Nueva ley obligará a inmobiliarias a ceder 5% de terrenos para vivienda social
El ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se encuentra afinando los últimos detalles del proyecto de ley que garantizará suelo urbano para la construcción de viviendas sociales. Una iniciativa que será enviada la próxima semana al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para su visto bueno, antes del despacho al Congreso, y que promete un largo y duro debate con el sector inmobiliario y de la construcción.
por Alex Farfán L.
Fuentes ligadas al proceso adelantaron que la propuesta del Ejecutivo, destinada a terminar con la segregación de los sectores más pobres a los extramuros de la ciudad, supone dos ejes centrales: el primero es que todos los nuevos emprendimientos inmobiliarios que aborden las empresas deberán entregar un 5% de la superficie total del proyecto para la construcción de viviendas sociales o, en su defecto, pagar el valor equivalente a esa superficie. El segundo tema de relevancia está destinado a atacar los vicios en que incurren algunos municipios que en sus planos reguladores bajan la densidad de sus comunas para impedir, entre otras cosas, la construcción de viviendas sociales de superficies más pequeñas y con más habitantes. Las comunas de sectores acomodados, como Providencia y Las Condes, han utilizado este instrumento como estrategia para evitar la construcción de casas y departamentos económicos en sus barrios. “El objetivo no es generar terreno de vivienda social porque sí, no es un fondo para sólo comprar terrenos, sino que busca generar un mecanismo para asegurar que las viviendas sociales estén donde las personas las demandan. El proyecto, aunque tiene incidencia en la generación de suelo, tiene que ver con la integración”, sostiene una fuente. Segregación social El ministerio de Vivienda llegó a estas conclusiones centrales tomando en consideración y desechando la opinión de diversos expertos en desarrollo urbano e integración social que forman parte del comité asesor de la ministra Patricia Poblete, entre los que se cuentan representantes de gremios empresariales, centros de estudio y académicos. La misma fuente explica que el fin central del proyecto es corregir y mejorar las condiciones de integración de la vivienda social dentro de la ciudad, situación que hasta ahora no se ha corregido y que tiene impactos en el desarrollo del país, sobre todo por la creciente conflictividad que genera la segregación social. El hecho de exigir que el 5% de la superficie se entregue para viviendas sociales supone asimilar los criterios que existen en el sector inmobiliario para asignar superficies destinadas al equipamiento de los barrios y que hoy representan el 4% de los terrenos. Estos cambios que modificarán la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) también consideran el incentivo para que los municipios impulsen el cambio en el uso del suelo con fines habitacionales de aquellos sectores en que la actividad industrial no se desarrolló o se extinguió. Un ejemplo de ello en Santiago es el sector industrial de Carlos Valdovinos con Vicuña Mackenna, en la comuna de San Joaquín. Una vez que la propuesta sea conocida por los parlamentarios comenzará a realizarse un debate sobre la materia que promete tensionar las relaciones entre el gobierno y el mundo privado.
Fuente: El Diario Financiero 02-11-2006