¿Se aprendió de los megaincendios en el pasado?: Avances y desafíos revelados por un nuevo siniestro en Viña del Mar

Por Daniela Toro

Fuente: Emol.com 24/12/2022

Expertos afirman que la mirada integral de la gestión del desastre es clave. Apuntan a una institucionalidad menos sectorizada y más enfocada en la prevención, no sólo en las horas más críticas de la emergencia.

Nuevamente la quinta región enfrenta un megaincendio. Esta vez, en la comuna de Viña del Mar, donde según el catastro oficial del municipio se han destruido 130 casas, aunque con un rango que no descarta que puedan ser hasta 500. Además, se confirmaron dos personas fallecidas y 30 personas lesionadas.

Las cifras dan cuenta de la magnitud de la emergencia; de aquello que moviliza todo el aparataje institucional preparado para enfrentarlo. Sin embargo, hay dimensiones más sustantivas del siniestro que requieren otras acciones a corto, mediano y largo plazo, con una mirada integral de la gestión del desastre, pensando en el cotidiano, no sólo en las horas más críticas.

Y es que de episodios como estos, la zona acumula un historial preocupante: en 2012 se registró en Viña del Mar -en Canal Beagle- uno de los que, hasta entonces, era de los peores siniestros en la última década, con un saldo de más de 70 casas destruidas y 290 damnificados. En 2014 ocurrió el gran incendio en Valparaíso, en el sector del camino La Pólvora, uno de los más catastróficos de los que se tiene registro, con casi 3 mil casas destruidas y más de 12 mil damnificados.

En 2017, el incendio de Laguna Verde se propagó al sector Puertas Negras en Valparaíso, y dejó al menos 100 viviendas destruidas; y en 2019, la ciudad volvió a ser azotada, en plena víspera navideña, en los cerros Rocuant y San Roque, dejando más de 400 hogares siniestrados y a 1.199 personas afectadas, según la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Han ocurrido muchos más, pero aquellos suelen citarse como parte de esa «experiencia» acumulada en la materia.

«Los megaincendios que Chile ha vivido en el último tiempo han servido para que el país se prepare mejor, pero tragedias de esta magnitud, muchas veces, nos desbordan», dijo la madrugada de ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, en uno de los tantos balances que realizó el Gobierno por el siniestro «Nueva Esperanza».

¿Cuánto es lo que realmente se ha aprendido de estos megaincendios y qué desafíos quedan por delante? Expertos en prevención de desastres, geógrafos y académicos analizan cómo está preparado el país este 2022, luego de más de una decena de siniestros de esta magnitud sólo en esa zona.

Lo aprendido, aunque perfectible

Tomando las palabras de la ministra Tohá, ¿dónde se hace evidente esa ‘mejor preparación’ del país? Para Lautaro Ojeda, arquitecto y director del Centro de Investigación de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales (Cinvit) de la U. de Valparaíso, existe efectivamente un aumento de las capacidades técnicas desde el servicio público, especialmente en el proceso de reconstrucción postdesastre.

«Hay una capacidad instalada muy fuerte a nivel regional, donde se ha mejorado la velocidad de los procesos de reconstrucción y la incorporación de la comunidad en la misma. Si hacemos una línea temporal, hay un gran aprendizaje instalado», sostuvo el académico.

Otro de los puntos que destaca son algunas modificaciones normativas -especialmente a partir de 2014- que apuntan a «definir las áreas de riesgo (donde se pueden hacer mejoras para edificar) y las zonas no edificables». Sin embargo, cree que aún se necesita precisar de mejor manera estas dimensiones.

Luis Álvarez, académico del Instituto de Geografía de la PUCV, geógrafo y magíster en urbanismo, también destaca que a partir de 2014 se comenzó a trabajar en mejores sistemas de red seca para incorporar agua en lugares de difícil acceso, de dejar depósitos de agua en las partes altas para poder utilizarlos, y en la reconstrucción. Pero también advierte que «falta camino en otras materias» que también son parte del problema.

De la mano, es clave es el fortalecimiento de la institucionalidad, especialmente a través del Servicio Nacional Forestal, que reemplace o suceda a la Corporación Nacional Forestal. De hecho, un proyecto de ley -en trámite- de 2011 crea el servicio, mientras que el proyecto de 2017 se encuentra en segundo trámite constitucional; su última actividad en el Parlamento fue en julio de 2019.

El pasado 28 de octubre, sesionó el Consejo de Política Forestal para analizar este tema, donde se dejó expresa la convicción de que el país necesita esta nueva institucionalidad, y así transformar a Conaf en un ente público. En la instancia participó el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela y el director ejecutivo de Conaf, Christian Little.

«La precariedad no es sólo la toma»

La primera imagen que queda el día después de las llamas son retazos de viviendas, en su mayoría, de material ligero, en terrenos no regulados o que después de años -o décadas- iniciaron su proceso de regulación, y por tanto, a la espera de otros tantos años para que se instalen servicios básicos. El diagnóstico del riesgo es evidente, pero la ejecución de las soluciones es muchas veces, dificultosa y lenta.

«La idea de construir donde no deberíamos suena bastante básico y elemental, pero es bastante complejo en un contexto social adverso, con personas demandando más viviendas, y para superar esa carencia habitacional, terminan exponiéndose al desastre», sostuvo ayer en Cooperativa el investigador Ricardo Rivas, miembro del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riego de Desastres (CIGIDEN).

«La precariedad no es solamente la toma, sino que también la basura que se acumula, la cantidad de actividades clandestinas que tenemos. Todo ello puede dejar huellas fugaces que se transforman en incendio».

Luis Álvarez, geógrafo PUCV

Eso, a su parecer, habla de una falta de planificación de la que se ha advertido varias veces. «Aprendemos que hay lugares donde no se debe construir, pero la política social para poder enfrentar esto, es de una envergadura importante, hay que invertir mucho», complementó.

Ayer, en su visita a la zona afectada, el Presidente Gabriel Boric reconoció que «se requiere un nuevo ordenamiento de planificación territorial», y de paso, llamó a que «la gente haga caso; hay lugares donde no se puede construir porque es bastante riesgoso».

En la misma línea, Álvarez agrega que «la precariedad no es solamente la toma, sino que también la basura que se acumula, la cantidad de actividades clandestinas que tenemos. Todo ello puede dejar huellas fugaces que se transforman en incendio».

La gestión del desastre

La gestión del desastre no sólo abarca la emergencia, sino que considera una etapa de prevención y de también de reconstrucción, con las múltiples dimensiones asociadas. El problema que detecta Rivas es que la tendencia de los últimos años ha sido de «achicar el Estado y disminuir el personal y la cantidad de personas dedicadas a la prevención, centrándose principalmente en superar la etapa de la emergencia, pero el desastre es mucho más prolongado».

Y ante esa prolongación, es a lo que debe adaptarse la institucionalidad. Eso requiere que la mirada de gestión de desastres esté desplegada de manera transversal «que se extienda a más ministerios, a otras agencias estatales, con un aspecto social y educacional, y hoy no existe esa mirada, todavía es un asunto sectorial, parcelado».

Álvarez aporta otro elemento al debate: «implementamos soluciones genéricas en Chile», sostiene. Un ejemplo de ello, dice, es la obligación de que los municipios implementen un plan de cortafuegos, «cuando hay geografías complejas donde no tienen ninguna utilidad, como el caso de Valparaíso».

«Conaf plantea que a través de los cortafuegos se accede al control del fuego, pero ocurre también que hacerlos durante un año normal, en la vida cotidiana, se prestan para que se boten escombros, vertidos industriales, o tomas que los utilizan como elementos estructurantes de la misma», comenta.

Los expertos también recalcan la pasividad con la que se ha actuado frente a la erradicación de especies como el pino y eucalipto, consideradas de «alta carga pirogénica»; un debate que se viene dando hace casi una década, pero que aún no encuentra solución.

«Esto se ha dicho desde 2014 en adelante. Se requiere un plan de reforestación nativa de control de plantaciones introducidas, porque si no, va a seguir sucediendo esto», enfatiza Ojeda. Incluso, el experto sostiene que existen modelos internacionales y planes para tener anillos controlados de plantaciones forestales que «no son tan complejos de replicar». ¿Dónde está la traba entonces?, «en que son especies que crecen rápidamente y tienen un fin comercial», subraya.

El rol del sector privado

En problemas multidimensionales, la colaboración público-privada es clave, y no son pocas las voces que, en su diagnóstico, sostienen que el mundo privado puede «hacer un esfuerzo mayor» en cuanto a propuestas y acciones que contribuyan a prevenir estas emergencias.

«Yo trabajo en una universidad, muy vinculado con organismos públicos, y también con ONG y juntas de vecino, y en ninguna instancia me he cruzado con privados, con forestales por ejemplo, donde ellos hayan hecho propuestas de mitigación, es un misterio», sostiene el académico de la UV.

Y en esa línea, reflexiona que «no sirve de nada tener buenas políticas públicas si el sector privado no está dispuesto a acatarlas (…) Por ejemplo, sostiene, «no sacas nada con decir que se harán grandes cordones despejados si el 70% de ellos pasará por espacios privados».