IVA en la construcción: sana decisión

El gobierno al fin ha decidido limitar el subsidio tributario del que dispone el influyente sector inmobiliario y por el cual las empresas constructoras descuentan 65% del IVA.


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Esta gravitante franquicia se ha mantenido para las viviendas de hasta 2 mil unidades de fomento (UF) y reducido de modo gradual para todas las que se enmarcan en tal valor con un tope de 4 mil UF: es decir, toda casa o departamento nuevo que se venda a precios superiores a este monto se verá afecto al pago de IVA, tributo que tienen el resto de los bienes y servicios transados en el mercado.

Por Patricio Herman P.

Debemos recordar que las utilidades del sector son altísimas y por ello todos quienes disponen de capitales en exceso ingresan a él.

Las asociaciones gremiales empresariales interesadas pusieron el grito en el cielo, y sus mediáticos dirigentes afirmaron que con la medida se daña a la clase media porque existirá un incremento en el precio de venta de las viviendas y este sector socioeconómico sufrirá un bajón en sus expectativas de crecimiento.

Un ingenioso actor de la industria dijo en un medio de prensa que “hoy 75% de las familias chilenas tienen vivienda, es decir, la franquicia es una ventaja ya incorporada a su patrimonio.

Los grandes perjudicados serán 25% que no tienen viviendas, no los que puedan pagar” (sic). Pretendió argumentar que esta sana modificación tributaria está orientada a favorecer a los ricos. Suponemos que algunos desinformados le creyeron a ese vocero, quien sí sabe de malabares con el uso de las frases.

En todo caso y para que el mercado de la vivienda funcione de modo adecuado, lo deseable sería terminar en un plazo prudente con esta exención del IVA en todas las viviendas, sin importar su precio, pero estableciendo bonificaciones diferenciadas sólo para compradores de unidades de hasta 4 mil UF.

Para que haya justicia social y redistribución de verdad esta ayuda a la demanda debiera ser para quienes no sean rentistas, es decir, tendrían derecho a ella, y por una sola vez, los que vivan en sus propias casas.

Hoy, 1% de la población, mediante sociedades de inversión o de otro tipo, dispone de decenas y en ciertos casos de centenas de viviendas de lujo que no pagan IVA, algo vergonzoso y si alguien pone en duda este aserto, que vaya al INE y revise las cifras.

Si el Gobierno pone en práctica esta propuesta se le simplificaría enormemente la labor de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos (SII) y se terminaría con el comercio irregular de facturas emitidas por quienes venden insumos de construcción para que otros aprovechen el descuento del IVA, fraude muy conocido y tolerado, porque su control es difícil.

Las franquicias deben focalizarse para ayudar a los más pobres y vulnerables, en ningún caso para seguir enriqueciendo a quienes lucran de manera desmedida con el negocio inmobiliario.

También sería deseable terminar con la figura de las “viviendas económicas” DFL2, porque ello distorsiona la correcta asignación de recursos en una economía de libre mercado.

Bajo su amparo se han cometido infinidad de trampas, conocidas por las direcciones de obras municipales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las organizaciones mercantiles de la construcción, que han generado millonarias evasiones tributarias, de las que también sabe el SII, institución que malgasta valiosos recursos humanos en la ingrata tarea de verificar ampliaciones ilegales de este tipo de viviendas.

Y aunque el lector no lo crea, en muchos casos cuando detecta los ardides y decide eliminar las franquicias de esos DFL2, los seremis sectoriales avalan a los infractores, estableciéndose la impunidad más absoluta.

Con lo que se ha hecho ahora se ha dado un paso, aunque tímido, pero a pesar de ello lo valoramos en su justa dimensión.

Fuente: La Nación Viernes 7 de marzo de 2008

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