Más de 11 mil deudores habitacionales podrían perder sus casas, Procesos judiciales están en marcha

Los deudores PET, algunos de los cuales pasaron más de 40 días bajo El Mapocho reclamando por una solución, contarán  con un nuevo período de «congelamiento» de los remates, lo que se oficializará próximamente. Pero los juicios continúan y la propuesta que presentó el Gobierno no soluciona la eventual salida de miles de familias de sus viviendas.

Alonso de Ovalle 1535 es la nueva dirección de los ocho pobladores en huelga de hambre que, junto a unos 150 deudores habitacionales que fueron violentamente desalojados hace tres semanas de la ribera del Mapocho luego de  42 días en el lugar.

Al final de una destartalada escalera están las camas donde seis mujeres y dos hombres mantienen una protesta que ya lleva 24 días y que no tiene para cuando terminar. No al menos hasta que el gobierno de luz verde a la propuesta que el Senado envió hace varias semanas y que cuenta con la venia de los integrantes de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha Chile).

Más allá de las posturas críticas ante este movimiento, lo cierto es que si no se encuentra una pronta solución, las carpas del Mapocho podrían transformarse en más que un acto simbólico. Así lo acreditan las más de 35 mil cartas bancarias que, según Andha Chile, han estado recibiendo los deudores, que en su mayoría (95 por ciento) pertenecen al segmento «Programa Especial de Trabajadores» (PET) -que engloba a 191.925 deudores y son los más antiguos de la banca– durante los últimos meses.

También han recibido órdenes de tasación de bienes, a pesar de que los remates y retiros de especies para los PET están «congelados» hasta el próximo 30 de junio por indicación gubernamental. Pero los procesos judiciales han seguido su curso.

Según Roxana Miranda, dirigenta de la comuna de San Bernardo, «algunas de las cartas que hemos reunido incluso tienen la fecha del remate».

Más de 11 mil deudores en juicio

Desde BancoEstado -entidad que concentra al 83 por ciento de los deudores habitacionales- señalaron que si bien mandaban estas cartas de demanda, no todas alcanzaban la instancia de remate.

Y explicaron que actualmente, de un total de 184.038 deudores PET que maneja su cartera, 48.625 están morosos.

«Algunos deudores ni siquiera están con juicio, hay cobranzas prejudiciales y ellos piensan que son cobranzas judiciales».

En total, son 37.283 las cobranzas pre-judiciales, es decir no existe un juicio de por medio.

En cobranza judicial en etapas anteriores al remate hay 9.605 personas. Y los que entraron derechamente en juicios y remates, pero que están paralizados, son 1.737. O sea, 11.342 ya entraron al sistema judicial.

El «congelamiento» de los remates y cobranzas judiciales impedirá que haya remates por el momento. «Y como hay procesos pendientes solicitamos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a Hacienda que se ampliara el plazo hasta fin de año», señalan desde la entidad estatal.

A pesar de que esta propuesta aún no se oficializa, desde BancoEstado indican que lo único que falta es la firma de la subsecretaría de Vivienda, pero que extraoficialmente ya está aprobada.

En la entidad financiera aseguran que, del total de morosos «la mayoría ya obtuvo rebaja de tasa a contar del dividendo de noviembre de 2007 en adelante, pero por registrar morosidad anterior, no han visto que se haga efectiva tal rebaja». Por eso los llaman a reprogramar dicha morosidad.

Todos se pasan la pelota

Por casi dos semanas este medio intentó obtener datos duros y respuestas acerca de la situación de los deudores por parte de los dos ministerios implicados -el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente de Hacienda– pero estas optaron por no referirse al caso.

No es raro: el tema es una papa caliente y como señalan los deudores es más fácil aplazar el entuerto que asumir una solución concreta.

En este momento hay dos propuestas. Una enviada por el Gobierno que contempla una subvención del 50 por ciento de la deuda siempre y cuando la familia se encuentre al día y pertenezca al primer quintil de vulnerabilidad.

Según el presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, aunque solicitaron al director de la Dipres, Alberto Arenas, entregar el monto anual que implica esta solución, «quedó en mandarla oficialmente, pero aún no lo ha hecho».

La otra propuesta, que fue unánimemente aprobada al interior de la comisión, tiene respaldo político transversal  y fue aceptada por los deudores.

Esta entrega una condonación total de la deuda  a adultos mayores, enfermos catastróficos y minusválidos, siempre que marquen vulnerabilidad en la ficha de protección social. Los que hayan pagado 50 por ciento de su crédito inicial y estén al día podrán acceder a un copago de 12 UF, con lo que se salda su deuda.

A los que han pagado 50 por ciento del crédito original y están morosos les pagan 18 UF. Y para los que están muy atrasados, 24 UF.

Según Orpis, «la comisión se inspira en la propuesta del gobierno pero se cuestiona por qué la solución es distinta si están al mismo nivel de vulnerabilidad y viven en el mismo tipo de vivienda que los deudores Serviu y Serviu Banca» (que anteriormente obtuvieron la subvención de la totalidad de la deuda).

Los costos que implicaría esta opción aún no están claros, ya que se están estudiando y se espera que en los próximos días se maneje la cifra.

Por Claudia Urquieta Ch.

Fuente: Elmostrador.cl