La construcción de una vivienda digna no es posible sin la participación de los postulantes
Fuente: Noticias UChile Online 6/08/2015
Texto de Felipe Ramirez
El sueño de tener una casa es una de las aspiraciones principales de muchas familias. A pesar de los diversos esfuerzos realizados por el Estado, son miles quienes continúan compartiendo el hogar de otra familia, ya que no pueden obtener una vivienda propia. Expertos de la Universidad de Chile destacaron lo importante de una política habitacional de Estado, y el rol activo de los allegados en el desarrollo del diseño de las viviendas.
Desde el año 2012 el Ministerio de Vivienda implementó un sistema de subsidios bajo la modalidad “sin proyecto” con el objetivo de que quienes lo recibieran pudieran comprar en el mercado. A pesar de esto, no existía oferta suficiente para poder responder a la demanda que se generó.
El profesor Jorge Larenas del Instituto de la Vivienda (INVI) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo explicó que como consecuencia de esa situación, sólo en la región Metropolitana había 13 mil familias en el primer semestre del 2014 que tenían subsidio bajo esta modalidad, que no habían podido comprar una vivienda.
Larenas aseguró que a nivel sectorial “no hay una aproximación focalizada ni diferenciada para los comités de allegados, ya que en la práctica los programas de vivienda responden de un modo general a la demanda” y el ministerio de Vivienda y Urbanismo selecciona en base al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos.
Lo interesante, dice el académico, es que los allegados han buscado politizar el conflicto, instalando la idea de que “no se trata sólo de un problema de carácter técnico sino que el acceso a la vivienda es un problema político, que debe resolverse con esos criterios aunque sin menospreciar sus alcances técnicos”.
Para Doris González, vocera nacional del Movimiento de Pobladores Ukamau, la raíz del tema radica en los problemas que afectan a los allegados, como el hacinamiento, la falta de intimidad en la vida de pareja o violencia intrafamiliar, por lo que la solución debe ser integral. “Nosotros luchamos por la vivienda digna, concepto que integra la solución habitacional en la idea de un barrio en donde los pobladores construimos sociedad. Siempre se piensa en hacer las viviendas lo más barato posible y se erradica a los pobres a la periferia. Eso es lo que combatimos”.
El problema, enfatizó la dirigente, es que “cada vez que llega un nuevo gobierno también se transforman las maneras de postular, cambian los requerimientos y cómo se construye la vivienda. Estamos al arbitrio del mercado y de los acuerdos a los que lleguen las autoridades con la Cámara Chilena de la Construcción”, por lo que demanda una política de Estado en la materia.
Una de las particularidades del trabajo realizado por Ukamau es que incorpora la participación activa de los allegados en el diseño arquitectónico del proyecto “Maestranza San Eugenio”, que data del año 2011 cuando 425 familias decidieron reivindicar su derecho a la vivienda en su comuna, Estación Central. “Tenemos proyectados departamentos de 62 metros cuadrados con una visión de comunidad, con una gran sede social, un anfiteatro, áreas verdes y estacionamientos”, destacó González, lo que contrasta con el diseño tradicional de las viviendas sociales.
El director del INVI, Orlando Sepúlveda, aseguró que “la participación de los postulantes resulta crucial ya que conversando con el arquitecto y revisando los diseños entiende cómo mantener las instalaciones sanitarias o lograr una ventilación saludable en la vivienda, y paralelamente va conociendo a sus futuros vecinos y tejiendo una comunidad más cohesionada y solidaria” por lo que plantea que este ejercicio debería sistematizarse.
El profesor Larenas por su parte, aseguró que aunque iniciativas como la Maestranza San Eugenio son relevantes “siguen siendo frágiles respecto a la magnitud de la demanda que existe, por lo que es altamente probable que por un largo tiempo la vivienda social siga localizándose en la periferia, mal equipadas y mal conectadas”.
Entre las limitaciones que afectan al modelo de viviendas sociales está su tamaño. Orlando Sepúlveda explicó que como las empresas tienen un costo fijo para su construcción, buscan maneras para ofrecer la mayor cantidad de viviendas recortando algunos costos.
“El Ministerio de Vivienda fijó límites en el tamaño de algunos espacios para buscar que las casas no se vuelvan inhabitables, pero no estableció un programa de la vivienda, por lo que las empresas han disminuido el tamaño de los closets, del estar o de la cocina donde a veces no se puede instalar un refrigerador”, relata Sepúlveda.
En contraste, el profesor Sepúlveda entregó el ejemplo de Uruguay donde se desarrolló el concepto de vivienda pública, que no se limita a un proyecto arquitectónico, sino que incorpora elementos como apoyo laboral, educacional, salud y cultura. “El objetivo de esta idea es entregarle un servicio de atención a los sectores más precarios, donde si bien el centro está en el tema habitacional, se le incorporan apoyos que permitan mejorar sus posibilidades de desarrollo”, relató el académico.