Fondo de inversión sostenible danés participa en empresa productora de cerdos acusada de incumplir normas ambientales

Por Lise Josefsen Hermann y Mauricio Weibel Barahona

Fuente: CIPER 11/05/2022

Vecinos de la planta de Coexca en Chépica (O’Higgins) piden que el Fondo de Inversión para el Desarrollo (IFU) de Dinamarca, que controla el 25% de esta empresa chilena que produce carne de cerdo, actúe con los mismos estándares ambientales y sociales que se aplican en su país. Aunque IFU declara que apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, una de las plantas de Coexca opera sin sus permisos ambientales en regla, como lo ha señalado la Superintendencia de Medio Ambiente. Los vecinos afectados acusan olores nauseabundos y plagas de moscas.

El Fondo de Inversión para el Desarrollo (IFU) de Dinamarca está involucrado en conflictos con comunidades campesinas de la zona central de Chile, donde mantiene un cuarto de la propiedad de la segunda mayor productora de carne de cerdo del país: Coexca, una empresa que opera grandes faenas pecuarias sin sus permisos ambientales actualizados o incumpliendo normas sanitarias, según reconoce la propia compañía y atestiguan documentos judiciales revisados por CIPER y Danwatch.

“Estos hechos han estado por años vulnerando gravemente la vida, física y síquica de los vecinos, su salud y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Los afectados buscan) que exista un compromiso real, consistente, y a largo de plazo de dar cumplimiento continuo a las normas ambientales y de salud”, señaló para este reportaje la abogada Karina Lorca, representante de vecinos de la comuna de Chépica (Región de O’Higgins).

Para la profesional, Coexca, y en especial su accionista IFU, deberían actuar con los mismos estándares ambientales y sociales que les serían exigibles en Dinamarca. El propio fondo estatal danés IFU resalta, de hecho, en su información corporativa su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ver ficha de la empresa con el logo “Sustainable Development Goals”).

Según información pública, los capitales europeos accedieron en mayo de 2017 a un 25% de la propiedad de Coexca, luego de invertir unos US$12 millones en acciones de la compañía, unos 81,9 millones de coronas danesas. La operación contó con el apoyo del Fondo Danés de Agronegocios (DAF), respaldado por los dos grandes fondos de pensiones: PensionDanmark y PKA. La empresa danesa JBI Equity actuó como intermediaria en el acuerdo entre DAF y Coexca y hoy posee el 2% de la empresa.

El gerente general de Coexca, Guillermo García, resaltó los supuestos beneficios del negocio: «Nuestra asociación con DAF y JB Equity nos permitirá duplicar la actual capacidad de producción de cerdo”. Sin embargo, desde un inicio hubo problemas con las comunidades. Las primeras quejas surgieron con la operación de la planta ubicada en el fundo San Agustín del Arbolillo, en la Región del Maule, camino a Cauquenes.

Ante las dificultades, la presidenta de IFU América Latina, Helle Bjerre, envió un correo electrónico a los vecinos de aquel sector el 2 de agosto de 2018. “El desarrollo de Coexca contribuirá al empleo y los impuestos locales y al ingreso por exportaciones de Chile”, aseguró la ejecutiva.

Sin embargo, el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Región de O’Higgins, David Bahamondes, señaló que los problemas -como olores nauseabundos y plagas de insectos- persisten. «Actualmente, estamos evaluando si se ha violado el derecho de estos ciudadanos a vivir en un entorno limpio, su derecho a la salud, así como su derecho a la protesta. También es preocupante cómo se ha visto afectada la salud mental de algunas personas. Hemos conocido varios casos de personas que han abandonado la zona por estos problemas», afirmó.

EL CASO LLEGA A TRIBUNALES

La primera acción legal en contra de las operaciones de Coexca fue presentada en Rancagua por 76 personas que mantienen propiedades en las inmediaciones de Punta Cortés, zona donde se ubica una de las plantas que gestiona esta empresa.

Los recurrentes, representados por el abogado Oscar Begazo, solicitaron en agosto de 2021 que la justicia acogiera un recurso de protección de garantías constitucionales y declarara una orden de no innovar que suspendiera las faenas en el plantel de porcinos “Canadá”, debido, según ellos, a los malos olores y plagas de insectos que generaba ese centro de producción pecuaria. Además, los vecinos alertaron en su presentación ante la justicia que la empresa estaba operando al margen de la ley, debido a que se encontraba cometiendo una evidente elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pues, según ellos, realizaba sus faenas sin un plan de manejo propio y su respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Según los recurrentes, el plantel “Canadá”, arrendado por Coexca desde 2020, no tiene vigente su Resolución de Impacto Ambiental, debido a que el titular de ella (Tomás García Kohler) falleció. Además, sostuvieron que el plan de manejo de esa instalación consideraba tratar los desechos orgánicos en el predio “El Milagro”, el que no opera desde el terremoto de febrero de 2010.

La empresa, a través de su abogado, reconoció ante los tribunales que efectivamente no es la dueña ni titular del permiso ambiental, pero planteó que las operaciones del arrendado plantel de cerdos “Canadá” sí cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental desde hace diez años, aunque admitió que esa RCA era para la operación conjunta de los planteles “El Milagro” y “Canadá”, sin explicar por qué sólo se arrendó uno y no se actualizó la tramitación ambiental (vea la respuesta de la empresa).

Requerida por la justicia, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) reconoció irregularidades en los permisos ambientales y señaló que iniciaría un procedimiento para regularizar la situación, el que a la fecha de elaboración de este reportaje aún no concluye y cuyo estado de avance es público (vea ese estado de avance y, además, el informe de la SMA).

“Se constataron -señaló el órgano fiscalizador en su informe- distintos hallazgos, entre ellos: (i) la planta de tratamiento de riles habría entrado en fase de cierre en el año 2012; (ii) no ha habido una solicitud formal de cambio en la titularidad, pese a que el titular de la RCA N°324/2007 falleció el año 2012; (iii) no se cumple con el contenido de la Resolución de Calificación Ambiental N°324/2007 en relación al sistema de acopio y tratamiento de la cama caliente sucia; (iv) no hay medios de verificación del despacho de la mortandad en ciertos meses de los años 2020 y 2021; (v) existiría una posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (…); y iv) habiendo entrado en fase de cierre en el año 2012, se reinició un método de acopio y tratamiento de residuos sólidos, modificación que no ha sido evaluada ambientalmente”.

El 4 de febrero de 2022 la Corte de Apelaciones, aunque reconoció la existencia de irregularidades en los permisos ambientales, rechazó la solicitud de los vecinos, sosteniendo que existía un proceso de regularización en marcha y que no había evidencia de anomalías sanitarias, según un reporte emanado por la Municipalidad de Rancagua (vea la resolución judicial).

“Hasta el día, sin embargo, no existe ningún proceso administrativo sancionatorio ni ninguna denuncia ante la Fiscalía por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, pese a que estas prácticas ambientales elusivas son un delito. Hay una evidente falta de servicio”, reclamó el abogado Oscar Begazo, representante de los vecinos.

Desde Dinamarca, el director de Comunicaciones de IFU, Rune Nørgaard, admitió que el plantel de Punta Cortés es una granja arrendada que tiene un permiso medioambiental que está registrado a nombre del propietario fallecido.

SUSPENSIÓN DE FAENAS

Desde el 19 de enero de este año Coexca enfrentó un segundo recurso de protección contra sus faenas en el fundo Santa Francisca, ubicado en el sector de La Calera, Lima, de la comuna de Chépica. La iniciativa fue liderada por el propio alcalde de esa localidad, Fabián Soto (PS), junto a otros seis vecinos.

CIPER y Danwatch intentaron obtener reiteradamente una versión de la autoridad edilicia sobre esta denuncia, pero no fue posible. No obstante, el concejal de la misma comuna, Mario García, expresó su preocupación sobre la posibilidad de que Chépica se convierta en una zona de sacrificio: «Si la empresa no cumple estas normas, la queremos cerrada, la queremos fuera de Chépica. Porque, si no, ¿qué pasará? Todos los veranos será insoportable desde diciembre hasta marzo», dijo.

El 2 de febrero de este año, en tanto, un tercer recurso de protección fue presentado ante la justicia, esta vez impulsado por otros diez habitantes de la zona, representados por la abogada Karina Lorca.

Bernardita Araya, vocera de los vecinos afectados, señaló que la crisis comenzó en octubre de 2020, cuando apareció la primera plaga de moscas, según ella. “Es un problema que tiene una cierta estacionalidad, recrudece el verano con el calor y mejora, en parte, durante el invierno”, describió. Para ella, la vida cotidiana se hace muy difícil en los momentos más duros.

Otro de los vecinos que se querelló, Belarmino Palomino Lucero, de 69 años, reclamó por la falta de control efectivo de parte de las autoridades, lo que afecta su vida cotidiana, según dijo. “Es exagerado el tema de las moscas. Es imposible comer en paz y tranquilidad aquí. Y a mi edad, cuando quiero echarme una siesta en el sillón después de comer, no puedo dormir por todas las moscas. Y me pregunto cuántas moscas habremos comido también. Luego está el olor. Lo peor es los lunes, miércoles y viernes cuando se vierte el estiércol en los campos. Si sales a la carretera, casi tienes que vomitar”, señaló.

“No sé en qué va a terminar todo esto, tendremos que aguantar toda la vida. Aquí no se puede estar, ni comer con la hediondez”, insistió.

En medio de estas denuncias, los recurrentes alegaron ante la Justicia que desde el inicio de las operaciones en el fundo Santa Francisca en 2016 han debido acudir a los centros asistenciales de la comuna, debido a vómitos, náuseas, diarrea e intensos dolores de cabeza, supuestamente atribuibles a la contaminación generada por la empresa porcina. La compañía niega las imputaciones y subraya que no existe evidencia científica que vincule ambos temas o siquiera la existencia de tales atenciones sanitarias.

No obstante, los vecinos en este caso lograron aportar como evidencia fotos que atestiguan sus denuncias sobre el manejo irregular de los purines (mezcla de agua, excrementos y otros residuos orgánicos, resultante de la limpieza diaria) y de los cerdos muertos, las que fueron obtenidas por las autoridades sanitarias de la región (ver fotos).

Sobre lo mismo, un extrabajador de Coexca, Ismael Lorca López, de 69 años, sostuvo que eran habituales estos procedimientos. “Tenían la cochinada, tiraban los chanchos muertos al cerro. Había un corral con rejas para que los buitres se los comieran, incluso los quillayes se secaron. Con mis compañeros teníamos que soportar todo, no podíamos reclamar nada porque si lo hacíamos, nos despedían, así que teníamos que permanecer en silencio”.

Los recurrentes también recordaron a la justicia que la propia Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi de Salud) ordenó el 20 de enero la prohibición de funcionamiento. La Seremi de Salud, de hecho, precisó que la vigencia de esa medida obedecía al manejo irregular de los cadáveres de cerdos y el acopio indebido de los purines al aire libre (ver informe).

Un reporte adicional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) precisó que en el plantel hay 1.190 cerdos de maternidad, 1.614 en crianza y 8.188 en engorda. El documento, firmado por la funcionaria Miriam Pozo, indica que los registros de la empresa establecen que ha habido 3.400 lechones muertos por aplastamiento, básicamente, además de otras 210 reproductoras fallecidas (sin causa descrita). A ellos, se suman otros 1.840 cerdos que perdieron la vida en el área de engorda, básicamente por torsión intestinal.

En escritos judiciales posteriores, la empresa argumentó que había adoptado medidas para resolver la situación. “Los hechos descritos en el recurso y que motivaron la orden de no innovar son parciales, inesaxtos (sic), algunos derechamente falsos, totalmente subsabados (sic) y bajo el amparo de un procedimiento de fiscalización en curso”, reclamó la firma.

“Coexca eliminó completamente las fosas de disposición de animales muertos existentes al interior del plantel, las que fueron clausuradas en su totalidad y dejaron de utilizarse de manera definitiva”, insistieron los abogados de la empresa ante la justicia.

“Para efectos del manejo de las mortalidades dentro del plantel, y considerando la eliminación completa de las actuales fosas de disposición, Coexca instaló una cámara técnica de congelación o contenedor tipo reefer (…), el que tiene como objetivo el almacenamiento de las mortalidades que se produzcan (…) como parte de su proceso productivo, siendo utilizado como lugar de almacenamiento temporal de manera previa a su envío a un sitio de disposición final autorizado”, detallaron.

La compañía además proveyó a la Justicia dos informes contratados por ellos a Proterm S.A. sobre medición de olores y a Plaguisur Limitada sobre presencia de vectores, en especial moscas. Ambos descartaron cualquier anomalía.

En ese marco, el 8 de marzo el entonces Seremi de Salud de Rancagua, Pablo Ortiz, cursó una multa de 500 UTM a la empresa, equivalentes a $27,8 millones. No obstante, la autoridad levantó la prohibición de funcionamiento, dando por satisfactorias las mejoras implementadas por la empresa en el manejo de los cadáveres, aunque observó que la humedad en los acopios de purines seguía sobre la norma.

En este contexto, el gerente general de Coexca, Guillermo García, admitió los errores y señaló que lo sucedido es “una lección” y que su compañía “debe ir mejorando los estándares”, como lo hizo, según él, con la planta de San Agustín del Arbolillo, ubicada en la Región del Maule, camino a Cauquenes, la que también pasó por procesos sancionatorios y de denuncia ya cerrados (vea la carta enviada a CIPER sobre el tema). “Es un plantel que ahora ya está muy tranquilo”, insistió y recordó que no hay denuncias desde hace un año.

Respecto de si el fondo danés IFU conocía o no las operaciones cuestionadas, el gerente general de Coexca sostuvo para este reportaje que ellos tienen un 25% de las acciones de la empresa y participan del directorio de ésta, donde los representa el ejecutivo Jakob Anker Tvede. “Ellos siempre han estado muy ocupados y preocupados de que subamos los estándares”, insistió Guillermo García, y citó como ejemplo el interés de los europeos por reducir la huella de agua de las operaciones de estos planteles de cerdos.

Bernardita Araya, tras lamentar que los vecinos nos disponen de recursos para realizar estudios que evalúen todo el daño ambiental provocado por la empresa, señaló que efectivamente quieren soluciones de largo plazo. El 21 de abril la Corte de Apelaciones levantó también la orden de no innovar y permitió que la empresa retomara sus faenas en el fundo San Francisco. Los vecinos anunciaron que el 27 de abril pedirían reponer la medida.

Independiente del desenlace del conflicto, el senador por la zona, Juan Luis Castro (PS), sostiene que «la empresa ha infringido la normativa medioambiental, en cuanto a la forma de sacrificar, la manera de deshacerse del agua contaminada, los olores, la contaminación del suelo”.  Y, en una mirada más allá del conflicto, el congresista sopesó que es preocupante que una empresa internacional con capitales estatales daneses, como IFU, actué con un doble estándar, incumpliendo las normas ambientales en Chile. “Eso puede derivar incluso en un problema diplomático”, dijo.

Desde Dinamarca, el catedrático Jacob Dahl Rendtorff, profesor en filosofía de la gestión en la Universidad de Roskilde (RUC), sostuvo para este artículo que es poco entendible la lógica con que actuaron los capitales estatales daneses al comprar una parte de la propiedad de una firma como Coexca. «No es tan innovador invertir en una empresa de cerdos con medios convencionales y destruyendo la naturaleza. ¿No debería un fondo de inversión como DAF pensar de forma más innovadora? Si la IFU lo hiciera bien, ¿es realmente sostenible?  Especialmente la carne de cerdo, ¿por qué debería ser sostenible? Es muy clásico y poco innovador. ¿Cuál es la razón para que el IFU invierta en esta empresa?», inquirió.

«Es realmente vergonzoso para un fondo de inversión de este tipo si no está a la altura de su propio propósito del fondo. Si va tan en contra de su propósito como inversor. Cuando se trata de un fondo como el IFU se puede evitar invertir en contaminación, por lo que tienen una responsabilidad bastante grande. Un fondo que políticamente se supone que promueve proyectos sostenibles, es vergonzoso si no es sostenible”, concluyó.