Por Leonardo Cárdenas

Fuente: La Tercera 18/01/2021

Nunca en los cuarenta años del complejo turístico se habían instalado rejas en sus calles. Hoy la relación entre vecinos de uno de los condominios del balneario con cuatro inmobiliaria está quebrada, luego que estas últimas acudieran a tribunales y lograran desbloquear las vías. El problema es que los residentes no quieren dar su brazo a torcer y luego de perder en la Corte Suprema evalúan iniciar nuevas acciones legales.

El 30 de diciembre de 2020, la Corte Suprema ordenó reabrir las calles y pasajes del complejo turístico Marbella, ubicado en la comuna de Puchuncaví en la Región de Valparaíso. Esto luego que un grupo de vecinos a comienzos del año pasado instalaron pórticos y rejas para impedir el paso de camiones y automóviles.

Por primera vez en sus cuarenta años de historia los ánimos al interior de la comunidad se vieron alterados por un conflicto que escaló hasta el máximo tribunal del país y que puso frente a frente a los copropietarios del Condominio P-1 con grandes inmobiliarias. Se trata de grandes inmobiliarias que desarrollan proyectos de segunda vivienda: Rentas Patio SpA de los hermanos Jalaff-; Inmobiliaria Fortaleza -ligada a José Ignacio Amenábar y Guillermo Andrews-; Inmobiliaria y Rentas SpA y Burotto Desarrollos de propiedad empresario César Burotto.

En su sentencia la Tercera Sala de la Corte Suprema concluyó que “la conducta desplegada por el recurrido (condominio P-1 de Marbella), altera una situación de hecho aceptada e implica a su vez una acción de autotutela, dejando en una precaria situación a la sociedad recurrente, quien no sólo se ha visto impedida de acceder al inmueble de su propiedad, sino que también ha sido afectada patrimonialmente en cuanto no se le ha permitido usar y gozar del inmueble”.

A raíz del fallo, las inmobiliarias evalúan lanzar una nueva arremetida legal con demandas por el daño patrimonial ocasionado. Mientras, los vecinos del condominio P-1 estudian acudir a tribunales para se declare la no existencia de servidumbres. Entre los vecinos del condominio P-1 figuran: Rodrigo Larrain Kaplan, gerente general de Enjoy; Tomás Infante Güell, fundador y actual gerente general de Kross; Alfonso Swett, ex presidente de la CPC, entre otros.

Todo comenzó en la reunión de la Asamblea del Condominio P-1 de abril de 2019. Aquí los vecinos toman la decisión de instalar las barreras cansados por el alto número de vehículos circulando por sus calles. Piden respetar su tranquilidad, acusan que las vías internas del condominio no están preparadas para el tráfico de camiones y alertan por el temor a que ocurra un accidente. A raíz de la molestia el comité del condominio presidido por Alejandro Cartagena e integrado por Luis Berríos y Carlos Schultz decide la instalación de barreras y rejas en los pasajes.

La disputa pasó a tribunales, luego que inmobiliarias presentaran cuatro recursos de protección que si bien en un principio fueron desestimados por Corte de Apelaciones de Vaparaíso, posteriormente la Corte Suprema resolvió acogerlos, marcando la derrota de los vecinos. De hecho, el pasado viernes la defensa del condominio -liderada por Jorge Lembeye y Daniel Praetorius (ex socios de Jorge Bofill)- presentó un escrito con fotografías que confirman el retiro de las rejas.

Según consta en uno de los expedientes del caso, el 27 de julio pasado, Marcela Vega, una de las vecinas afectadas -esposa del abogado Jorge Bofill Genzsch y consejera del mismo estudio- manifestó su molestia y preocupación al administrador del condominio Mario Silva por el ingreso de vehículos al pasaje del condominio P-1.

“Estimado don Mario. Junto con saludar, escribo para poner en su conocimiento que el día de ayer un auto marca AUDI de un tercero ajeno al condominio entró por el pasaje sin salida ubicado entre las casas P65 y P66, excediendo la velocidad máxima sugerida y sin atención al letrero que advierte sobre la presencia de niños, ingresando al jardín de mi casa donde se encontraban jugando mis niñitas, de 6 y 5 años de edad”, escribió en un correo electrónico enviado a la administración.

“Milagrosamente, pese a la velocidad en que circulaban los vehículos por el pasaje sin salida y el inesperado ingreso al jardín de mi casa, no hubo una desgracia que lamentar. En efecto, la carrera de estos dos autos y el camión fue advertida por la asesora del hogar, quien gritó a mis hijas que se movieran, evitando una tragedia. En atención a lo expuesto, me permito proponerle que se instalen vallas en el sector P, ya que terceros ajenos a los vecinos tristemente hacen caso omiso a los letreros existentes que advierten sobre la presencia de niños jugando”, propuso en su correo la abogada”, advirtió.

Ante el bloqueo de las calles, las inmobiliarias acusaron la vulneración de los derecho de propiedad y la libertad de emprender su actividad económica, ambos consagrado en la Constitución Política de la República.

La arremetida de las inmobiliarias

El 4 de mayo de 2020, Inmobiliaria Mediterráneo SpA -sociedad ligada a Burotto Desarrollo- presentó un recurso de protección, luego que el 9 de abril, un grupo de vecinos instalaran una reja de madera con base de cemento para bloquear la entrada y salida al predio de propiedad de la inmobiliaria. La empresa representada por el abogado Tomás Walker construye desde 2017 un megaproyecto inmobiliario que considera 36 departamentos, cuya entrega está proyectada para el segundo semestre de 2021. Cada uno de sus departamentos tiene un valor comercial superior a los $220 millones.

Según su abogado el problema es que el conflicto con los vecinos vino en un mal momento, tras la pandemia y el 18-O ocurrió la divergencia. Por lo mismo, Walker dijo “creemos que se han terminado los problemas, pero aún estamos evaluando los perjuicios ocasionados producto del bloqueo de las calles. Esperamos que ahora las desavenencias hayan quedado en el pasado”.

Pero al poco tiempo, el bloqueo de calles se volvió en la tónica para las inmobiliarias. El 5 de junio del año pasado, Inmobiliaria Formar Tres SpA. -ligada a Inmobiliaria Fortaleza- presentó un nuevo recurso de protección en contra del mismo condominio del sector P-1. Esta vez acusó a la administración de intentar limitar arbitrariamente la clase de vehículos que podrían ingresar al terreno.

En este caso el 22 de mayo, el condominio instaló un cerco de madera de una altura aproximada de un metro en el Lote P2B y que obligadamente requiere transitar por un camino que atraviesa el denominado “Sector P1”. Al enterarse de lo ocurrido, Pedro Beas, gerente de Proyectos de Fortaleza se entera se comunica vía WhatsApp con Andrés Greve, gerente general de Inmobiliaria y Constructora Marbella Chile SpA, quien también se muestra sorprendido por el cierre de la calle.

Cuatro días después, Beas pide a Mario Silva -administrador de Marbella- saber quién instaló el cerco, asegurando que a él también le gustaría instalar un portón para dejar cerrado el sitio. Este último le responde que “el cierre se instaló para fortalecer la seguridad de las casas aledañas a este sector, dado que la situación actual en la zona nos obligó a tomar algunas medidas transitorias para mantener el grado de seguridad, sobre todo para aquellas casa que colindan con sitios eriazos”.

“Verdaderas barricadas”

El problema es que posteriormente, Silva le indica a Beas que el contratista que podría instalar el pórtico está actualmente cotizando la instalación “con capacidad para camioneta”. De inmediato, el correo encendió las alarmas para Fortaleza. Según su recurso de protección, presentado por el abogado Santiago Montt Vicuña, la respuesta del administrador no sólo perturba el derecho de propiedad de la inmobiliaria, sino que también su derecho a desarrollar su actividad económica.

Acto seguido: el ejecutivo de Fortaleza le señaló -vía correo electrónico del 4 de junio- lo siguiente: “Estimado Mario. Atendiendo lo acontecido, se les instruye a retirar el cerco instalado, los días 8 y 22 de mayo, que impide el acceso al Lote P2B a la brevedad”. Al otro día, el administrador del condominio contestó: “Quisiera reiterarte que este cerco fue instalado en el deslinde de nuestro condominio con el sitio eriazo del lote P2B, como parte de las medidas adicionales que hemos debido implementar en este último tiempo para reforzar la seguridad de los residentes que colindan con el lote P2B, a consecuencia del incremento de la delincuencia influida por la pandemia que afecta al país”.

Más directa se mostró el 19 de junio del año pasado Inmobiliaria y Rentas SpA, la cual también presentó un recurso de protección. La firma -representada por el abogado Jean Paul Couchot Bañados- a diferencia de los dos casos anteriores no se encuentra realizado obras en su sitio y acusó al condominio de “impedir el desarrollo de otros proyectos inmobiliarios”.

“El 10 de junio de 2020, nuestra representada se percata que la recurrida de manera ilegal y arbitraria, construyó por sí y ante sí, diversas rejas y barreras de metal, cemento y madera, en medio de varios de los caminos internos del Complejo Turístico Marbella, que son precisamente los que dan acceso a los lotes MF1 y MF2. La instalación de estas verdaderas barricadas impide -de hecho- a nuestra representada acceder a su inmueble, el Lote MF2, del cual es propietaria”, acusó la inmobiliaria.

El 24 de junio fue el turno de Rentas Patio SpA. Al igual que las otras inmobiliarias, esta también alegó una afectación al derecho de propiedad y amenaza a la libertad económica.

“Cualquiera de las actividades que desee realizar nuestra representada (ya sea la venta del inmueble a terceros, el desarrollo de un proyecto inmobiliario u otro tipo de explotación comercial) devendrá en imposible si no ex¡sten condiciones de acceso para vehículos que posibiliten la ejecución de obras dentro del inmueble”, consignó el escrito presentado por el abogado Samuel Donoso.