Cómo se logró disminuir la pobreza en el país
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por SORAYA RODRÍGUEZ
Aunque las cifras que manejaba la oposición de los 90 eran superiores, según datos de la propia dictadura, al dejar el poder, un 38,6% de los chilenos eran pobres y de ellos un 13% indigentes.
La metodología para medir el nivel de pobreza según el ingreso es producto del régimen militar, que a mediados de los 80 puso en operación la Encuesta de Caracterización Económica (Casen), hoy tan cuestionada por la derecha.
Desde el 90 al 2000 la pobreza bajó de 38 a 26,5%, pero la disminución de la indigencia fue menor, el 94 estaba en 7,6% y desde el 96 se estancó en 5,6%. Surgió entonces la necesidad política de revertir la situación.
El comienzo
En diciembre de 1999, en la campaña presidencial de Ricardo Lagos, se realizó una cena de Navidad para los indigentes de Santiago, un hito que marcaría uno de los objetivos del ahora ex Presidente.
Tras asumir, Lagos encomendó a dos equipos, economistas y sociólogos, trabajar un programa para combatir la extrema pobreza. Lo hicieron en paralelo y confrontaron sus propuestas.
Los economistas propusieron fijar un subsidio a las familias pobres, ya identificadas. Con esa fórmula bajaba la indigencia, pero subía la pobreza. Además se condenaría a las familias identificadas a ser pobres, porque una persona con pocos recursos y varios hijos, no logra educarlos, ni tiene posibilidades de desarrollo.
Los sociólogos propusieron un programa que fijara condiciones mínimas de lo que el Estado estaba dispuesto a entregar a su gente sólo por haber nacido aquí. Así partió Chile Solidario.
Se buscó mejorar la accesibilidad de los más necesitados a la oferta pública de ayuda y para eso se creó el Programa Puente.
Lo primero era saber cuántas personas eran extremadamente pobres y dónde estaban. El Puente tomó los resultados de la Casen (ingresos) y los cruzó con la información de las fichas CAS (condiciones de vida), y a diciembre de 2000 se tenían los datos de 200 mil familias que atender. Eso evitó la manipulación de beneficiarios y se despolitizó la entrada al programa, una vez que se inició el 2002.
Todas las familias recibirían una intervención integral e intersectorial y tendrían derecho a la oferta pública que necesitaran, de manera complementaria e inmediata.
El Puente trabajó con ‘apoyos familiares’, personal que recogía la información en las casa y formulaba un plan para cada familia, para hacer las derivaciones a la red.
Se planteó que el rol del ‘apoyo familiar’ duraría tres años y después seguirían otros beneficios por dos años más para luego medir los resultados.
Se fijaron siete componentes mínimos: identificación; salud, educación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo e ingresos.
Identificación: Se detectó a 1.200 personas sin existencia legal; 80 mil sin carné y un10% de familias sin ficha CAS al día, todos elementos indispensables para acceder a la red.
Salud: Se incorporaron 12 mil personas al sistema y se hicieron 38 mil papanicolau en 3 años.
Habitabilidad: Se establecieron mecanismos de resolución de conflictos y 25 mil personas pasaron por programas de autocuidado. Se incorporó la vivienda precaria como componente, y que cada casa tuviera al menos dos piezas, con número de camas adecuado.
Fueron 2.500 los apoyos familiares, a cargo de un funcionario designado por cada municipio, y se basó sus resultados en cómo le va a la familia.
Se estimaba que un 30% de las familias no alcanzarían la resilencia esperada, pero los monitoreos de satisfacción de usuarios de Adimark, de 2003, 2004 y 2005, mostraron que sólo fue un 10%. El 87% de las familias le puso al programa Puente una nota entre el 6 y el 7.
Aún queda mucho por hacer
La democracia recibió a Chile con casi cinco millones de pobres, el 38,6 por ciento de la población. Hoy, casi la mitad de esos chilenos ha dejado esa condición, usando los mismos indicadores para ambos momentos. Cuesta creer ese avance, porque el país forma parte históricamente de las naciones en vías de desarrollo. Justamente, son los organismos que establecen esas clasificaciones, como Naciones Unidas a través de su representante económico en América Latina, la Cepal, quienes han validado estas cifras que ahora se cuestionan por la oposición.
El Programa Puente, ideado durante la administración Lagos, está en el centro de la polémica. Aquí entregamos las cifras de satisfacción de sus usuarios. Ellas demuestran que aún queda mucho por hacer y que debatir. Una de esas discusiones es si corresponde que el Estado entregue a la Iglesia Católica sus programas de superación de la pobreza, como plantea la UDI.
Fuente: La Nacion Lunes 25 de junio de 2007