Fiscalía registra fuerte aumento de “ocupaciones” desde que Conadi disminuyó la compra de tierras para comunidades mapuche

Por Ana Rodríguez

Fuente: CIPER 03/11/2021

En 2018 la Conadi ejecutó casi $67 mil millones en compras de tierras para comunidades mapuche que acreditaron tener títulos válidos para reclamar esas propiedades. En 2020 la cifra llegó a solo $5,7 mil millones y en lo que va de 2021 la suma alcanza a $10,6 mil millones. Las cifras de las fiscalías regionales de La Araucanía y Biobío muestran que en el mismo periodo se dispararon las “ocupaciones” de predios. En La Araucanía las denuncias por usurpación de tierras pasaron de 19 en todo 2018 a 103 solo en los primeros cinco meses de este año. En tanto, en Biobío aumentaron de 124 en 2018 a 265 en 2020.

En 2017 la comunidad Soto Calfuqueo (Nueva Imperial, Región de la Araucanía) recibió una noticia que esperó por décadas. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) le comunicó la “aplicabilidad” de su solicitud para la compra del fundo aledaño -hoy en manos de Forestal Mininco- que los comuneros reclamaban como propio y usurpado. Es decir, la Conadi certificó que la comunidad cumplía con la documentación y requerimientos necesarios para que el Estado reconociera que esas 520 hectáreas eran tierras indígenas que debían ser devueltas a sus legítimos dueños. Esa devolución se haría a través del mecanismo definido en la Ley Indígena: la Conadi debía comprar el predio, con recursos públicos, para cederlo a la comunidad.

En los siguientes cuatro años la alegría se enfrió. Nunca más supieron del avance del trámite.

-Desde ahí no hemos tenido ninguna respuesta sobre la fecha de compra, nada. Nunca vino alguien de la Conadi a decirnos “vamos a solucionar de alguna manera”, jamás-, contó a CIPER el dirigente de los comuneros, Alfredo Llafquen Huilipan.

Desde 2017 la comunidad comenzó a participar en las reuniones de la Comisión de Política Forestal de la Conadi, en busca de soluciones. “Ahí la Conadi se comprometió a solucionar el problema dentro de cuatro años. Y ya vamos para el último y no se le ha comprado terrenos a nadie. No cumplen la palabra y tampoco lo que se acuerda en la comisión”, alega Llafquen.

En febrero de este año, ante el nulo avance del proceso de compra, la comunidad decidió «ocupar» el terreno e intervenir los caminos durante una semana. La situación de la comunidad Soto Calfuqueo, compuesta por 56 socios y unas 34 familias, ejemplifica una tendencia que se ha evidenciado en los últimos tres años: comunidades mapuche que no estaban movilizadas, han comenzado a ocupar los terrenos que demandan, ante la fuerte caída en las compras de terrenos por parte de la Conadi.

Según datos de la Fiscalía de la Araucanía, las denuncias por usurpación de terrenos aumentaron de 19 en 2018 a 124 en 2019 y 93 en 2020, y a mayo de este año ya se registraban 103 casos. Los registros de la Fiscalía del Biobío, en tanto, indican que las denuncias por la misma causa aumentaron de 124 en 2018 a 265 en 2020, y a octubre de este año ya sumaban 176.

El incremento de las “ocupaciones” coincide con una importante merma en la compra de tierras por parte de la Conadi para cederlas a comunidades que ya cuentan con la “aplicabilidad”. Aunque no se puede asegurar que la baja en la adquisición de predios es el factor principal para el fuerte aumento de las “ocupaciones”, hay al menos una correlación significativa.

En los últimos tres años, el presupuesto ejecutado por el Fondo de Tierras y Aguas de Conadi, para la adquisición de terrenos y su posterior traspaso a comunidades mapuche, bajó sustantivamente. De ejecutarse más de $61,9 mil millones en 2017 y sobre $66,9 mil millones en 2018, en 2019 la ejecución presupuestaria en este ítem se redujo a poco más de $35,2 mil millones. En 2020 la baja se amplió de manera drástica: se ejecutaron apenas $5,7 mil millones. Para este año, la Conadi informa que ya se han ejecutado $10,6 mil millones para la compra de tierras.

La brusca reducción de 2020 se explica en la Conadi por la reasignación de fondos para enfrentar la emergencia de la pandemia de Covid.

Mientras se producía esta fuerte contracción en la compra de tierras para comunidades, los datos del Ministerio Público muestran que las ocupaciones de predios se fueron extendiendo a comunas que no formaban parte de las zonas con mayor conflictividad. Hasta mayo de 2021 el delito de usurpación de terrenos en La Araucanía se dio con más frecuencia en la provincia de Cautín, principalmente en las comunas de Lautaro (34 denuncias) y Nueva Imperial (23). A esos municipios se han sumado comunas como Galvarino, Padre de las Casas y Cholchol, entre otras.

En Biobío las comunas donde más aumentó este tipo de denuncias fueron Arauco, pasando de ocho en 2018 a 34 en 2020; Cañete, con seis y 34 en los mismos años; Tirúa, con cuatro en 2018 y que, en lo que va de este año, ya suma 19. Y en Los Álamos aumentaron de 11 en 2018 a 44 en 2020.

LIBERTAD DE ACCIÓN

La merma en los recursos para la adquisición de tierras para comunidades indígenas y su eventual efecto en el aumento de las “ocupaciones” ha sido destacada por los consejeros de la Conadi que participan en la Comisión de Política Forestal de la entidad, que agrupa a representantes del rubro forestal, de comunidades y de entidades públicas. Estos consejeros Alegan que se han retrasado los procesos de compra “en concordancia con las ideas del gobierno”, pese a que desde 2018 cuentan con un oficio donde se enumeran las comunidades en proceso de reclamación de terrenos que están en manos de empresas forestales.

En una de las últimas actas de las reuniones de la Comisión de Política Forestal de Conadi, realizada en enero de este año, el presidente de esa instancia, el consejero Marcial Colin, dejó plasmada su opinión: “Las comunidades indígenas debieran realizar la ocupación de las tierras demandadas, como una forma de presionar la compra de predios”. Similar fue la postura del consejero Iván Carilao, recogida en la misma acta: “La Conadi no realiza la compra de predios a pesar de tener la voluntad de las empresas forestales, lo cual es responsabilidad de los directivos de la Conadi y de las autoridades de Gobierno. Finalmente, comenta que el descontento por la ‘inoperancia’ genera que las comunidades se manifiesten en su legítimo derecho”.

El consejero de la Conadi y representante del pueblo rapanui, Rafael Tuki, aseguró en esa sesión que la falta de ejecución presupuestaria del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la Conadi “ha promovido la violencia en los territorios del sur de Chile”.

José Millalen, consejero de la Conadi, aseguró a CIPER:

-Lo que hemos visto en este gobierno es una sistemática y permanente disminución del presupuesto de compra de tierras. Hemos visto, además, que estos menores recursos destinados al fondo de tierras, no se han ejecutado para eso. La excusa es la pandemia. Es la peor ejecución presupuestaria que ha tenido el fondo de tierras desde su vigencia (…). Lo que hemos manifestado a Conadi es la poca voluntad política que vemos en aplicar la ley para la devolución de tierras. Eso, en un contexto de conflicto permanente en el territorio mapuche, que tiene su raíz en el tema de tierras, lo que genera una mayor conflictividad. Las comunidades se ven obligadas a operar a través de la acción directa.

Actualmente, hay 500 comunidades con “aplicabilidad”, señaló el consejero Iván Carilao, aunque no hay registros sobre cuántas de ellas están movilizadas. Una vez informada la aplicabilidad a una comunidad, se da por superado el proceso de evaluación y se empieza el de compra, algo que, según Carilao, depende de una acción del ejecutivo de la Conadi: “Esa lista de espera debería empezar a correr, pero no lo han hecho y ahí uno ve que hay una intencionalidad de no querer comprar”.

Carilao sostiene que la Conadi incurre en una práctica arbitraria al “destinar a otros propósitos los recursos para la compra de tierras”. Asegura que a fines de 2019 desde estos fondos se reasignaron unos $25 mil millones a proyectos de riego y que en 2020 alrededor de $40 mil millones fueron redestinados para la mitigación de la pandemia: “Se supone que invirtieron en insumos, alimentación, cosas de prevención, pero todo eso fue inconsulto. Destinaron y posteriormente informaron (a los consejeros de la Conadi) lo que se había hecho”.

Desde hace tres años, dijo Carilao, “se está despreciando un consejo que por ley tiene facultades y está dentro de la Ley Indígena. Esa actitud es a nuestro juicio arbitraria, racista y, por cierto, sin ningún apego a lo que la propia ley les mandata”.

José Millalen explicó que, en su rol de consejeros, comenzaron a trabajar con comunidades que tienen demandas territoriales y que han acudido a la Conadi: “Les indicamos cuál era el camino para llegar a la aplicabilidad de sus terrenos y así la Conadi empezó a recibir sus carpetas. Les decíamos ‘una vez terminado este proceso, ustedes van a pasar a compra’.

El consejero agrega que, en vista de que los procesos no avanzaban, “y cuando empezamos a ver que Conadi estaba haciendo prácticamente oídos sordos a las decisiones que se estaban tomando dentro de la comisión, nosotros dijimos que no nos podemos hacer responsables de lo que pase de aquí en adelante. Dejamos en libertad de acción a nuestras comunidades: ‘si ustedes quieren tomarse, recuperar, hacer ocupaciones productivas, están en su absoluta libertad, porque no es que no se les haya acompañado, es un tema de mala disposición o mala voluntad del gobierno de turno’”.

Tal fue el caso de la comunidad Soto Calfuqueo, que desde los años 90 comenzó a reclamar la recuperación del predio San Luis. Si bien en esa época las diligencias no prosperaron, Alfredo Llafquen cuenta que en 2014 retomaron los trámites y lograron recopilar la documentación y antecedentes necesarios para la postulación al Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi.

Llafquen contó a CIPER que “todas las exigencias que pide Conadi para cerrar la carpeta, las hicimos de manera particular. Hay un montón de exigencias: medición, historial de las tierras, traer un antropólogo. Todo lo hicimos por nuestra cuenta. Un arqueólogo encontró en el campo muchos sitios de valor cultural”.

Según Llafquen, actualmente tienen mayor acercamiento con los dueños de la Forestal Mininco que con Conadi: “Han venido dos veces a reunirse con nosotros, porque les afecta nuestra movilización, pero nos han manifestado que están dispuestos a la venta. Ellos están en condiciones de devolver el campo. La gran traba que tenemos es la Conadi, lamentablemente”-

El terreno, dijo el dirigente, años atrás era en un 90% cultivable -muchos miembros de la comunidad trabajaron ahí en faenas agrícolas-, pero hoy es completamente forestal: “Como comunidad decidimos que nadie iba a prestar servicios ni recibir ayudas de la forestal, porque no queremos compromisos con ellos más que la entrega de la tierra”.

Para el consejero Millalen, el aumento de las “ocupaciones” en medio de la drástica disminución de compra de tierras por parte de la Conadi, es una “explosión sin comparación. No ha habido otro momento histórico post dictadura donde se haya dado un proceso tan amplio de recuperación de tierras. Hoy son muchas más y más masivas. Participan ancianos, mujeres, niños, familias completas, en los procesos de ocupación de los predios”.