Pobladores estudian demandar al Estado por casas sin agua potable
Viviendas sociales en Azapa
Viernes 22 de diciembre de 2006
Sólo cuatro familias siguen habitando las casas que adquirieron hace dos años y que aún no tienen agua potable. Dirigente ya consiguió asesoría jurídica con abogado de una ONG internacional.
MAURICIO SILVA
ARICA.- Las 45 familias del villorrio de las Llosyas, ubicado 7 kilómetros al este de Arica, ya consiguieron asesoría legal para iniciar demandas contra el Estado por los perjuicios sufridos al recibir viviendas sociales que carecen del servicio de agua potable.
El dirigente de los pobladores, Rodrigo Olivares, planteó que el fisco debe responder por los daños que han sufrido al no poder ocupar las viviendas de las que son dueños desde hace dos años. «Tuvimos que volver a pagar arriendos. No hemos podido ahorrar para ampliar las casas, que son muy pequeñas», señaló.
Continúa…
Olivares informó también que ya consiguió asesoría jurídica del abogado (Ph.D.) Diego Carrasco, director ejecutivo de una ONG internacional.
Pero hay pobladores que no se rinden. El peón agrícola Francisco Ardiles y su mujer, Rosa Moroso, insisten en vivir ahí, a pesar de que dependen del paso semanal de un camión aljibe municipal y de conexiones hechizas para contar con agua potable.
Las familias desestiman pagar $160 mil para inscribirse en el comité de agua local, que desde agosto puede suministrarles agua, ya que el MOP construyó un bypass al estanque matriz, con lo que se superan las dificultades de presión.
Alegan que la suma es «excesiva» para personas pobres y tampoco aceptan la rebaja a $20 mil a cambio de reducir su representación a un voto en el comité.
Construcción con todo en regla
Viernes 22 de diciembre de 2006
La ministra de Vivienda, Patricia Poblete, especificó ayer que el villorio «Las Llojyas» fue construido con estanque de agua potable y red de agua potable completa, conectada al sistema rural del sector, pero que la mantención del servicio implica pagar la incorporación al respectivo comité, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.
Desde 2003 todos los comités rurales donde el Serviu ha entregado subsidios pagan una cuota que oscila entre 3 y 7 UF. En un primer momento el comité del sector exigió a cada familia 7 UF por vivienda (aproximadamente 120 mil pesos), lo que consideraron excesivo y se negaron a pagar.
El Minvu gestionó una rebaja de la cuota grupal, la que quedó finalmente en $900 mil, lo que significa que cada poblador debe cancelar aproximadamente $20.000, lo que aceptaron pagar; pero ahora se niegan y exigen exención. En forma paralela. el Minvu dispuso recursos para un bypass de 1.000 ml para el estanque de 10 m³ de la población, cuyas casas, según la ministra, se encuentran en perfectas condiciones.
Fuente: www.emol.com