La revolución de los deudores

Dalia Rojas

Una nueva oleada de protestas dejan en claro que son temerarios a la hora de reclamar lo que para ellos es un derecho: sus casas. Acusan lucro y dividendos usureros. Exigen que los pagos no sean superiores al 10 por ciento del sueldo real. En Vivienda responden: “Esas son deudas entre privados”.
Mientras dirigentes de Andha Chile a luchar se paseaban por el centro de Santiago con un ataúd que llevaba escrito el nombre de la ministra de Vivienda, y lo quemaban en la puerta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, otra organización de deudores habitacionales, Andha Chile, se tomaba el Banco Estado, ubicado en calle Bandera con la Alameda. Y aunque fueron acciones y grupos distintos, los une una misma causa: no perder sus viviendas. Dicen que la mesa donde se sentaron a negociar hace seis meses está parada, y que el Gobierno no les ha dado ninguna señal, por eso decidieron salir a las calles a tomar medidas más severas. “Si no nos escuchan vamos a hacer una huelga de hambre, y luego una huelga seca”, amenaza Juana Silva, de Andha Chile a luchar.

Continúa…

Roxana Miranda, de la misma agrupación, increpó a la Presidenta Michelle Bachelet este martes en un acto en Talagante. Ahora explica su postura: “Por el hecho de que son viviendas sociales pedimos que se pague el avalúo fiscal, que el Gobierno considere el avalúo fiscal como pago real de las viviendas. Hay familias que en 10 ó 12 años ya han pagado cuatro o tres casas. Por eso demandamos esto”, dice la dirigente.
También señalan que los dividendos que se pagan son muy altos, a veces llegan a ser la mitad de sus sueldos. Por ello, proponen que los pagos mensuales no superen el 10 por ciento de los sueldos reales, y que se condone la deuda de aquellas familias que por más de 10 años han pagado sus viviendas. Porque “están más que pagadas”.
“Mi casa está pagada con creces”, dice Elizabeth Opazo, quien hace 10 años es deudora habitacional: “Yo no voy a pagar 20 años un dividendo, si las casas están más que pagadas. De aquí a 20 años estaríamos pagando cuatro casas. Mi primer dividendo fue de 40 mil pesos, hoy día estoy pagando 76 mil. Repactar significa pagar lo mismo durante 10 años más”, reclama.
Argumentan, que, contrario a lo señalado por la ministra Poblete, sus casas sí son viviendas sociales. “Ellos quieren atrincherarse en el concepto de que esto es un arreglo entre privados, y eso es absolutamente falso. Aquí todas la viviendas sociales, hasta mil 200 UF y 2.000 UF, están consideradas como viviendas sociales, y por lo tanto el Estado entrega subsidios tanto a los trabajadores como a la empresa privada, pero acá se apoya más al empresariado que las necesidades de la gente”, dice Rubén Césped.

“ES RESPONSABILIDAD DE PRIVADOS”
La ministra de Vivienda Patricia Poblete indica que efectivamente había una mesa de negociación, pero para analizar el problema que tienen los deudores con el Seviu y la banca. “Estas son familias que adquirieron viviendas construidas por el Estado y que calificaban en situación de pobreza. Sus dirigentes agregaron a esta mesa a deudores que adquirieron viviendas en el mercado, contrayendo créditos con la banca privada, tema que no le corresponde al Estado. Por eso la mesa se encuentra congelada, ya que no se puede avanzar con situaciones tan diferentes.
También agrega que las negociaciones con los bancos que se han realizado tienen que ver con la suspensión de remate de viviendas construidas por el Serviu. “Este sí es un tema del Estado y por eso nosotros nos hacemos cargo responsablemente de esas familias. Este es un universo de aproximadamente 15 mil familias (llamadas Serviu-banca)”. Además lamenta la postura de algunos dirigentes que amenazan con medidas más severas, porque “ése no es el camino y pone en riesgo la vida y la salud de la gente en forma irracional”. La titular de Vivienda subrayó que el “Estado no puede concurrir con recursos de todos los chilenos a deudas que adquirieron privados con bancos. Con ese criterio, me pregunto ¿por qué el Estado no tendría también que pagar deudas de salud, servicios básicos, casas comerciales, etc.?”

Aracelli Piña: dirigente de Andha Chile, es soltera, pero tuvo que arrendar su casa en San Bernardo, porque no puede pagar el dividendo. Hoy vive con su mamá. “Queremos que solucionen el problema de fondo, no puede ser que se sigan pagando dividendos usureros y se lucre con la vivienda social”.

Roxana Miranda: 39 años, separada con cuatro hijos. Vive en San Bernardo y es deudora del PET (Programa de Economía del Trabajo), paga 78 mil pesos de dividendo, ya está atrasada en 10 meses. Abona 10 mil pesos mensuales.
“Están rematando las viviendas sociales”.

Juana Silva Muñoz: dirigente de Andha Chile a luchar. “Soy madre de cinco hijos, y me ha costado mucho pagar los dividendos. Estuve dos años sin hacerlo. Estoy enferma, a parte de hipertensión tengo obesidad mórbida. Yo estoy en esta lucha porque esta gente tiene los mismos problemas que tuve yo. Estoy ayudándolos a que se organicen”.

Rubén Césped: dirigente de Andha Chile. Tiene 52 años, tres hijos. Está cesante. Paga 120 mil pesos de dividendo, su deuda total es de 24 millones de pesos. “La ministra se equivoca cuando dice que estas no son viviendas sociales. Tienen el subsidio estatal y una vivienda, por avalúo fiscal, lo es hasta las 1.200 UF, incluso hasta las 2 mil”.

Fuente: La Nación, Viernes 3 de Noviembre de 2006