Denunciante de proyectos inmobiliarios de lujo en áreas de preservación: “Es un sinsentido que se tramiten en el SEIA pues ya son ilegales”
Por Joaquín Riffo B.
Fuente: Interferencia.cl 11/10/2022
Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, manifestó su desacuerdo con la recomendación de la Superintendencia de Medio Ambiente de que estos proyectos pasen por el conducto regular para ser evaluados ambientalmente, al estar fuera de lo considerado por la legislación vigente, y teniendo en cuenta la querella del CDE que pesa sobre ellos.
En enero de este año, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ordenó la evaluación ambiental de Chaguay, uno de los controvertidos proyectos inmobiliarios en áreas de preservación ecológica en el territorio de Colina y Lo Barnechea, lo cual fue considerado como un precedente en estas materias, al quedar en el limbo el resto de las otras iniciativas de construcción si es que la resolución no era favorable.
La fiscalización a dicho proyecto –ligado al grupo Ebco del empresario Hernán Besomi y por el que el ex senador Pablo Longueira ha hecho lobby en el pasado– en efecto no fue la única acción que tomó el organismo fiscalizador durante estos meses.
Durante la semana pasada, la Superintendencia también instó a los proyectos Mirador Pie Andino, Hacienda Guay Guay y La Cumbre, todos ubicados en la comuna de Colina, a seguir el conducto regular que contempla una evaluación ambiental para continuar sus faenas.
“En estos casos, hemos iniciado un procedimiento de requerimiento de ingreso al SEIA justamente por estimarse que hay una elusión al sistema ambiental”, explicó el superintendente del Medio Ambiente (s) Emanuel Ibarra, según consignó El Mostrador.
Dichos proyectos, al igual que Chaguay, están ligados a importantes nombres y familias de empresarios, entre los que se cuentan nombres como Gabriela Luksic, hermana de Andrónico; Vittorio Corbo Urzúa, hijo homónimo del expresidente del Banco Central y cotizado asesor y director de grandes empresas; Diego Errázuriz Zañartu, hijo de Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); y José Luis Délano, hijo del empresario Carlos «Choclo» Délano –familia dueña del proyecto minero Dominga y controladora del cuestionado grupo Penta– (ver artículos de INTERFERENCIA “Chicureo: los empresarios tras el proyecto inmobiliario ilegal en zona de preservación ecológica” y “Las ventas ilegales de predios en Chicureo que realizaron influyentes empresarios inmobiliarios”)
Durante la semana pasada, la Superintendencia también instó a los proyectos Mirador Pie Andino, Hacienda Guay Guay y La Cumbre, todos ubicados en la comuna de Colina, a seguir el conducto regular que contempla una evaluación ambiental para continuar sus faenas.
Sobre estos cuatro proyectos pesa una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado por daños a los sitios, al medio ambiente y por construir al margen del plan regulador, la que también considera la afectación de al menos dos de 14 sitios arqueológicos que se encuentran en la zona. A dicha medida también se sumó la Seremi Minvu RM.
La aparición en prensa de estas denuncias, junto con las acciones judiciales que levantaron distintos organismos, puso la tensión sobre los proyectos durante los últimos meses. En esa línea, INTERFERENCIA dio a conocer un recurso en contra del condominio ilegal del hijo de Vittorio Corbo en Chicureo por impedir acceso a parcela con guardias armados y los correos electrónicos con los que el propio Corbo intentó convencer a los vecinos de Guay Guay de que era viable su proyecto ubicado en una área de preservación ecológica.
Reacciones de los denunciantes
Tras enterarse de la decisión de la Superintendencia, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, manifestó su desacuerdo con la medida, pues a su juicio “el error principal es referirse al ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de este tipo de proyectos que están destruyendo el bosque esclerófilo sobre la cota mil en Colina y en Lo Barnechea, porque los proyectos inmobiliarios en estas zonas rurales -además protegidas en el PRMS- no son posibles. Es algo elemental”.
Al respecto, Herman sostiene que “razonablemente, estimamos que el error cometido por la SMA se debe a que, en esas áreas de preservación ecológica, regidas por el artículo 8.3.1.1 del PRMS, sí se permiten ciertas y acotadas actividades, las que deben contar con un Estudio de Impacto Ambiental para que se realicen, no siendo posible los loteos de conjuntos inmobiliarios residenciales. Tal servicio ambiental presuntamente asoció esta disposición para las actividades productivas no admitidas en el ordenamiento normativo urbano, vigente en esta saturada región metropolitana de Santiago”.
En esa línea, el denunciante concluyó que “si fuera efectivo lo que dice la SMA, estos proyectos inmobiliarios no admitidos en las áreas de preservación ecológica del PRMS, se podrían tramitar en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), lo que es un total sinsentido”.
Por su parte, Gonzalo Prieto, fundador de Patagonia Sin Represas y uno de los vecinos de Colina denunciantes del impacto de los proyectos inmobiliarios en el área protegida, opinó que “si uno fuese muy purista, la lógica sería que no deberían siquiera poder evaluarte. Pero eso no está en la jurisprudencia chilena, aunque obviamente que en proyectos de esta naturaleza lo más lógico sería que te devolvieran los documentos con un término anticipado”.
“Si fuera efectivo lo que dice la SMA, estos proyectos inmobiliarios no admitidos en las áreas de preservación ecológica del PRMS, se podrían tramitar en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), lo que es un total sinsentido”, sostiene Patricio Herman de Defendamos la Ciudad.
Junto con destacar la gestión que ha llevado a cabo la Superintendencia de Medio Ambiente en la fiscalización de estas iniciativas inmobiliarias, Prieto cree que “es complejo porque en efecto la legislación no impide que alguien pueda presentar un proyecto. Ejemplo de ello es cuando se presentó Chaguay. Al presentar una iniciativa de este tipo para que sea evaluada ambientalmente tienes tres posibilidades: que te acepten, lo rechacen o tener un término anticipado del proceso. Fue esto último lo que le ocurrió a Chaguay tras su evaluación. La realidad es que si estos proyectos llegan a entrar a evaluación ambiental, ni siquiera deberían tener evaluación. Deberían agarrar los documentos y devolverlos, en ese sentido estoy de acuerdo con Patricio, aunque la Superintendencia sólo puede solicitar a distintos organismos a que entreguen su evaluación específica, no impedir que éstos actúen”.