizado el m2 de construcción, es muy fácil que departamentitos de 25 o 35 m2 de superficie, con excelentes terminaciones, se enmarquen en el tope de las UF 520.

Es de esperar que la ministra de Vivienda y Urbanismo tome cartas en el asunto para que la famosa Tabla sea coherente con los valores de transacción de los materiales constructivos. Si se procede en tal sentido, y esperamos que así sea, con este necesario ejercicio de transparencia se recuperán ingentes fondos que los municipios utilizarán para construir viviendas sociales de verdad. Los más beneficiados con esta futura decisión ministerial serán todos aquellos que, por ser los más vulnerables, sufren de la marginalidad habitacional.

El otro beneficio que obtendrá la ciudad, si se sinceran las actuaciones del gobierno, dice relación con el término de la proliferación de «studios» de 25 m2, unidades que no pueden ser consideradas habitacionales, las cuales ponen en entredicho el propio concepto de «Renovación Urbana», ya que así no se puede incentivar a las familias para que se vengan a vivir en el sector más antiguo de la ciudad capital.

Estaremos atentos a los acontecimientos y si el Minvu continúa sordo, teniéndose en cuenta que la mendaz situación se la hemos informado en detalle, esperamos que un grupo de diputados, asumiendo sus roles fiscalizadores, investiguen porqué razón se ha procedido con esta manga tan ancha a favor del influyente sector inmobiliario.

Patricio Herman P. Agrupación «Defendamos la Ciudad»

Fuente: El Mostrador 18 de Mayo de 2007

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