Carlos Montes: “El derecho a la vivienda en la constitución no es automático, sino una orientación de acción y prioridades para el Estado”
Por Ignacio Leal
Fuente: La Tercera 27/05/2022
El ministro aborda la crisis habitacional que sufre el país. El desafío de los 260 mil hogares al finalizar el período es su gran meta, por la que está coordinando un profundo plan de emergencia. Sobre los campamentos, señala que “reflejan que las políticas públicas deben ponerse al día y resolver cuestiones que no se han resuelto bien”.
Aunque varía, dependiendo del estudio, el consenso de los expertos es que el déficit habitacional en Chile supera las 600 mil casas. Y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), es quien deberá retomar el camino para acortar esa brecha, asumiendo un desafío que ningún otro gobierno ha conseguido: entregar 260 mil hogares al finalizar el período de cuatro años.
Y lo tratará de hacer a través de un rol activo de la cartera en la adquisición de terrenos para viviendas y la elaboración de un Plan de Emergencia Habitacional.
¿En qué consistirá el plan que se lanzará?
En primer lugar, diversificar la forma de la vivienda. Hoy ya tenemos algunos decretos que tienen que ver con el Fondo Solidario, proyectos de integración, pero además vamos a incorporar viviendas municipales, vinculadas a la empresa, que el Serviu construirá para los sectores que no tienen organización. También están los pequeños condominios o la autoconstrucción, que también impulsaremos. Son distintos los caminos.
¿Qué otros pilares se contemplan en este plan?
La generación de un banco o una agencia de suelos públicos, que tiene que ver desde cómo comprar terrenos, hasta cómo cuidarlos durante el tiempo. El tercer pilar es diversificar los tipos de vivienda, porque ya estamos con buenas experiencias en viviendas industrializadas que, además de abaratar costos, ayudan a mejorar la contaminación.
¿Van a modificar las exigencias a las empresas constructoras, entonces?
Lo que esperamos es que la Cámara Chilena de la Construcción asuma más responsabilidad con sus propios afiliados, con quienes no han respondido con los estándares de calidad, pues se dejan obras en que no se avanza. También estamos elaborando un plan de formación de maestros y un plan para abastecernos de productos de la construcción, para evitar esta violenta alza en los insumos.
Hay mucho reclamo por la burocracia en torno al acceso a la vivienda. ¿Se mejorará?
Un cuarto pilar tiene que ver con el propio ministerio y los organismos públicos, donde estamos buscando acortar los plazos. Hoy nos estamos demorando entre tres y cuatro meses en algunos trámites que podrían estar en menos tiempo.
El Presidente Boric prometió 260.000 nuevos hogares. ¿De dónde se sacará el dinero?
Por ahora, estamos trabajando en dos líneas: una presupuestaria y otra de apoyo a las contrapartes. Estamos trabajando en un proyecto con sindicatos y empresas que comienza desde la base de que el suelo lo colocan (ellos), lo mismo con los municipios. Vamos a tener mecanismos de esa naturaleza, pero también destinaremos como gobierno una gran cantidad de presupuesto. Debemos buscar otros mecanismos y hay varios que en el pasado no muy lejano existieron, como créditos (estatales).
Para muchas familias, una mejor solución es tomarse un terreno, vivir de allegados o arrendando, ¿cómo se puede evitar esto?
Tenemos claro cuántos son los campamentos que existen en el país y cuál es la situación que se está dando en cada uno. Lo concreto es que varios de los campamentos más antiguos están en condición de poder radicarse en donde están, ya sea vía urbanización o urbanización y construcción. Pero hay otras realidades. Algunos campamentos necesitan ser relocalizados, porque donde están ubicados ponen en riesgo sus vidas; a ellos estamos viendo cómo trasladarlos. Y hay otros, que son los campamentos de quienes recién están llegando al país, donde viven personas que incluso pagan por un sitio tomado.
¿Cree que este problema regresó para quedarse?
Hay quienes creen que por el hecho de tomarse un terreno van a llegar más rápido a la casa propia y eso no es así. Hay procesos, hay programas. Los campamentos reflejan que las políticas públicas deben ponerse al día y resolver cuestiones que no se han resuelto bien.
Detrás de todo esto está el precio de la vivienda. ¿Cómo se frena el alza?
Cuando hablamos de diversificar los tipos de vivienda, también estamos hablando de otras formas de incentivar la construcción a bajo costo. Por eso, con Corfo vamos a inaugurar este martes (31 de mayo) un taller sobre el costo de los insumos, donde hemos estado observando la variación de 22 insumos y concluimos que sí han subido, pero lo que más ha subido de precio son los traslados. Estamos viendo la forma de producir más madera o cemento, pero también la forma de cómo podemos organizar las importaciones, porque hay empresas que salen cada una por su cuenta a buscar insumos afuera, consiguiendo productos de menor calidad ni con el stock que se espera.
Se garantizó el derecho a la vivienda en el borrador de la nueva Constitución. ¿Puede el Estado velar porque se cumpla?
De los principales temas constitucionales que he visto, como el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, el concepto de propiedad y el rol del Estado, hay definiciones que deben estar, así ocurre en muchas constituciones latinoamericanas y europeas. Obviamente, esto no es automático, sino una orientación de acción y de prioridades para el Estado y eso puede ser muy positivo. Veremos qué texto sale finalmente, pero ya se ve que hay un avance.
Cuando era candidato, el Presidente Gabriel Boric prometió que los migrantes tendrían una vivienda digna, ¿cómo se ha manejado esta expectativa?
La situación migratoria es algo que asumimos con responsabilidad en el marco de la ley y las orientaciones políticas del Presidente Boric. Se trata de que los migrantes deben cumplir ciertas reglas y a partir de eso el Estado asume su rol de apoyarlos en educación, salud y vivienda. En esto último, ellos deberán incorporarse a un comité, solicitar subsidios, hay un procedimiento establecido.