Interponen recurso contra condominio ilegal de hijo de Vittorio Corbo en Chicureo por impedir acceso a parcela con guardias armados
Por Joaquín Riffo y Diego Ortiz
Fuente: Interferencia.cl 24/03/2022
Un abogado acusa que el proyecto Guay Guay, de Marcello Corbo -hijo del ex presidente del Banco Central-, cerró el acceso a su parcela para evitar fiscalizaciones por “delitos cometidos en zona de preservación ecológica”. “Es una estafa”, asegura el jurista y vecino.
El 3 de marzo de este año, el abogado Pablo Silva-Paredes se encontró con una sorpresa al intentar ingresar a su parcela ubicada en la Hacienda Guay-Guay en Chicureo: una cadena con candado y un guardia armado se encontraban en el acceso, impidiendo que el propietario pudiera acceder a su terreno.
El jurista optó por defenderse legalmente, interponiendo un recurso de protección en contra de Inmobiliaria e Inversiones Chicureo SpA, responsables del proyecto inmobiliario. En la acción legal, quienes figuran como representantes legales de Hacienda Guay Guay son Vittorio Marcello Corbo Urzúa -hijo del reconocido economista y ex presidente del Banco Central entre 2003 y 2007, Vittorio Corbo Lioi- y José Miguel Rawlins Carrasco, ex socio de las discoteques Kamikaze. Rawlins es también socio de Chaguay, otro de los proyectos inmobiliarios que buscan emplazarse en plena área de preservación ecológica entre Colina y Lo Barnechea.
De acuerdo con la acción judicial interpuesta por Silva-Paredes, la justificación de Guay Guay para cerrar ilegalmente el acceso a la hacienda es “evitar ser fiscalizados por diversos Servicios Públicos por delitos cometidos en Zona de Preservación Ecológica sobre la Cota 1.000”. (Revise acá el recurso de protección).
“El Consejo de Defensa del Estado se organiza con distintos servicios y coordinan visitas en conjunto. Pero cuando se topan con portones con candado, no tienen facultades para descerrajar para los efectos de cumplir con sus obligaciones de fiscalización. Es necesario pedir una orden, y estás hablando de seis meses más”, relató Silva-Paredes a INTERFERENCIA.
Son cuatro las iniciativas inmobiliarias en el lugar, ante las cuales el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por construir al margen del plan regulador; daños al medio ambiente en una zona de preservación ecológica, caracterizada por bosques esclerófilos y corredores biológicos; además de la afectación de dos de 14 sitios arqueológicos presentes en el lugar. (Revise acá el artículo de INTERFERENCIA al respecto).
No sólo Silva-Paredes y el CDE han presentado acciones legales contra los proyectos: también se sumó la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana.
“He estado en casos donde el Consejo de Defensa del Estado se organiza con distintos servicios y coordinan visitas en conjunto. Pero cuando se topan con portones con candado, no tienen facultades para descerrajar para los efectos de cumplir con sus obligaciones de fiscalización. Es necesario pedir una orden, y estás hablando de seis meses más”, relató Silva-Paredes en conversación con este medio.
El proyecto es “una estafa”
La Parcela 29 P, adquirida por Silva-Paredes en 2018, tiene una superficie aproximada de 6.000 metros cuadrados y se ubica en la cota 800, es decir, dentro del límite urbano según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).
Es una parcela con destino agrícola ubicada en una quebrada donde el propietario ha proyectado construir dos viviendas para desarrollar un proyecto de una viña familiar y distribución. Según consta en los antecedentes del recurso de protección que interpuso en contra de la inmobiliaria, en septiembre de 2022 se cumplirá el plazo para que la recurrida finalice las obras de servicios -agua, electricidad y caminos- a la que se obligó por contrato de compraventa. Obras que, según se asegura en el recurso, hasta la fecha, son inexistentes.
“Varios de los propietarios se pusieron nerviosos cuando esto comenzó a aparecer en televisión y empezaron a escribir a la inmobiliaria. Yo decidí esperar a ver qué pasaba, pero con la querella del CDE ya tuve suficiente”., dice el abogado
Decepcionado por la falta de cumplimientos formales en el terreno, por el que pagó 3.300 UF según el recurso de protección -unos $89 millones al precio promedio de la UF el 2018-, el abogado no duda en calificar el proyecto como “una estafa”. A su juicio, ésta se compondría de dos variables: el incumplimiento en los servicios básicos que debían ser implementados en el sector y el no informar a los compradores sobre las restricciones para construir sobre la cota mil.
“Yo lo sé porque soy experto en temas inmobiliarios porque me dedico a eso y mi padre hizo el Plan Regulador Metropolitano de 1994, donde se establece que los proyectos inmobiliarios no pueden desarrollarse sobre la cota mil por ser un área de preservación ecológica”, indica Silva-Paredes.
Para el abogado, enterarse de la querella del CDE resultó “muy desagradable”, ya que asegura había tomado todas las precauciones. “Incluso, no consideré un terreno que estaba un poco más arriba y estaba mejor, con el fin de alejarme de la cota mil y no comprar un terreno que esté en un área de preservación ecológica”, aseguró.
Aún así, se considera de los que “menos está sufriendo entre los propietarios, porque al menos entiendo legalmente lo que está sucediendo”. Buena parte de los compradores, según explica Silva-Paredes, “no tenían idea de estas limitaciones”, desconocimiento que a su juicio tendría que ver con la forma en que se vendieron los terrenos: “a través de un sitio web, donde se dijo que se podía construir sin problemas y se vendió bajo ese concepto”.
“Hay varios propietarios que están intranquilos por haber comprado sobre la cota mil y otros que no conocen la normativa”, indicó. En esa línea, revela que “varios de los propietarios se pusieron nerviosos cuando esto comenzó a aparecer en televisión y empezaron a escribir a la inmobiliaria. Yo decidí esperar a ver qué pasaba, pero con la querella del CDE ya tuve suficiente”.
Tras emprender acciones legales, el jurista está a la espera de que desde la inmobiliaria le den alguna solución respecto de su inversión y le permitan el acceso a su terreno.
“Todavía no puedo entrar a mi parcela y entiendo que ninguno de los propietarios ha podido porque la excusa de la inmobiliaria es que nosotros le podemos hacer daño a los árboles y la naturaleza del sector. Eso es pura mentira. Estoy indignado».
“Todavía no puedo entrar a mi parcela y entiendo que ninguno de los propietarios ha podido porque la excusa de la inmobiliaria es que nosotros le podemos hacer daño a los árboles y la naturaleza del sector. Eso es pura mentira. Estoy indignado porque no puedo hacer nada en mi parcela, no puedo construir la casa que quiero, y en el fondo todos los parceleros no tienen acceso físico a sus terrenos por este matón que tienen en la entrada”, finalizó.
Los otros proyectos inmobiliarios irregulares
Además de Hacienda Guay Guay y Chaguay, existen otros dos proyectos buscan levantarse en la zona de preservación ubicada entre La Dehesa y Chicureo: La Cumbre y Mirador Pie Andino.
En Mirador Pie Andino, según reveló INTERFERENCIA, participan a través del fondo de inversión MDPR importantes empresarios como Gabriela Luksic, hermana menor de Andrónico; José Luis Délano Méndez, hijo del ex presidente de Penta, Carlos Alberto ‘Choclo’ Délano; y Gonzalo van Wersch y Carlos Valdivieso Valdés, ex directores de la corredora de bolsa IM Trust; entre otros. (Revise acá el reportaje al respecto).
La Cumbre cuenta con una denuncia presentada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en su contra por tala ilegal de árboles, los cuales además forman parte de un bosque calificado por Conaf como vulnerable
La Cumbre, en tanto, es de propiedad del empresario Domingo Undurraga, proyecto que además de la reciente querella del CDE y del Minvu, cuenta con una denuncia presentada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en su contra por tala ilegal de árboles, los cuales además forman parte de un bosque calificado por Conaf como vulnerable. Adjuntos:
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 recurso_de_proteccion_rol_1654-2022_c_de_a_de_santiago_6_de_marzo_de_2022_2.pdf | 313.55 KB |