Hotel Punta Piqueros, la obcecación empresarial por un proyecto ambiental y urbanísticamente inviable

Por Héctor Cossio López

Fuente: El Mostrador 22/03/2021

Tras 10 años de judicialización del proyecto hotelero Punta Piqueros, ubicado en el camino costero que une a Concón con Viña del Mar, la última palabra aún está lejos de escribirse. Pese a que los últimos fallos tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional establecen, de manera categórica, que el permiso de construcción del edificio de 10 pisos que se emplaza sobre el destruido Peñón Oreja de Burro (gemelo de la Roca Oceánica) fue un acto ilegal de parte de la Municipalidad de Concón, por lo que hoy solicitan a la Seremi de Vivienda y Urbanismo su demolición, la presión de los grupos económicos que lideran Salvador Said Somavía y José Manuel Urenda logró, meses atrás, que el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, que preside la titular de la cartera del Medio Ambiente, Carolina Schmidt –expresidenta de la COP25 contra el cambio climático–, diera luz verde nuevamente a la edificación. En lo sustantivo, descarta impactos ambientales en la llamada Roca Oceánica y desecha, además, los peligros por marejadas y tsunamis, ignorando con ello toda la documentación nacional e internacional sobre la materia, que establece que Chile posee 7 de las 9 vulnerabilidades ante el cambio climático, cuyas consecuencias directas son el aumento del nivel medio del mar, inundaciones, intensificación de tormentas y oleaje, con el consiguiente riesgo para la infraestructura en el borde costero.

En el transcurso de los últimos 10 años, el proyecto turístico Hotel Punta Piqueros ha pasado de la vida a la muerte y de la resurrección a la muerte nuevamente, con una increíble sincronía. Cada vez que se le da por muerto, surge un as que le inyecta energía; y por el contrario, cada vez que se reinicia y retoma la construcción, un fallo judicial con implicancias directas en decisiones administrativas vuelve a sepultarlo bajo tierra o, más específicamente, a hundirlo bajo el agua.

Hoy, tras una polémica decisión del Consejo de Ministros por la Sustentabilidad –presidido por la titular de la cartera del Medio Ambiente, Carolina Schmidt–, que le dio nuevamente luz verde al proyecto tras descartar impactos ambientales en la llamada Roca Oceánica donde se encuentra emplazado, así como desechar los peligros para la vida humana por eventuales marejadas o tsunamis, pese a los documentados efectos negativos que trae consigo el cambio climático en el litoral chileno, una solicitud de demolición –por no contar con permiso de edificación– podría derrumbar otra vez el proyecto, el que ha logrado resistir únicamente, hasta ahora, por la presión política y económica ejercida por dos poderosos grupos: los holdings empresariales liderados por Salvador Said Somavía y José Manuel Urenda.

La obcecación de los Said y Urenda

El proyecto, localizado en el sector denominado Puntilla de los Piqueros, roquerío más conocido por el nombre Peñón Oreja de Burro, en el camino costero que une a Concón con Viña del Mar, contó desde un primer momento con la férrea oposición medioambiental del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, agrupación presidida por la fallecida activista ambiental Patricia Arellano y hoy liderada por el sociólogo Hernán Madariaga.

Tras recibir el año 2011 el permiso de edificación de la Municipalidad de Concón, la organización ambientalista puso su foco entonces en la ilegalidad de tal permiso, ante la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental previo, que se hiciera cargo de los graves daños a la biodiversidad –fauna y flora marina– que supondría la destrucción de Peñón Oreja de Burro, próximo a los Santuarios de la Naturaleza Roca Oceánica y Dunas de Concón. En efecto, el hotel se emplaza en el borde costero, en una zona protegida por la Ley N°13.364, también llamada Ley Lorca-Eluchans, del año 1959, la cual, dentro de sus principales propósitos de promulgación, consideró el evitar que el veloz desarrollo urbano menoscabara la costa y su paisaje.

Aun cuando reiterados fallos judiciales han sentenciado la ilegalidad del procedimiento de origen, las organizaciones medioambientales recibieron un duro revés cuando el peñón, gemelo de la Roca Oceánica y de propiedad de Enzo Bolocco, fue igualmente demolido y se inició la construcción de la obra, que al 2021 está casi completamente terminada.

«Como lo hemos repetido en múltiples ocasiones, el proyecto Hotel Punta Piqueros se trata de una construcción ilegal en su origen e inviable ambientalmente, desde que se trata de un proyecto pantagruélico, que destruyó un santuario natural como era el Peñón Oreja de Burro (gemelo de la Roca Oceánica), con todo el daño a la rica biodiversidad existente», sostienen desde la organización medioambiental.

Con toda la oposición ambiental en contra, los grupos Said –controladores de Parque Arauco, Embotelladora Andina y Scotiabank, entre otras inversiones– y el liderado por José Manuel Urenda –presidente de la empresa multinacional Agunsa, con operaciones en terminales portuarios y aéreos– mantuvieron la presión ante las autoridades locales para llevar a cabo el proyecto y, aun cuando las sentencias judiciales sucesivas comenzaron a acumularse en su contra, la construcción siguió adelante –con suspensiones temporales mediante–, logrando edificar gran parte de los más de 19 mil metros cuadrados de superficie y que contempla 10 pisos, 6 de los cuales se encuentran bajo el nivel de la calle y 4 sobre dicho nivel, donde el último piso corresponde a un área de terraza exterior. Además, incorpora dentro de sus instalaciones un spa, gimnasio, piscina, sala de reuniones, restaurante y bar.

«El municipio nunca debió otorgar permiso para la construcción del hotel, ello sin perjuicio que los inversionistas –grupos económicos Said y Urenda, más Enzo Bolocco– siguieron adelante con un proyecto que fue declarado inviable desde un principio, a sabiendas de ello y contra todos los hechos y fallos que lo decían, siguiendo con la edificación de un hotel que nunca debió ni construirse, ni menos ubicarse en una roca (Punta Piqueros), otrora patrimonio ambiental y ecológico del borde costero entre Viña del Mar y Concón, y que además era parte de un delicado sistema, como es el campo dunar de Concón (a menos de 6 metros del hotel) y la Roca Oceánica».

El éxito momentáneo, sin embargo, duró poco. Dos fallos consecutivos, uno de la Corte Suprema y otro del Tribunal Constitucional, de marzo y abril del año pasado, respectivamente, fueron interpretados como la lápida definitiva al proyecto hotelero, al reiterar que al no contar con un permiso de edificación válidamente emitido, todo lo obrado posteriormente no tendría efecto. De hecho, en el mundo empresarial, se dio por hecho que los socios de Punta Piqueros se preparaban para poner el candado de cierre, sin resolver cuál sería el destino de las obras.

El espaldarazo vs. el cambio climático

Pese a todo lo previsto, la obstinación por el proyecto, cuya inversión a la fecha supera los US$ 65 millones, hizo que en el mes de julio reviviera nuevamente.

Lo anterior, luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que solicitó la inmobiliaria contra la sentencia de la Corte Suprema de noviembre del 2019. Dicha sentencia resolvió dejar sin efecto el permiso de edificación entregado en 2011 por la Municipalidad de Concón a la obra, luego de acoger un recurso de «ilegalidad» presentado por el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar. La decisión del TC ocurrió después que en marzo del año pasado la Tercera Sala del máximo tribunal declarara improcedente un recurso de revisión del señalado fallo de noviembre de 2019.

No obstante, el pasado 24 de julio, en plena pandemia y con el plan de reactivación económica del Presidente Piñera en marcha, el grupo Said, representado por Felipe Zegers Vial y José Domingo Eluchans, obtuvo un espaldarazo del Gobierno, luego que el Comité de Ministros, entidad clave para la licencia ambiental de los proyectos de inversión, encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aprobara los estudios de la inmobiliaria que descartan impactos ambientales en la llamada Roca Oceánica y que desechan, además, los peligros por marejadas y tsunamis.

La entidad presidida por Schmidt, expresidenta de la COP25 para el cambio climático, en su resolución descartó todos los argumentos, precisamente, de cambio climático considerados por el Grupo de Expertos de la ONU como inevitables si no se detiene el calentamiento global. Uno de los más relevantes es el relativo al aumento del nivel medio del mar, el cual para la zona costera chilena estima que, para el año 2100, el mar aumentará su nivel medio entre 20 a 30 centímetros aproximadamente para distintas latitudes a lo largo del país. Esto traería importantes consecuencias en los ámbitos social y económico, además en cuanto a infraestructura.De acuerdo a las características de vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático de la CMNUCC, Chile presenta 7 de 9 de ellas. Esta gran vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático se traduce en los siguientes impactos: aumento del nivel medio del mar, inundaciones, intensificación de tormentas y oleaje, aumento del daño durante inundaciones y tormentas, erosión costera en playas y acantilados, efectos en la dinámica de las dunas, playas y acantilados, cambio en el régimen de precipitaciones y cambios en las corrientes oceánicas, entre otros.En el estudio «Análisis del caso Proyecto Hotel Punta Piqueros a la luz del desarrollo sustentable y los efectos del cambio climático», de Amanda Araya Concha (Facultad de Derecho de la U. de Chile), de 2019, se establece que el principal riesgo al que se ve expuesto el proyecto Hotel Punta Piqueros es el peligro de inundación y embates de marejadas y tsunamis que sean de tal magnitud que afecten la salud y vida de la población que se encuentre en sus dependencias.A esa conclusión se llegó tras examinar la descripción del proyecto en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), Resolución Exenta N°322, del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso, del 2 de septiembre del 2014. En efecto, en tal RCA se destacan las siguientes circunstancias: en primer lugar, la base del edificio no supera los 8 metros sobre el nivel del mar; luego, es una construcción de infraestructura para uso habitacional no permanente, con capacidad para 1.500 personas en una zona inundable; en tercer lugar, el hotel presenta exposición directa a impactos de marejadas, tormentas, tsunamis en sus 6 primeros pisos. Esto, dado que el piso inferior está ubicado a +7 metros sobre el nivel del mar y, en caso de marejada o tsunami, debido al efecto de apilamiento del agua, se pronostica que la ola superaría los 15 metros sobre el nivel del mar, llegando al camino costero, por lo que se presume que el agua impactaría contra los 6 primeros pisos del hotel por encontrarse estos bajo el nivel del mar.Además, el estudio reitera que el hotel no cuenta con barreras naturales que lo protejan del impacto de marejadas, temporales y tsunamis por la destrucción del roquerío Peñón Oreja de Burro. Y, finalmente, en sexto lugar, solo existe protección del hotel desde el sector sur, a través de muro verte olas, el cual tiene un pronóstico de vida útil de 25 años.

Demolición

A juicio del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar , la obstinación por saltarse la ley motivó a que la organización solicitara al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la demolición de las obras del Hotel Punta Piqueros en Concón, Región de Valparaíso.

Si bien el abogado de la corporación que presentó la solicitud, Gabriel Muñoz, ha reconocido que es una petición compleja, de igual modo pidió la demolición total o parcial del inmueble, siendo lo mínimo de la estructura a ser removido “los dos pisos que asoman por avenida Borgoño”, además de “la no utilización como hotel del piso -6 al -3”.

En un documento de 12 páginas enviado a la Secretaría Regional Ministerial, reiteran que las obras de construcción existentes no cuentan con un permiso de obra válido, porque el permiso de edificación fue dejado sin efecto por la Corte Suprema. Además, alertaron que contraviene el Plan Regulador Comunal, que fue actualizado el 2017.

Según lo sostenido por Muñoz, es a la Seremi a la que le corresponde ordenar la demolición de aquella construcción. En el evento de que sea rechazada esta solicitud, se adelantó que se acudirá a la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, con lo que la judicialización seguirá en la misma senda de los últimos 10 años, con lo que se confirma la única certeza posible: la última palabra respecto del destino de Punta Piqueros, aún no esta escrita.