Derecho a la vivienda o cliente del mercado

Las agrupaciones de deudores habitacionales han demostrado una gran paciencia, creatividad y enojo para sus protestas. Aún están en nuestra memoria sus acciones en el Congreso, en el Palacio de la Moneda, en altísimas grúas de la construcción en el centro de Santiago, y, sobre todo, por el dramatismo que significó la toma del río Mapocho bajo el puente Pío Nono.

En todas estas acciones han demostrado valentía y especialmente creatividad para llamar la atención acerca de sus problemas. Sin duda constituyen un permanente dolor de cabeza para el gobierno y especialmente para la Presidenta.

Si vamos al tema de fondo, el conflicto se da por una especie de  colisión de derechos e intereses. Por un lado, el derecho de las familias a acceder a una casa propia y, por otro lado, el derecho de las instituciones financiadoras (públicas o privadas) a recuperar sus inversiones (para reinvertirlas en viviendas para sectores pobres, en el caso de las instituciones públicas) y realizar la ganancia (en el caso de las instituciones privadas).

Querámoslo o no, estamos en una economía en la cual es el mercado el principal asignador de recursos, y en la cual el Estado cumple un rol subsidiario, atendiendo a los sectores más pobres a los cuales el mercado no les permite acceder. En este contexto, la vivienda es un bien, no un derecho para la mayoría de las familias chilenas.

Bajo estas premisas, quizás el problema a discutir sea la definición de donde pasamos la línea para definir la mayor pobreza. Es decir, re-definir a quienes el gobierno debe subsidiar para la consecución de vivienda. Al parecer, para las autoridades de vivienda, estos grupos de deudores habitacionales de los que estamos hablando, no constituyen los más pobres de la sociedad, o al menos, consideran que hay otros sectores aún más pobres a los cuales sí atiende completamente. Por lo tanto, estos grupos protestantes están en las mismas condiciones que una gran parte de los chilenos, endeudados con el pago de su vivienda, pero que no califican para ser absolutamente subsidiados.

Es curioso lo que pasa con este movimiento, en una sociedad, mediáticamente, al menos,  tan solidaria con las protestas de los más desposeídos, no han logrado atraer la simpatía de la población, como sucede con otros conflictos (los gendarmes o los profesores).

Quizás la razón esté dada por el hecho que estos deudores habitacionales organizados son víctimas o actores (depende cómo se los mire) de una sociedad que a todos, reitero, a todos, nos obliga a responder a las deudas contraídas, especialmente a aquellos que no constituyen los más pobres de la sociedad (y que, por lo tanto, no califican para obtener la vivienda gratuita), pero que por su frágil adscripción al sistema tienen una vida muy inestable.

Lo concreto es que, pese a las espectacularidad y capacidad comunicacional de estas agrupaciones, no han conseguido la simpatía y apoyo de la comunidad, y, lamentablemente, tampoco de las autoridades pertinentes.

Fuente: www.radio.uchile.cl