La ciudad en una Constitución: Expertos analizan la relevancia de lo urbano en una Carta Magna ad portas del Plebiscito

Por Consuelo Ferrer

Fuente: Emol.com 29/09/2020

El estallido social tuvo como detonante un aumento en el precio del transporte público y la llegada de la pandemia trajo al debate la forma en que se estaban construyendo las ciudades. ¿Qué aspectos de la vida urbana podría regular una nueva Carta Magna?

En enero de 2020, antes de que la pandemia se percibiera masivamente como una amenaza inminente para Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzaba a prepararse para la discusión constitucional que vislumbraba a partir del Plebiscito fijado para abril. Las autoridades de la cartera estimaban que la ciudad, como concepto, podría entrar en una nueva Constitución de una forma nueva, distinta a la actual. Y es que desde 1980 al 2020, las ciudades crecieron, mutaron y adquirieron otro cariz.

Así lo adelantó el entonces ministro a cargo, Cristián Monckeberg, en una reunión donde explicó a la prensa lo que, planificaban, serían los ejes del trabajo del Minvu a comienzos de año. Pero entonces vino el covid-19, y con la ciudadanía encerrada en su casa por motivos sanitarios la noción de ciudad y vivienda se volvió todavía más contingente. A pocas semanas de que el Plebiscito finalmente se realice, la forma en que una nueva Carta Magna pueda abordar a la ciudad ha vuelto a entrar en el debate.

Fue, de hecho, el tópico central de la discusión que se tomó Agenda Constitucional en EmolTV este lunes, donde los arquitectos Iván Poduje y Soledad Larraín conversaron con el ex intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. En el acalorado debate se presentaron opiniones disidentes: mientras Larraín y Orrego veían el proceso constitucional como una oportunidad para plasmar en la Carta Magna principios que puedan sentar las bases sobre las que se construya la noción de ciudad, Poduje consideró que los problemas asociados al tema eran más urgentes y debían abordarse por otra vía distinta a la constitucional.

Para Larraín —académica de la U. de Valparaíso y la UDD, además de integrante de la Red Mujeres por la Ciudad— se trata también de una instancia para abordar la participación ciudadana en las decisiones urbanísticas. «Más que solamente juntarnos unos técnicos y decir que la ciudad ideal es así y eso es lo que tiene que ir en la Constitución, la pregunta es cómo vamos a llegar a construir ese modelo de ciudad que debiésemos plasmar en la Constitución», aseguró.

Se trata, para ella y Orrego, de debates que exceden los límites nacionales, y que empalman con tópicos como la crisis climática. Existen también sobre el tema consideraciones de género: la organización hispanoamericana Mujeres en Movimiento ha hecho llamados transversales para generar premura con respecto a una nueva mirada sobre la construcción y planificación de territorios equidad social, denunciando que «los sistemas de transporte se siguen planificando para usuarios de género neutro».

Revisar la institucionalidad

De cara a las conversaciones que se abren, la académica del Laboratorio de Ciudad y Territorio de la U. Diego Portales, Isabel Serra, distingue dos planos: lo orgánico y lo dogmático. «Uno tendría que empezar a trabajar todos los temas de gobernanza urbana, que tienen que ver con la organización», explica a Emol.

«Tenemos que trabajar la distribución del poder en las decisiones urbanas y hacer una revisión de todos los organismos institucionales que hablan o tienen potestad sobre el tema urbano, como los ministerios —no solamente el Minvu, sino todos los que trabajan sobre el territorio, como el de Obras Públicas y el de Bienes Nacionales— la Contraloría, los tribunales, la academia, los privados y las ONGs. Hay que revisar todas estas instituciones y cómo los distintos poderes y actores participan de la toma de decisiones», dice.

«Vamos a tener que empezar a revisar todas las libertades y derechos que hoy día están establecidos —como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, la función social del suelo, el desarrollo equilibrado de los territorios— y entender por qué esos derechos, que hoy están consagrados en la Constitución, no son efectivos realmente en la ciudad»

Isabel Serra, UDP

«Una primera cosa tiene que ver con incluir a todos los actores y revisar cómo los acoge la institucionalidad, pero otra tiene que ver con cómo se toman las decisiones urbanas desde el punto de vista territorial. Vamos a tener que empezar a revisar todas las libertades y derechos que hoy día están establecidos —como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, la función social del suelo, el desarrollo equilibrado de los territorios— y entender por qué esos derechos, que hoy están consagrados en la Constitución, no son efectivos realmente en la ciudad», apunta. «No se trata solamente de consagrarlos en la Constitución, sino de establecer qué bajada territorial tienen».

Esta discusión debiera considerar también que las sociedades cambian. «Antes la gente tenía áreas verdes en su patio y durante la dictadura la vida era más bien privada, sucedía en la casa. Llegada la democracia y con la disminución de los metros cuadrados por habitante, la gente tiene la necesidad de encontrarse en el espacio público», dice.

«Nadie va a estar en contra del derecho a que una persona se realice en su máxima plenitud», asegura Serra. «El tema es cómo ese derecho se traduce en reglamentos, leyes y protocolos que sean efectivos, y cómo se logra que sea un consenso de todos, para que después, cuando pasen los gobiernos, estos derechos prevalezcan».

Autonomía a los territorios

«Una nueva Constitución es una oportunidad para generar una mejora en la calidad de vida en las ciudades, pero dependerá de cómo se materializan los cambios y la generación de derechos que se plantearían, ya sea que se expresen estos en libertades, igualdades o bien beneficios de la sociedad toda», opina por su parte el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Sergio Baeriswyl.

«Se podría establecer, como en otros países, estándares mínimos para nuestras urbes. De ser así, el primer paso que debemos dar como sociedad es definir qué tipo de estándares, para que luego el Estado adopte acciones concretas que permitan su cumplimiento, que pueden abarcar temáticas como transporte público, acceso a vivienda, medioambientales, de áreas verdes, recreacional, etcétera», dice.

El arquitecto plantea ejemplos. En México, cuenta, la Constitución establece que «la Ciudad de México garantiza el Derecho a la Ciudad, que consiste en el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. «También hay ejemplos como Colombia o Brasil, con el estatuto de la ciudad, y constituciones europeas que abarcan el acceso y/o el derecho a la vivienda», añade.

En el caso de Chile, Baeriswyl considera que una nueva Carta Magna «abre el debate a cambios institucionales que pueden aportar en descentralización», como cambiar la estructura jurídico-administrativa del Estado para que «el poder de decisión esté más radicado en los gobiernos locales, y no tanto en la autoridad central». «La elección de gobernadores abre una oportunidad para que esta figura tenga mayores atribuciones en el ordenamiento y gestión de la ciudad», menciona.

Para Cristián Henríquez, investigador del Centro de Desarrollo Sustentable de la U. Católica, la descentralización también es una oportunidad enorme. «Creo que es importante descongestionar Santiago, y para ello necesitamos impulsar el desarrollo de otras ciudades de porte medio, grandes o pequeñas que están en regiones y que necesitan más atribuciones, recursos y mejores condiciones de vida para sus habitantes», explica a Emol. «Desarrollar la ciudad de manera más autónoma tendría un impacto en las ciudades y podría descomprimir la situación que tiene Santiago, que están en niveles bastante saturados de transporte, contaminación y expansión urbana».

También cree que debería haber un pronunciamiento con respecto al «derecho de vivir en una ciudad justa, con espacios equitativos, que sea sustentable», como que toda la ciudadanía tenga acceso a parques, servicios básicos e infraestructura acorde a la escala de cada localidad. Además propone que aparezcan nuevos conceptos, como «ciudades más resilientes, que estén preparadas para los eventos extremos y que permitan enfrentar de mejor manera los impactos, el riesgo climático u otras crisis», como por ejemplo la sanitaria que hoy atraviesan todas las ciudades del país.

Un malestar manifiesto

El urbanismo y la ciudad son dos temas centrales para el Lincoln Institute of Land Policy, un centro de estudios basado en EE.UU. que se propone mejorar la calidad de vida a través del uso efectivo y la administración equitativa del suelo. Para Laura Mullahy, gerente de Proyectos Especiales y colaboradora que forma parte del programa para América Latina y el Caribe de la institución, tiene lógica que la ciudad tome protagonismo en el debate constitucional porque lo tuvo en la etapa previa, cuando la crisis social se materializó en octubre de 2019.

«Me parece que el estallido está fuertemente vinculado con la ciudad», dice Mullahy a Emol. «Es el escenario en el cual la mayor parte de las manifestaciones ocurrieron y justamente algunos de los estamentos básicos de las ciudades fueron no solo causa, sino también objeto de los actos más violentos de protesta. En el caso del transporte, observamos cómo un sistema que, se supone, es uno de los servicios que iguala una sociedad muy desigual, terminó teniendo un rol detonante y también fue atacado», expone.

«La ciudad es el escenario en el cual la mayor parte de las manifestaciones ocurrieron y justamente algunos de los estamentos básicos de las ciudades fueron no solo causa, sino también objeto de los actos más violentos de protesta. En el caso del transporte, observamos cómo un sistema que, se supone, es uno de los servicios que iguala una sociedad muy desigual, terminó teniendo un rol detonante y también fue atacado»

Laura Mullahy, LILP

«Claramente el desencanto y la crisis social fueron una manifestación en contra de las políticas públicas y de la calidad de vida para muchos en el país», añade el director de Iniciativas Internacionales del instituto, Enrique Silva. «Tiene que ver con cosas como si los sueldos van a poder pagar los viajes de tu casa a tu trabajo. El impulso metasocial fue el aumento del Metro, y eso es una manifestación de que, a pesar de que se pensó que era relativamente modesto, no lo era para mucha gente. ¿Qué está pasando en el país, que hay una ciudad donde mucha gente vive tan lejos del trabajo que depende tanto de un transporte público y su costo?», plantea.

«Ahí hay un vínculo directo en las políticas públicas, de gestión de suelo, que dictan dónde se puede construir una vivienda, y si la más barata va a ser construida en la periferia, ¿esas políticas de suelo que tienen un impacto sobre la localización de vivienda van de la mano con políticas de transportes que traten de suavizar el impacto de las distancias?», se pregunta. Silva cree, también, que hay una «oportunidad tremenda» de actualizar la Constitución no solamente con «lo cotidiano del ciudadano en la ciudad», sino también considerando «la relación Estado-mundo y el concepto de la función social de la propiedad». «Es una manera de que Chile contribuya al tema del cambio climático a nivel mundial», apunta.

Introduce, también, otro concepto: el de un «hábitat digno». «Significa que un hogar es mucho más que una casa o un edificio, que no es una construcción. Tiene que ver con calidad de vida, seguridad, techo, ambiente, con un concepto más global de calidad de vida, que está tomando en cuenta que es un lugar donde vivir. Eso se puede consagrar, lo que implica que se tiene que definir cómo y qué impacto tiene sobre las obligaciones legales, sobre el Estado y el sector privado también», expone. «Consagrar el derecho a un hábitat digno o declarar que existe la función social de la propiedad debería poner demandas sobre el Estado y al mismo tiempo establecer la responsabilidad que tiene un propietario y el uso que le da a su terreno hacia la colectividad».