Las familias que viven en campamentos subieron de 27 mil a 34 mil en cuatro años

Fuente: El Mercurio 20/08/2015 Sección Nacional p. C9

Encuesta realizada por el Centro de Investigación Social de la ONG Techo.

Si en 2011 los registros del Ministerio de Vivienda indicaban que 27 mil 378 familias vivían en campamentos a lo largo de Chile, el estudio más reciente sobre esta problemática, realizado por la organización no gubernamental Techo, revela que en los últimos cuatro años la cifra aumentó a 34 mil 195 familias.

De acuerdo con el sondeo -que se efectuó en 3.062 hogares de manera presencial entre el 9 y el 31 de mayo de este año-, una de cada tres personas que viven en estos asentamientos tienen entre cero y 14 años de edad. El segundo grupo etario más numeroso es el de 15 a 29 años, con un 27,9%.

Por campamento, señala el estudio, se entiende a ocho o más familias agrupadas o contiguas, que no cuentan con acceso regular a al menos uno de los servicios básicos (alcantarillado, agua potable y energía eléctrica) y que se encuentran en un terreno cuya situación legal es irregular.

Más extranjeros: Bolivianos, colombianos y peruanos

Otra tendencia que arroja la encuesta es cómo ha incidido la migración en la composición de los campamentos.

De hecho, un 5,9% de la población de esos lugares se declara extranjera. Esto sucede principalmente en Antofagasta, donde tres de cada 10 pobladores provienen del extranjero (32,8%).

Las nacionalidades que más se repiten entre estas personas son bolivianos (33,3%), colombianos (32,5%) y peruanos (27,3%).

En porcentajes menores también aparecen argentinos (3,9%), ecuatorianos (2,9%) y haitianos (0,2%).

66% no ha terminado su educación escolar
Uno de los temas que generan preocupación en Techo es el bajo nivel educacional de quienes habitan en los campamentos.

El 66% de las personas mayores de 19 años que está en esa situación no ha terminado la educación escolar (media completa).

Incluso un 0,9% no ha tenido ningún tipo de educación formal. Y el analfabetismo, que según la encuesta Casen llega en Chile a un promedio de 2,5%, en los campamentos asciende a 12,4%.

Respecto de los niños que viven en campamentos y que asisten al colegio, el 74% lo hace a escuelas municipales y el 16% a establecimientos particulares subvencionados.

Más de la mitad de los hogares tiene ingresos menores al mínimo
En cuanto a los ingresos, la media mensual de los hogares es de 235 mil pesos. Esto implica que el 61,5% percibe menos que el sueldo mínimo.

Y mientras el 86,6% de los chilenos que trabajan como empleados tienen contrato, en los campamentos un 38,1% no tiene ningún tipo de vínculo con sus empleadores, lo que da cuenta de la informalidad que afecta a sus habitantes.

Confianza en la familia, en Carabineros y en los medios de comunicación
A la hora de analizar la confianza en las instituciones, un 81% de los encuestados señala que confía en la familia, luego en Carabineros (60,3%) y en tercer lugar en los medios de comunicación (45,8%).
En la arena contraria, los amigos, el Estado y los vecinos son en quienes menos confían las personas que habitan en los campamentos (32,9%, 33,6% y 35,2%, respectivamente).

Alberto Castillo, colombiano: «Sabemos que las tomas son ilegales, pero no tenemos más opción»

Escaleras construidas con neumáticos rellenos de tierra, alineados uno a uno y siguiendo el camino de una quebrada de unos 20 metros de altura, son el principal acceso al campamento Unión del Norte, levantado en noviembre del año pasado en el sector norte de Antofagasta.

Con 200 familias, la mayoría de nacionalidad colombiana, es una de las 53 tomas que se extienden a lo largo de la capital de la II Región. En ese sector, ubicado a pocos metros de la población Los Arenales, se emplazan otras cuatro tomas: Ratoncitos, Catalina Cruz y Eulogio Gordo, la más antigua, creada en 2003.

«Las familias -extranjeros y chilenos-, están llegando todos los meses y levantan sus casas donde encuentran un espacio, pero los colombianos son los más organizados y construyen verdaderas viviendas», relata Marcia Garrido, dirigenta en el campamento Ratoncitos, llamado así porque en la quebrada donde se ubica antes solo había basura y se fue habitando de a poco.

«Sabemos que las tomas son ilegales, pero no tenemos más opción. En la ciudad los arriendos superan los $350 mil y los sueldos no alcanzan para arrendar, por eso preferimos estar en los campamentos y construir mediaguas decentes. Además, la mayoría de los colombianos que están acá saben que no se quedarán más de cinco años. Esta es una ciudad para ahorrar dinero y volver a Colombia», dice Alberto Castillo, oriundo de Tumaco, un municipio ubicado en el suroccidente del Departamento de Nariño, en Colombia.

Valentina Latorre Rincón, directora social de Techo: «La problemática de los campamentos no es una prioridad en la agenda política»

Valentina Latorre Rincón se mueve con agilidad por los pasillos de las oficinas de Techo, ubicadas en calle Departamental 440, en la comuna de San Joaquín.

Tiene 25 años y es profesora de Educación Básica, egresada de la U. Católica. Entró a las oficinas del Techo en 2013, pero antes fue voluntaria en 2008. Desde el año pasado es directora social de la institución.

«La problemática de los campamentos no es una prioridad en la agenda política», dice al analizar el aumento de familias en esta situación, que alcanza a 34 mil, repartidas en 681 asentamientos.

Agrega que este incremento se explica por múltiples factores: «Los problemas se deben al allegamiento y la falta de cobertura habitacional, entre otros. A pesar de que la política de vivienda es de las más agresivas en cobertura en el continente, aún así no es suficiente».

También detalla que el desempleo en los campamentos es alto y que el «empleo es de menor calidad», junto a bajos niveles de escolaridad.

«En un país que va disminuyendo la pobreza, donde parece ser que hay estabilidad, donde se habla que somos de la OCDE, tenemos una pobreza multidimensional de 20%. Un quinto de las familias en Chile vive en situación de pobreza», dice la directora social.

Respecto de la inmigración en campamentos, especialmente en el norte, dice que los chilenos tendemos a «sentirnos invadidos» sin ver los problemas que tienen esas personas. «Muchas veces aparece el mito de que toman puestos de trabajo, pero la familia de inmigrantes, en general, vive la cesantía, la inseguridad y son muy discriminados».

Entre las medidas que considera debería asumir el Estado, más allá de un gobierno de turno u otro, es que se cree un banco de terrenos estatal y que en todas las comunas del país haya cuotas mínimas y máximas de vivienda sociales.

Cuando se le pregunta por sus padres (es hija de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, y del ex presidente de la DC Juan Carlos Latorre) y por su independencia para criticar las medidas gubernamentales, no se inquieta y asegura que se convirtió en directora de Techo luego de un proceso en el que incluso se votó desde las oficinas regionales y se llegó a una terna.

«Esto no tiene nada que ver con quiénes son mis papás. Pero entiendo que en esta crisis institucional que estamos viviendo en Chile haya desconfianza. ¡Si uno desconfía también! Cuando pasa el caso Caval, el caso Penta o SQM a uno también se le aprieta la guata y dice qué rabia. Esas acciones ensucian la política, que nosotros creemos es una herramienta de transformación», concluye.