Guía para fiscalizar grandes proyectos inmobiliarios en su barrio
Por Joaquín Riffo B.
Fuente: Interferencia.cl 28/06/2022
La Fundación Defendamos la Ciudad lanzó un documento gratuito de menos de 50 páginas, que entrega directrices fundamentales para entender la legislación urbana -normativa vigente, permisos de edificación, responsabilidades institucionales, canales de denuncia y sentencias de la Corte Suprema, entre otras-, para así saber defender inmuebles y barrios de grandes proyectos inmobiliarios. Acá se puede descargar.
Este manual tiene como objetivo entregar conocimientos básicos y algunas recomendaciones para fomentar la fiscalización ciudadana del cumplimiento de las normas urbanísticas y ambientales en proyectos inmobiliarios. Esa fiscalización es necesaria porque en ciertos casos las comunidades son afectadas por la construcción y funcionamiento de proyectos que no respetan las normas aplicables”, reza el comienzo del Manual práctico para fiscalizar proyectos inmobiliarios de la Fundación Defendamos la Ciudad.
En esa línea, el texto afirma que “esto ocurre cuando las autoridades competentes, municipales o sectoriales, por distintas razones, no cumplen apropiadamente sus funciones. Es deber de esas autoridades revisar y autorizar los proyectos solo si cumplen las normas aplicables. Por lo tanto, si esas autoridades cumplieran siempre sus funciones este manual sería en gran medida innecesario”.
En lo que espera ser una concisa pero contundente presentación, el documento -que es una actualización de la primera versión del manual que se publicó en julio de 2020- aborda los principales aspectos que la ciudadanía debería tener en cuenta a la hora de enfrentarse a la tarea de fiscalizar un proyecto inmobiliario.
De esa forma, la introducción del texto relata las normas urbanísticas y ambientales aplicables a proyectos inmobiliarios para luego dar paso a describir los certificados de informaciones previas y permisos de edificación.
Junto a ello, se establecen las responsabilidades correspondientes a organismos como los municipios, las Seremis Minvu, la Contraloría General de la República y los Tribunales de Justicia.
El apartado de cumplimiento de normas urbanísticas, por su parte, responde a tres interrogantes que pueden serle de ayuda a las comunidades fiscalizadores: “¿Cómo detectar los errores en el cumplimiento del Plan Regulador Comunal y/o Plan Regulador Metropolitano?”, “¿Cómo detectar los errores en el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones?” y “¿Cómo detectar los errores en el cumplimiento de dictámenes de la Contraloría General de la República?”.
El manual también explica cómo denunciar las irregularidades, y contiene un anexo de sentencias de la Corte Suprema que hay que tener en consideración, junto con sitios web de interés.
«En Chile, los órganos de la administración del Estado, como municipalidades, ministerios, Contraloría o el CDE, generalmente actúan en función de las denuncias que se les formulan, no por iniciativa propia», dice Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad,
En conversación con Interferencia, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, apuntó que “esto nace a partir de una conclusión en la que hemos diagnosticado que existe un escenario perfecto para el desarrollo inmobiliario, por una mezcla de ignorancia de la ciudadanía respecto a la legislación y de corrupción por parte de algunos actores involucrados en negocios de este tipo”.
En ese sentido, Herman sostiene que “los inversionistas tienen a los mejores asesores, a los mejores abogados y a los profesionales más capacitados para hacer sus negocios. Y la ciudadanía, dentro de su ignorancia, no tiene a nadie, no tiene plata, contratar a un abogado especialista es muy complejo. Entonces lo que buscamos con esto es entregar formación para que el ciudadano pueda ir aprendiendo”.
Consultado sobre por qué muchos de los proyectos que terminan siendo judicializados originalmente fueron primero fiscalizados por ciudadanos de a pie en vez de algún organismo a cargo, Herman cree que “esto sucede por una razón muy simple. En Chile, los órganos de la administración del Estado, como municipalidades, ministerios, Contraloría o el CDE, generalmente actúan en función de las denuncias que se les formulan, no por iniciativa propia”.
A juicio del presidente de la Fundación, “estos temas son bastante crípticos y técnicos. Y encima, son muy complejos porque la legislación está elaborada de una forma que es difícil de entender a primera vista, con contradicciones entre un cuerpo y otro”. Adjuntos:
| Adjunto | Tamaño |
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 mpfpi-v01_2_1.pdf | 723.24 KB |