Por Francisca Mayorga

Fuente: La Tercera 09/12/2022

Datos preliminares de un estudio de la PUCV revelan que esta área pasó de tener 403 hectáreas tomadas en 2021 a 650 en 2022. El aumento va aparejado de un crecimiento del 67% de causas por usurpación y loteos irregulares, según detalla la Fiscalía. Y hay más: el problema también se extiende a San Antonio y el litoral central.

“A mí todavía me resulta poco comprensible cómo es que, después de 30 años, todavía haya esperanza. Me rompe el corazón”.

Las palabras son de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), tras escuchar el reclamo de María Tapia, presidenta del comité Villa La Pradera del campamento Manuel Bustos, exigiendo mayor coordinación de las autoridades para lograr, de una vez por todas, la vivienda definitiva.

Dicho asentamiento -el segundo a nivel nacional en número de familias (1.647), después de Alto Hospicio- se remonta a 1995, “pero el trabajo real con las autoridades partió en 2015″, recuerda Carolina Rojas, presidenta del comité Acogida 2001, del mismo campamento que, en 27 años, todavía no cuenta con acceso a agua potable y alcantarillado.

Urbanizar y regularizar un campamento tarda tiempo. “Una toma suele regularizarse en 20 o 30 años”, señala el geógrafo Luis Álvarez. Pese a ello, los terrenos ocupados ilegalmente siguen aumentando en el Gran Valparaíso: hasta 2021 había 403 hectáreas tomadas en Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar, Valparaíso y Concón. En diez meses, la cifra ascendió a 650, representando un alza del 61%.

Así lo concluyen los datos preliminares del Estudio Caracterización del déficit habitacional del Área Metropolitana Valparaíso PUCV-Déficit Cero”, que estuvo a cargo del profesor Álvarez.

El alza más notoria ocurre en Viña del Mar, que pasó de tener 264 a 383 hectáreas tomadas. Esta comuna registra la mayor cantidad de campamentos en todo Chile (97), según el último Catastro Nacional de Campamentos (CNC) del Minvu (2022).

Superficie tomas / campamentos en hectáreas en el Gran Valparaíso (Fuente: PUCV)

Estas ocupaciones nuevas representan el “crecimiento de tomas anteriores, fuera del área urbana, donde hay mayor accesibilidad” explica el docente. Lo anterior se advierte, sobre todo, alrededor del Troncal Sur, vía que conecta Viña del Mar con Quilpué y Villa Alemana.

El fenómeno ocurre de forma homogénea en todo el Gran Valparaíso, en cuyo entorno “hay suelo virtualmente abandonado. La gente siempre dice ‘nos tomamos este terreno porque hace 30 años está sin moradores’. Pero tiene propietarios (…) Y esta hipótesis es mía: a veces el propietario es promotor de las tomas, porque sabe que si llega a haber una ocupación espontánea, al final el Estado va a expropiar y va a pagar según las reglas de mercado”, dice el experto.

La problemática también se presenta con fuerza en San Antonio. La directora (s) de Serviu, María Paz Cueto, dice que la ciudad aumentó en un 300% sus terrenos en toma durante los últimos tres años.

La alcaldesa Constanza Lizana (Ind.) señala que “hay una crisis grave de vivienda, que se manifiesta en San Antonio en la concentración del suelo, el difícil acceso a la vivienda, y los problemas en la oferta y proyectos. A modo de ejemplo, el proyecto Mirador del Faro, vivienda social que se entregó en 2019, hoy esta ad portas de ser demolido”.

Crecen las tomas y sus causas

El aumento de tomas ha ido aparejado a un aumento de causas vigentes por loteo irregular y usurpación de terrenos, afirma la fiscal regional Claudia Perivancich.

Según un catastro del Ministerio Público, las investigaciones por tomas de terrenos en el Gran Valparaíso pasaron de 51 (mayo de 2021) a 85 (noviembre de 2022), lo que representa un aumento del 67%.

Según detalló la fiscalía, 23 son por usurpación violenta, 53 por usurpación no violenta, y nueve por loteos irregulares. Por este último delito será acusado Luis Alarcón, presunto loteador del terreno de propiedad del empresario Alejandro Correa, asesinado en 2021 tras denunciar la ocupación de su predio.

Perivancich es clara en señalar que “no es el Ministerio Público el que va a poner fin a estos asentamientos”, pues si bien la institución “tiene la obligación de perseguir el delito”, en ello se enfrentan con una serie de dificultades como la incapacidad de las policías de detener en flagrancia (dado que la usurpación es una falta) o de acceder a las tomas para registrar a moradores.

Nº1 en campamentos

Consta en el CNC que en el país existen 1.091 campamentos, con 71.961 hogares. 255 se encuentran en la región de Valparaíso.

Excepto por el catastro de 1997 (cuando Biobío lideró en número), las últimas cuatro décadas la zona ha presentado más campamentos que ninguna otra región del país: 21 en 1985, 87 en 1997, 179 en 2007, 160 en 2011, 181 en 2019 y 255 en 2022.

A diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional entre 1997 y 2007, cuando el número de asentamientos bajó de 712 a 490, en la V Región el número aumentó.

El exbiministro de Vivienda y Bienes Nacionales (2000-2004), Jaime Ravinet, recuerda que en Viña del Mar y Valparaíso “fue muy difícil buscar soluciones, porque el costo de urbanización de muchas partes era más caro que la vivienda” y los habitantes de dichos sectores “eran bastante porfiados, nunca logramos conseguir que se radicaran en otros lugares”.

El actual ministro Minvu, Carlos Montes, lo analiza desde otra perspectiva: “He leído estudios que dicen que, desde que se creó el puerto, la ciudad creció de una manera más propia. Muchas viviendas se construyeron a partir de tomas, ocupaciones graduales, o masivas, en los cerros. Hay una historia y eso influye”.

En Valparaíso, señala, “tenemos un gran desafío: que 111 campamentos sigan quedándose donde están, porque hay condiciones para eso”.

El reto forma parte del programa “Construyendo Barrios”, del plan de campamentos, una de las diez líneas programáticas del Plan de Emergencia Habitacional (PEH), 2022-2025 con el que el Gobierno de Gabriel Boric espera entregar 260 mil viviendas, considerando que hoy existe una demanda por 643.534 soluciones habitacionales.

Otro factor que ha desencadenado el déficit, señala Montes, es la calidad de la oferta pública, pero, sobre todo, el valor de los terrenos. Por eso una de las claves del PEH es “robustecer el banco de suelo público”, para lo cual “de las 3.519 hectáreas que necesitamos, nos está faltando un poco menos de 1.000″.

La vivienda industrializada

Montes señala que para construir más soluciones están apuntando a la “modernización productiva” a través de la vivienda industrializada. Para ello ya tienen cuatro prototipos y adelanta que, en La Araucanía, “tenemos la idea de instalar una empresa productora (pública o público-privada), estamos viendo lo más rápido y eficaz de producción de vivienda industrializada con pertenencia cultural”.

Ante la falta de maestros, también lanzaron un programa de formación (8.075 cupos) y, ante la crisis de abastecimiento de materiales, están creando junto a Corfo y la CChC un nuevo sistema de importación de insumos.

“Si bien el PEH apunta en una dirección correcta, el escenario para poder llegar a la meta de las 260 mil viviendas es complejo, por el tiempo de tramitación de permisos, financiamiento de constructoras, el alza de precios de los materiales, falta de stock, poco suelo en ese precio, etc.”, dice Pía Palacios, directora del Centro de Estudios de TECHO-Chile.

En la V Región la meta es construir 31.246 viviendas. Actualmente hay 18.418 en construcción, informa Serviu. Aún falta, “y eso es una gran dificultad porque los proyectos que tenemos en ejecución están afectados fuertemente por la crisis económica”, señala la directora (s).

En la Región de Valparaíso, 18 proyectos tienen problemas críticos por la situación financiera de las empresas. “Tenemos proyectos de integración social (DS19) detenidos. Esta línea programática ha sufrido más fuertemente los embates de la crisis económica”, explica Cueto, pues a los desarrolladores inmobiliarios “la banca en este momento les ha cerrado las puertas (…) aumentaron los valores de la construcción y quedaron totalmente desajustados”.

Mario Álvarez, presidente de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, expuso el 29 de noviembre en el Senado y solicitó al Minvu mantener el crédito especial para empresas constructoras y así dar viabilidad a los proyectos detenidos.

Montes responde que “nosotros no estamos de acuerdo. Esto partió en 1975, en plena dictadura. Es un subsidio a las empresas, un descuento del 65% del IVA que es harta plata. Nosotros hicimos una estimación, que se había destinado por parte del Estado cerca de US$ 30 mil millones”.

Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, acompañó a Ripamonti al campamento Manuel Bustos. Dice que asistió para conocer “cuáles eran esas intersecciones que estaban demorándose por temas burocráticos y que podamos ponerle acelerador”.

Pero sin soluciones habitacionales en el corto plazo, el geógrafo Álvarez dice que las tomas seguirán creciendo. “En el imaginario, la gente entiende que la toma también es un mecanismo válido de acceder a la vivienda”, cierra.