Ampliación del radio urbano comunal: Denuncian manejos sospechosos en Colina

Consejero acusa a Vivienda y al MOP, así como a consultora vinculada con la Concertación y grupos inmobiliarios.

por VÍCTOR ZÚÑIGA

Sin pelos en la lengua, algunos consejeros regionales metropolitanos cuestionaron en forma y fondo la acción de los Ministerios de la Vivienda y de Obras Públicas para lograr la ampliación del límite urbano de Colina, agravado por la fuerte presión de una consultora con vínculos con la Concertación y poderosos grupos inmobiliarios que operan en esa comuna de Santiago.

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En votación del miércoles pasado en el Consejo Regional Metropolitano, con 20 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, se aprobó finalmente extender el radio urbano de Colina en 825 hectáreas, lo que gatilló una controversia entre los consejeros.

El presidente de la Asociación de Consejos Regionales de Chile, Mauricio Morales, explica que en este tema hay varias situaciones «sospechosas».

Acusa la intervención de la consultora Urbe, a cargo de Pablo Jordán, vinculada con el «think tank» de la Concertación Expansiva, que presentó el plan regulador comunal de Colina en representación de esa municipalidad y a la vez del sector privado vinculado con un proyecto inmobiliario en esa zona norte de la ciudad.

«Le pregunté al alcalde de Colina, Mario Olavarría, cómo era posible que la consultora a cargo de hacer el plan regulador de esa comuna, contratada con recursos públicos, estuviera a la vez como privado a cargo del proyecto Santa Elena. Eso, desde mi punto de vista, representa una incompatibilidad y me parece de extrema gravedad», dice Morales.

Aclara que la culpa no es de Jordán sino «de quién le da el afrecho» y con ello se refiere no sólo al municipio en cuestión sino también al Ministerio de la Vivienda. «Estas consultoras son contratadas también para trabajar con los municipios, con el visto bueno del Ministerio de la Vivienda. Entonces, tenemos la misma consultora trabajando en la mañana para el municipio y en la tarde para el privado. Eso es a lo menos sospechoso».

Se le indicó que hay inversionistas poderosos detrás de Colina, como Juan Carlos Latorre, Horst Paulmann, Sebastián Piñera, y la familia Ibáñez, a lo que el consejero dice que ellos están en su negocio, pero igual reciben un trato privilegiado de los ministerios de la Vivienda y de Obras Públicas.

Y fundamenta su cuestionamiento.

Explica que la cartera de la Vivienda tiene el radio urbano del Gran Santiago «congelado» desde diciembre pasado por medio de la Circular 41; sin embargo, en enero pasado hace una excepción y envía una modificación para cambiar el límite urbano de Colina, lo que se aprobó finalmente el miércoles en el Consejo Regional.

«¿Por qué el Ministerio de la Vivienda tiene manga ancha para Colina y la manga angosta para otros que también piden ampliar su radio urbano y así poder satisfacer la demanda por vivienda social de su población, especialmente allegados?», se pregunta Morales.

Y con ello se refiere a las comunas postergadas de Huechuraba, Renca, Quilicura, Puente Alto, Maipú, Calera de Tango y San Bernardo.

Morales aclara que él votó a favor de Colina, pero indicó que hay molestia porque se está privilegiando a una comuna sólo por las presiones inmobiliarias, en donde 100 de las 815 hectáreas tienen una alta plusvalía por estar vinculadas a Chicureo.

Se trata de un «mercado inmobiliario caliente», por terrenos que se compraron inicialmente muy baratos, a 0,2 a 0,3 UF el metro cuadrado, para luego levantar construcciones que bordean las 6 mil UF a 11 mil UF; es decir, de los 120 a más de 200 millones de pesos.

Pero Morales no se queda ahí.

También acusa al Ministerio de Obras Públicas al favorecer la nueva Radial Nororiente por Colina, sin exigir de los privados las mitigaciones en equipamiento e infraestructura como se contempló en acuerdos suscritos.

Morales explica que el camino que conecta Chicureo con La Dehesa tuvo una inversión de US$ 15 millones, que ha sido reconocida por el MOP y sin exigir obras de mitigación que contempla la condición normativa para la Zona Urbanizable con Desarrollo Condicionado (Zudc).

«Al final, todas las aguas lluvia de Chicureo van a ir a parar a las comunas de Quilicura y de Pudahuel por el estero Los Patos y Las Cruces. No hay ninguna mitigación. No hay preocupación ni del Ministerio de Obras Públicas y mucho menos del Ministerio de la Vivienda por esas aguas lluvia. Tampoco hay materialización de calles para conectar Lampa, Quilicura y Colina, después de años de haberse firmado el convenio entre el Zudc y el MOP».

Morales reconoce que tiene militancia DC, pero aclara que como consejero se debe a la ejecución de obras en educación, salud, vivienda, lo que implica tener discrepancias con ministros de la Concertación, como la ministra de la Vivienda, Patricia Poblete (DC).

«Al límite del tráfico de influencias»

Consejero Cristián Sandoval pidió información sobre consultora Urbe, que promovió cambio de suelo de Colina representando al municipio y a privados.

El consejero regional metropolitano Cristián Sandoval (DC) expresó que solicitó durante la sesión pasada del Consejo Regional requerir información sobre la consultora Urbe, que tiene ciertas conexiones con la Concertación, a través de Expansiva, y que logró finalmente extender el radio urbano de Colina.

Compartiendo las aprensiones del consejero Morales (DC), Sandoval -quien se abstuvo en la votación- explicó que esta consultora, a cargo de Pablo Jordán, quien integra Expansiva, opera al límite de lo lícito. Consultado si hay tráfico de influencias, Sandoval contestó: «Está en el límite».

Patricio Salinas (DC), que votó en contra de expandir el radio de Colina, expresó duras críticas al Ministerio de Vivienda y concordó con Sandoval en que hay consultoras clase A, B y C, en donde a las primeras «les resulta todo».

Posición discrepante tiene el consejero regional Félix Viveros (RN), quien explica que la modificación del plano comunal de Colina viene hace años desarrollándose, logrando las autorizaciones de diversos organismos públicos como la Corema, todo lo cual está en regla. Explicó que si sus colegas tienen información de situaciones anómalas, entonces deberían recurrir a los tribunales o a la Contraloría y hacer las denuncias. Similar predicamento tiene el consejero Pedro Saitz (PPD).

Fuente: El Mercurio Domingo 25 de marzo de 2007