Casas Copeva

El millonario error de la Ministra de Vivienda
Decisión de demoler mil 400 viviendas sociales, luego de invertir más de 12 millones de dólares en su reparación, implicará un costo total para el Estado cercano a los 20 mil millones de pesos. ¿En qué aspectos técnicos fundamentó su orden la ministra Patricia Poblete? Funcionarios del Minvu y del Serviu atónitos ante una medida que no comparten y que no se les consultó. ¿Por qué destruir viviendas en buen estado si más de 500 mil chilenos no tienen una?

Por Equipo El Periodista
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Fuente: El Periodista 24 de noviembre de 2006

Sume: en 1997 se decidió por dos ministros consecutivos. Claudio Orrego y Jaime Ravinet, darle una salida digna a los habitantes de la llamada Villa El Volcán 2 de Puente Alto, moradores de las mil 708 viviendas tristemente conocidas como casas Copeva o Nylon, luego de estudiarse acuciosa y técnicamente varias posibilidades de solución.

La primera, era cambiar su casa por una nueva Serviu pagando la diferencia de precio; la segunda, recibir un certificado de crédito por un monto igual al capital pagado, más un aporte subsidiado de 80 unidades de fomento como pago por su vivienda, para comprar otra en el sector privado y, la tercera, era entregar la unidad al Serviu para someterla a reparaciones integrales y, una vez concluidas las obras, retornar a misma -u otra del conjunto- sin costo adicional.
Las opciones eran irse o quedarse. Muchos, la mayoría, optaron por lo último. Se quedaron.
La ejecución de este plan consideraba un periodo total de 6 años y se repararía la totalidad de los edificios. Cumplido el plazo, con un gasto promedio de 250 unidades de fomento por vivienda, las cifras dicen que de las mil 708 casas, sólo 16 no aceptaron ser reparadas; 204 se demolieron para ampliar los espacios comunes y mil 392 fueron virtualmente rehechas y entregadas, invirtiéndose en ellas la friolera de más de 12 millones de dólares. De aquí al 31 de diciembre otras 72 casas deben ser entregadas a sus propietarios después de ser remodeladas.
¿Qué se les hizo? Prácticamente todo. El Serviu intervino los edificios para darle mayor habitabilidad, mejoró las especificaciones técnicas de terminaciones y rediseñó la capacidad resistente.
Las otrora casas Copeva hoy, tienen mejor estándar e calidad, un diseño estructural adecuado a las nuevas normativas y son más grandes. Todo ello gracias al Plan Piloto de Movilidad Habitacional que puso en marcha Orrego en el 2000, apenas asumió Ricardo Lagos. Pero no sólo eso.

LA LLUVIA DE 1997
En tres días cayeron los milímetros de agua que habitualmente precipitan en un mes. El conjunto El Volcán 2, además, sufrió un viento de acción horizontal típico del Cajón del Maipo, conocido como Raco, que mojó las viviendas por todos sus costados, provocando un drama humano que impactó a la mayoría de los chilenos.
Las soluciones parche, cubrir las casas con nylon, sólo aumentó el problema y lo dejó aún más al descubierto.
Se trataba de casas construidas de acuerdo al programa de Viviendas Básicas, tipología C, en copropiedad con 24 departamentos por bloque, de aproximadamente 40 metros cuadrados en tres pisos y que fueron levantadas, algunas por mandato de Serviu y otras por empresas privadas, con subsidio del Estado, entre 1994 y 1995.
La primera reacción, apenas el temporal terminó y los nylon se retiraron, fue implementar diversas medidas para reparar las viviendas dañadas, mejorar los edificios y especificaciones técnicas, con el fin de resolver las carencias que provocaron las fallas.
Se trataron los muros exteriores, se puso techumbre sobre las escaleras, canales y bajadas de aguas lluvias. Se trabajó en el terreno y se crearon plazas, un colegio y un consultorio. Pero no fue suficiente. El problema era mayor, y requería entonces, cirugía verdadera. La cubierta, en la techumbre, era defectuosa y los traslados de los planchas eran cortos. El tratamiento de protección contra el agua de los muros era insuficiente y la losa del piso, en todas las viviendas, estaba deformada al centro. Problemas estructurales. Por ello, Copeva, la constructora que hoy se llama PY, deberá pagar una indemnización al Estado cuando termine el proceso de 1997 y que, de acuerdo a estimaciones, podría llegar a los 3 millones de dólares.
«Las construcciones estaban mal hechas y sus terminaciones eran peores, además, por ser viviendas básicas, los artefactos eran primarios: por ejemplo, en el baño, la ducha tenía un receptáculo de pizarreño, poco profundo y gris. El acumulador era un estanque de pizarreño, daba la impresión que se pasaba y además humedecía la pared. El lavamanos era una budinera, un lavamúltiple, que se abría una llave y salpicaba agua para todos lados. La red de cañería era plástica», señala una fuente del Serviu. y agrega: «el reclamo de la gente tenía que ver con las fallas que mostraron los temporales, pero especialmente, por la insatisfacción por la mala calidad de las terminaciones y artefactos».
Había que entrar a picar. De ahí la necesidad de llegar a un acuerdo con los moradores de cada una de las mil 708 viviendas, porque las reformas implicaban destruir al menos el 40 por ciento de la casa para hacer las cosas desde la estructura.
El programa consideró procesos informados, democráticos, con acompañamiento social y monitoreo de todas las etapas para la gestión total del mismo. Comprendió, además, equipos técnicos y sociales, encargados de la movilidad, los que se instalaron en terreno para la ejecución y desarrollo del Plan. Nada se dejó al azar. «El acuerdo les ofrecía tres posibilidades: cambiarlo, dejarlo o repararlo. El proceso de reparaciones, cuando se elabora como proyecto, involucra la vivienda y el entorno. Luego queda solo en el edificio. Parte constructiva, estructural y arquitectónica. Se trata de reparar todo lo que fallaba. Se cambia la techumbre por cubierta metálica (zinc-aluminio), las ventanas por correderas, cañerías de cobre. Se cambió el comportamiento estructural de la vivienda», recuerda un miembro de estos equipos y que, dice, tuvo que hacer «canuteo» para convencer a los pobladores de hacerlas, porque ellos desconfiaban de las soluciones. De hecho, 16 familias no aceptaron reparación alguna en sus 40 metros cuadrados.
La llegada de Ravinet al Minvu significó la continuidad del plan de Orrego, potenciado, al que se le incluyó el cambio total de la techumbre.
Entre mayo y junio de 2001, el Dictuc, investigó y ensayó las condiciones resistentes de edificios similares en una población de Quilicura, el que detectó más fallas y obligó a realizar un refuerzo estructural a las viviendas, el que se llevó a cabo en todas las unidades de El Volcán. Las nuevas estructuras entonces, quedaron con las condiciones que impuso el terremoto de 1985 y que no regían en 1994. Incluso. la Controlaría General de la República preguntó por qué estas casas recibían, por parte del Estado, un trato que la ley no obligaba. «Si hay un terremoto, lo mejor es ir a El Volcán 2», dice un constructor que participó de las reparaciones.
El entorno, mientras tanto, también varió. Según un informe reservado, al que accedió El Periodista, se realizaron demolición de terceros pisos en sectores críticos, con delincuencia y tugurización, para aumentar espacialidad y disminuir el hacinamiento. En total, se han demolido 204 viviendas. En el espacio que quedó se levanta un jardín infantil, se amplió el colegio para la jornada completa, creció el consultorio y existe un centro cívico.
Hoy, a seis años del Plan, cuando resta sólo 72 viviendas por entregar, irrumpe la ministra Patricia Poblete.

QUÉ HACER.

Hacia tiempo que los equipos técnicos estaban listos para demoler 4 edificios con 48 viviendas que, desde hacia meses, estaban abandonados, destruidos y se habían convertido en un problema para los vecinos.
Problemas de agenda de la ministra Pobrete, retrasaron la medida y ésta recién se llevó a efecto en septiembre ante la presencia de ella, la diputada Isabel Allende, y el alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, entre otras autoridades.
Dos semanas antes, el edil había dicho en El Mercurio que lo mejor sería demoler todo el conjunto. La ministra, si bien no lo afirmó tan claro, prácticamente lo dio a entender, cuando dijo que «aquí ha habido un error; lo tenemos que asumir y lo enfrentamos de cara al país; de cara a la gente, pero sobre todo con la gente», agregando que si había que demoler, se hacía.
Ossandon aprovechó el pase: «Estamos muy contentos porque se ha enfrentado un problema histórico. Esto es un trabajo coordinado entre el Ministerio de Vivienda y el Municipio. Va a entregar lo dignidad que se merecen estas familias para vivir en un verdadero hogar». La reunión terminó con vítores a la ministra y al alcalde. Escalofrio hubo en el Serviu
Pobrete, además, calificó a El Volcán como un barrio «emblemático» y que con la demolición de estos edificios, iniciaba uno nueva etapa, en un trabajo con la gente para emplazar en el lugar, un barrio con dignidad. Garantizó, asimismo, que este tipo de poblaciones no volverá a construirse, ya que «la nueva política habitacional es amigable, invita a hacer poblaciones pequeñas, insertas en barrios, en ciudades y sin segregación y que también llama a la calidad y a la integración social».
El problema es que para eso, hay que trabajar mucho. Casi 7 mil personas viven hoy en El Volcán, en viviendas muy bien arregladas, por las que algunas personas sin casa en Puente Alto amenazaron con cortarse las venas este año cuando se enteraron que podían destinarse a pobladores de la toma de Peñalolén.
Nuevas casas, en barrios de 150 familias, no serán realidad para los habitantes de El Volcán antes de 2 años, y sólo si el Estado está dispuesto a desembolsar otros 26 millones de dólares a los 12 que ya gastó en reparaciones. Sin contar el precio de los departamentos, 250 UF cada uno, que nunca fueron pagados por los problemas que presentaron las viviendas en el 2007.
«Dónde ubicar mil 500 viviendas», se pregunta un experto del Serviu. Para él la solución no es demoler sino reasignar porque, además, cree que la gente de El Volcán no entregará su vivienda sino que la traspasará a una familiar cuando se asegure la otra. «La gente aprendió que el inconformismo es rentable. Más de la mitad no estaba antes de los temporales y estaba conforme con su casa y los arreglos, hasta que le preguntaron si quería ir a vivir a una casa más digna. ¿Quién dice que no a ello?», se pregunta.
Antes del 31 de diciembre se deben entregar 72 casas. En estos dos meses… ¿qué deben hacer los equipos que trabajan en El Volcán, seguir reparando unas viviendas que serán demolidas o dejarlas cómo están sin cumplir con el compromiso asumido con esas familias el año 2000?

Más de 100 mil chilenos en la Región Metropolitana y otros 400 mil en todo el país, esperan una casa propia. Si El Volcán no es digno, menos lo son los campamentos o las tomas.
Este reportaje, junto con el texto, muestra las fotos de cómo quedaron las casas de El Volcán 2 tras los arreglos… ¿Hay que demolerlas?
¿Sabrá Hacienda cuánto le cuesta el millonario error de la ministro de Vivienda?
Sume: 12 millones de dólares en reparaciones, otros 26 en las casas nuevas y agréguele los 250 UF por cada uno de los mil 708 departamentos que nunca fueron pagados. Puede restarle el valor del terreno, unas 80 mil UF y lo que Copeva le devuelva al Estado, otras 100 mil UF.
¿Demoler es gratis? Cuesta 90 mil UF derribar las mil 464 casas que hoy están en pie, refaccionadas y a prueba de un terremoto como el del 85.