Diseño y ubicación de viviendas sociales incide en la generación de delincuencia, según revela estudio

Por MARIO GÁLVEZ

Esta es una parte del denominado «Proyecto Anillos. Crimen y Violencia Urbana. Aportes de la teoría ecológica del delito a las políticas públicas» que se realiza desde 2009 con aportes del Conicyt. Y deja en evidencia la relación entre violencia y delincuencia que afecta a zonas residenciales que tienen cercanía a viviendas sociales.

El trabajo, desarrollado por profesionales de distintas disciplinas, indagó entre 20 a 25 hogares de cada uno de los 242 barrios distribuidos en las 37 comunas del Gran Santiago, elegidos aleatoriamente.

Con una encuesta de victimización llevada a cabo entre agosto y octubre de 2010, se determinó que esos conjuntos residenciales o microbarrios son los más afectados por delitos o sensación de inseguridad.

«Existe la tendencia a pensar que la mejor manera de obtener seguridad es segregando especialmente a los barrios de acuerdo al nivel socioecómico», explicó Hugo Frühling, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la universidad, que encabeza el equipo que desarrolla la investigación.

Pero esa separación, añadió, «alimenta o produce mayor nivel de violencia en la medida que segrega espacialmente, dificulta el contacto entre personas, hace que los tiempos de acceso o traslado al trabajo se hagan cada vez más difíciles para los que están más alejados» de los centros urbanos, en razón a los costos de los terrenos versus el aumento de la cobertura en vivienda.

Ello tiene un fuerte impacto en la producción de conductas antisociales y desapego a la ley, precisó Frühling. «Para la seguridad, es mejor que no se concentre la pobreza, sino que se disperse y ojalá esté en contacto con otros sectores».

Segregación de pobres

El arquitecto Ricardo Tapia, uno de los investigadores de este estudio, apunta a que desde 1980 hasta mediados del gobierno del Presidente Ricardo Lagos hubo una mala distribución urbana y una suerte de segregación sobre quienes postulaban a viviendas sociales.

Los propietarios fueron elegidos a través de la ficha CAS, lo que permitiría clasificar a los más pobres para ubicarlos en comunas del mismo tipo, carentes de comodidades urbanas y en terrenos de bajo costo.

«De acuerdo a su característica socioeconómica, es decir si pertenecían al segmento más pobre, les asignaban las casas. Desde (el gobierno del Presidente) Lagos en adelante, por lo menos hasta (la Presidenta) Bachelet, apareció la modalidad de postular en grupos organizados por las EGIS, entidades que ubicaban a las personas de acuerdo a sus intereses de dónde querían vivir», explicó el profesional.

Los grupos habitacionales que nacieron desde 1980 en adelante son en altura, de tres a cuatro pisos, y de hasta 3.200 viviendas en un solo lugar, con pasillos oscuros y rincones proclives a la generación de pandillas.

Entre los habitantes de estos conjuntos habitacionales se observa desapego a las normas por parte de sus habitantes y «leyes propias» que se adoptan como permanentes, recoge el estudio.

Victimización y delitos

La psicóloga Ximena Tocornal, otra de las investigadoras, señaló que se definieron cuatro grupos de conjuntos residenciales (CR) o microbarrios de acuerdo a la distancia con las viviendas sociales. Por ejemplo, el grupo 0 estuvo conformado por CR ubicados a más de 1.000 metros de éstas. Y el grupo 3, a menos de 300 metros de poblaciones de casas económicas.

«En aquellos casos donde se superponen viviendas sociales con el microbarrio encuestado (grupo 3), hay mayor victimización», explicó. Allí se registró un 19% de hogares que declararon haber sido victimizados. Mientras que los CR que se encontraban más lejos, mostraron una victimización promedio de entre 13% y 15%», dijo. En cuanto a delitos reportados, también se observa la misma realidad.

Sobre el nivel de violencia, se detectó que los que viven más lejos y más cerca de las viviendas sociales la perciben menos, y los que están en distancias intermedias perciben más. «Esto puede ocurrir porque hay un acostumbramiento a observar hechos de violencia», explicó Tocornal.

ENTORNO

Para realizar la encuesta los barrios se organizaron en un radio de seis manzanas censables, con 800 habitantes y 200 hogares en promedio.

5.860 hogares abarcó el estudio que se realizó en 242 barrios de comunas del Gran Santiago.

16 barrios cada uno aportaron Cerro Navia y El Bosque, los más numerosos de la muestra.

 

Fuente: El Mercurio (Santiago, Chile) Sección: Nacionales – 15 de octubre del 2011

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