Una gran constructora quiebra y acusa a la autoridad de “no sopesar la gravedad de la situación”

Por Emiliano Carrizo

Fuente: La Tercera 22/10/2022

La empresa Claro, Vicuña, Valenzuela, con 65 años de vida, abandonará 30 obras y despedirá a 2.500 trabajadores. Ayer pidió su liquidación voluntaria. Su principal mandante era el Estado. El Ministerio de Obras Públicas desmintió anoche “categóricamente” que la situación se deba a incumplimientos de la cartera, sino que la empresa ha incumplido “sus compromisos”.

La constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) pidió su liquidación voluntaria acusando un mal momento para la empresa, condiciones del mercado desfavorables y apuntado al gobierno como uno de los responsables. La firma, con 65 años de historia, que está detrás de proyectos emblemáticos como el Estadio de Playa Ancha en la Región de Valparaíso y el Centro Cultural Gabriela Mistral, en la Región Metropolitana, entre otros, dijo sentirse frustrada y dolida tras anunciar su quiebra.

Desde CVV justifican su situación por “problemas estructurales de la industria de la construcción” y “burocracia de los mandantes públicos para gestionar pagos”. “En términos prácticos se desmovilizarán 30 obras en ejecución a lo largo de Chile, serán desvinculadas más de 2.500 personas y habrá impacto sobre productos y servicios de más de 1.500 proveedores de distinto tamaño. El volumen de deuda corriente con el que la empresa inicia este proceso de liquidación voluntaria asciende a los $58 mil millones”, dijo la firma en un comunicado.

El golpe no solamente repercute en el sector de la construcción, también en el Estado, ya que ambos tenían acuerdos para impulsar obras públicas ya en desarrollo. En esa línea, la firma arremetió contra el gobierno y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que encabeza Juan Carlos García. “La decisión del MOP de reajustar retroactivamente sus contratos; medida solicitada hace meses por la compañía; es tardía para Claro Vicuña Valenzuela. Obras que estaban desarrollando quedarán inconclusas, entre las que se cuentan el Bypass de Castro, el Hospital de Curacautín, la avenida principal de Angol, entre muchas otras”, disparó la empresa.

La constructora fundada por Gustavo Vicuña Salas en 1957, junto a sus amigos Jorge Claro Lira y Andrés Valenzuela Vial, afirmó que hicieron todos sus esfuerzos para evitar este momento, pero “la autoridad no sopesó la gravedad de la situación y hoy llegamos al punto de no continuar con nuestras operaciones”.

CVV en su historia se concentró sobre todo en la infraestructura pública, pero también tiene obras en el sector de la minería, concesiones, inmobiliario, energía y forestal, según un trabajo académico de postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

“Lamentamos profundamente la complicada situación por la que pasa una empresa de larga data en la industria de la construcción”, reaccionó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, quien culpó al alza de los precios de los materiales y a las permanentes dificultades en la relación mandante-contratista, especialmente con las empresas del Estado. “Es urgente trabajar en conjunto para desatar esos nudos arraigados en la burocracia estatal y así evitar que otras empresas puedan enfrentar escenarios tan difíciles como el tener que llegar a la quiebra, desmovilizando proyectos y dejando a personas sin su fuente laboral”.

Un análisis similar realizó el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Vicente Domínguez: “No es sano ni positivo que empresas, trabajadores y actividad pierdan tanto, en gestión, empleo y creatividad. En este caso es una empresa de larga y meritoria tradición”. Domínguez apuntó que sería grave si, como acusa la empresa, parte de la culpa corresponde a la burocracia del MOP. “El sector tiene una situación muy severa por lo anotado con los costos y por intentar sobrevivir cuando la inflación ya no es lo que era y ha subido demasiado y lo mismo la tasa de interés, con contratos celebrados en otra realidad, en un país que era normal y predecible”, añadió.

El detalle de las razones

La constructora detalló su mal momento ante un escenario de aumento del precio de los materiales; menor disponibilidad de mano de obra; inflación e interrupciones en la cadena logística, que bajó los stocks de disponibilidad de materiales. “Todos estos factores afectaron la continuidad de las operaciones, la productividad de los proyectos y la eficiencia en el uso de recursos, teniendo como consecuencia de todos estos factores, un impacto relevante en los costos y plazos de las obras”, agregó la firma.

La empresa criticó el “atraso en el curso de los estados de pago con su respectivo incumplimiento de la ley de pago a 30 días y retrasos en tramitación de convenios de pago de obras ejecutadas y por ejecutar. A ello sumó la no recepción y finiquito de obras terminadas. Con implicancias en retención de estados de pago, y no devolución de boletas de garantía”.

En su solicitud de liquidación ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, la firma ocupó el ejemplo de lo sucedido en la obra de “bypass de Castro”. Se explica que la empresa tomó el proyecto con el compromiso de que los problemas que obligaron a la firma anterior a dar un término anticipado del proyecto no se repetirían. “No se cumplió y las paralizaciones originadas en hallazgos arqueológicos impidieron la continuidad operacional de la obra generando retrasos y mayores costos que hasta la fecha no han sido pagados a la empresa (…) no se obtuvo ninguna solución para la empresa”, precisó, y agregó que por este proyecto esperan un pago atrasado de $3.196 millones del MOP.

CVV también señala que existen otras siete obras ya terminadas y en funcionamiento, que no han podido ser facturadas por retrasos en el cierre administrativo del mandante, con un monto adeudado de $1.166 millones.

“Estas situaciones, que se han repetido en los últimos años, han provocado un impacto relevante frente a la imposibilidad de contar con ingresos, afectando el capital de trabajo disponible para la ejecución de nuevos contratos”, agregó la compañía.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, apuntó a la responsabilidad de la empresa por su situación. Aseguró que si bien el MOP se habría intentado acercar posiciones con la empresa, para buscar soluciones que permitieran continuar con las obras, la empresa no habría concurrido a la invitación.

“Quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se debe a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas”, agregó García, asegurando que “en los últimos meses, se realizaron pagos por más de $8 mil millones, y aún así Claro Vicuña mantuvo bajos niveles de rendimiento, incumpliendo con sus compromisos en las obras”.