Pobreza y riesgo social: la nueva ficha CAS
En noviembre de 2006 partió un nueva forma de abordar la pobreza. La nueva Ficha de Protección Social dejó de poner el acento en la tenencia de bienes y puso sus ojos en la vulnerabilidad social, hacinamiento, precariedad laboral o enfermedades. Por primera vez, además, se catastró a las personas en situación de calle
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En busca del Chile real, el de la pobreza dura y el de la alta vulnerabilidad social, bajo el Gobierno de Michelle Bachelet se atacó una tarea pedida a gritos: sepultar la injusta y desfasada ficha CAS, vital para asignar 479 millonesde pesos en subsidios sociales (pensiones Pasis, subsidio único familiar, de agua potable y subsidios habitacionales), por una herramienta que no midiera la pobreza en función de la tenencia de un televisor o una vivienda sólida.
El nuevo enfoque requería considerar variables de riesgo como hacinamiento, disponibilidad de servicios básicos (agua, alcantarillado, por ejemplo), allegamiento, precariedad laboral, trabajo infantil y condicionantes sociales de la salud (enfermedades, discapacidad, alcoholismo, drogadicción, tiempos de acceso a recinto asistencial, etc.). Como nada de esto era considerado por la antigua CAS, el 27 de noviembre de 2006 partió la encuesta con la nueva Ficha de Protección Social que abarcará a siete millones de chilenos, proceso que culmina en abril próximo.
El factor nacionalidad y pertenencia al pueblo originario hacen su estreno con la nueva forma de distribuir los apoyos estatales. También se considerarán como parte de la familia a quienes están temporalmente fuera de la casa, por ejemplo, estudiando en otras regiones o que puedan estar encarcelados. Los resultados serán publicados en mayo de este año.
Abuelos e indigentes
Al término de 2006 están incorporadas al sistema aproximadamente un millón de personas, más de 268.000 familias, incluyendo a 6.500 adultos mayores solos y el inicio del Programa de Apoyo a las Personas en Situación de Calle con 3.000 de ellas incorporadas al sistema de protección social.
La administración Bachelet también puso sus ojos en el trabajo realizado hacia los pueblos indígenas, a través de la ‘Consulta Indígena Urbana’, proceso inédito en Chile y Latinoamérica para elaborar una política que dé cuenta de la realidad de la población indígena que vive en las ciudades, que representan el 70% del total de la población indígena del país. En 2006 se entregaron 36.160 becas indígenas para estudiantes de enseñanza básica, media y superior, se apoyaron más de 3.000 proyectos de fomento al desarrollo productivo, en tanto el Fondo de Tierras asignó 8.799 hectáreas a 28 comunidades indígenas, es decir, casi mil familias.
Fuente: La Nacion Viernes 9 de marzo de 2007