Ampliación de ruta que conectaría mega proyecto inmobiliario de cuñado de Luksic implicó expropiar 37,5 ha. al mismo empresario

Por Francisco Velásquez

Fuente: Interferencia.cl 03/01/2023

El Grupo Lería -de Óscar Lería e hijos- es titular de Maratué, proyecto que busca construir 14 mil viviendas en 45 años en Puchuncaví. El mismo que recibió en 2020 una indemnización del MOP por $3.000 millones por abrir un camino que le proporcionaría conectividad y plusvalía a este proyecto en evaluación ambiental. 

Maratué es un mega proyecto inmobiliario que pretende construir  14.000 viviendas en un plazo de 45 años en la comuna de Puchuncaví, cuyo líder es el esposo de Paola Luksic y cuñado de Andrónico Luksic; Óscar Lería Chateau, quien junto con sus hijos conforman Agrícola El Refugio Ltda., la sociedad titular de la iniciativa.

La viabilidad del proyecto depende de su conexión con la red de autopistas, por lo que es clave la ampliación de la Ruta F20; una obra que consta de un by pass diagonal de 7 kilómetros que cruza Puchuncaví, conectando dicha comuna con Nogales, junto a una variante que llega directo a Ventanas.

Agrícola El Refugio, del Grupo Lería, recibió 3.103.935.487 millones de pesos por la expropiación de 37,5 hectáreas. 

Pero la nueva diagonal no solo se transformará en la alternativa de la Ruta F30 que une Con Con con Puchuncaví, sino que además, pasará por el medio de terrenos pertenencientes a Agrícola El Refugio del Grupo Lería. Cabe mencionar que esta iniciativa no involucra a otros miembros de la familia Luksic ni al grupo empresarial correspondiente.

Según los expedientes de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), documentos a los que INTERFERENCIA tuvo acceso, la entidad ordenó expropiar siete lotes a Agrícola El Refugio con el objetivo de construir la nueva carretera, los que en total suman 374.914 metros cuadrados, equivalente a 37,5 hectáreas, por los que el Estado pagó una indemnización de $3.103.935.487 millones de pesos a los Lería. Cabe mencionar que esta familia no son los únicos vecinos afectados por la medida. 

Fuentes del Grupo Lería dijeron a INTERFERENCIA que «el monto promedio por metro cuadrado definido por el MOP para la expropiación de la concesión camino Nogales-Puchuncaví fue de 0,32 UF (aproximadamente $9.000 por m2 a valor de la UF de fines de 2019), valor inferior al que se transan las propiedades en el mercado inmobiliario de Puchuncaví, lo cual ciertamente perjudica a todos los vecinos expropiados».

«Inmobiliaria El Refugio, de propiedad de Oscar Lería e hijos, adquirió en 2011 el ex fundo Quirilluca, el cual tenía una superficie de 1.045 hectáreas. El proyecto de re-licitación de la concesión se hizo público a comienzos de 2015, y los detalles de su trazado en 2016. Conforme a la franja de expropiación definida por el Ministerio de Obras Públicas, se definió un área de afectación de Inmobiliaria El Refugio de 37,5 hectáreas, informaron desde el Grupo Lería.

Un proyecto controvertido

Cabe mencionar que el proyecto Maratué se encuentra en proceso de evaluación ambiental, luego de que le fuera revocada la Resolución de Calificación Ambiental obtenida en 2019, retrotrayendo así la inicitiva a la etapa de consulta ciudadana, insumo con el que se redacta el Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA).

Por otra parte, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), el 14 de septiembre de 2022 formuló dos cargos graves en contra de “Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales- Puchuncaví S.A.”, titular del proyecto Relicitación Concesión Camino Nogales- Puchuncaví (la ampliación de la carretera F20), tras constatar la ejecución de obras contiguas a dos humedales urbanos y el incumplimiento de medidas provisionales pre-procedimentales dictadas en junio de 2022.

La recomendación del organismo fiscalizador es que el proyecto de carretera sea sometido a un estudio de impacto ambiental. 

Ricardo Quero, concejal de Puchuncaví, dijo que: «esto es simplemente una desconexión total con la realidad de las necesidades que tenemos en Puchuncaví. Este fue un traje hecho a la medida de privados con una inversión inmobiliaria y el Estado”

El concejal de Puchuncaví, Ricardo Quero, respecto a la ampliación de la Ruta F20 y los daños que ha generado en la comuna, dijo a INTERFERENCIA que “reventar zonas protegida medioambientalmente no se puede permitir. Las cosas se hicieron tan deficientes en términos de evaluación ambiental y social que esto fue simplemente una imposición”. 

“Esto ha generado una serie de conflictos y problemas locales en términos de la destrucción del patrimonio natural y una afectación permanente a la calidad de vida de los vecinos de las comunidades de Los Paquis y Pucalan. Al no existir un Estudio de Impacto Ambiental acucioso, no hay manera de prevenir problemas como la tala ilegal de especies protegidas como el Belloto del Norte, el incalculable ruido que experimentan los hogares ahora que talaron los árboles y el deterioro de la forma de vida de este sector”, dice la autoridad local. 

“Respecto al costo que pagó el Estado por medio del MOP para tomar posesión de los terrenos por donde pasará la carretera, para mí siempre ha sido muy descabellada la cifra, al igual que se invierta en una obra que está tan lejana a las necesidades de nuestras comunidades. Simplemente es una desconexión total con la realidad y las necesidades que tenemos en Puchuncaví. Este fue un traje hecho a la medida de privados con una inversión inmobiliaria y el Estado”, dice Quero. 

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, no quiso referirse al monto ni las condiciones de la expropiación de los terrenos de la familia Leria. Sin embargo, sí lo hizo respecto a los conflictos socioambientales que ha generado la construcción de la nueva carretera. 

«En cuanto a los procedimientos que se deben realizar para hacer una carretera de este tipo en nuestro país, el Estado falló y no cumplió ninguno de los procedimientos mínimos para evaluar. Esto en los últimos dos gobiernos. Solo pedimos que las instituciones funcionen para proteger a los vecinos y pequeños empresarios que viven en la zona por donde pasa esta carretera. No es posible que el Estado sea avasallador con el medio ambiente y no proteja la flora y fauna de Puchuncaví”, dijo Alessandri. 

La expropiación de la F20 

El proyecto inmobiliario Maratué es una inversión de $2.000 millones de dólares, con el que se busca construir 14 mil viviendas en un plazo de 45 años. La carretera F20, que se encuentra en construcción, a pesar de haber sido denunciada por la Superintendencia de Medio Ambiente por graves daños ambientales, corta en dos el predio de la familia Lería, favoreciendo con esto la conectividad de la urbanización que busca realizar el cuñado de Luksic. 

El 30 de octubre de 2019, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones, ordenó la expropiación de un terreno del Grupo Lería de 140.816 m2, equivalente a 14 hectáreas por un monto total de $1.516.780.200 millones de pesos.

Posterior a esto, el 30 de noviembre de 2020, el MOP ordenó la expropiación de otros seis lotes, por un total de 234.098 m2, equivalente a 23,4 hectáreas, por un monto total de $1.587.155.287 millones de pesos. 

El trazado original de la carretera presentado en 2005 solo consideraba la reparación de la calzada de la cuesta, para ese entonces la concesionaria española Aleatica S.A y Aleatica S.A.U, ambas ex OHL, se amparó en la Ley 19.300, artículo 10 del medio ambiente, para no presentar el proyecto a Estudios de Impacto Ambiental, ya que la norma solo obliga a las autopistas a someterse a este proceso y no a los proyectos de carreteras, dejando así el paso libre a la extensión de la Ruta F20.

Posterior a esto, en 2016, se relicitó el proyecto agregando el by Pass Puchuncaví y la variante Ventanas de 7 y 9 kilómetros, respectivamente. El primer tramo corta en dos el predio de Oscar Lería, y a pesar de que las obras asociadas a dicha construcción pasarán a solo 30 metros de viviendas del territorio, removerá sitios arqueológicos, afectará a dos humedales urbanos e impactará en la flora y fauna nativa.

Este nuevo proyecto que aumenta la inversión del MOP en 2.775.256 UF (unos $97,5 mil millones de pesos) y reporta mayores necesidades logísticas, fue considerado como el mismo proyecto inicial y no fue sometido a un estudio de impacto ambiental. 

En junio de 2020, tras las denuncias realizadas por los vecinos del sector, la Superintendencia de Medio Ambiente realizó una fiscalización que resultó en que el 14 de septiembre de 2022, el organismo formuló dos cargos graves en contra de Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales- Puchuncaví S.A. empresa de la multinacional Aleatica, titular del proyecto Relicitación Concesión Camino Nogales- Puchuncaví, tras constatar la ejecución de obras contiguas a humedales urbanos y el incumplimiento de medidas provisionales pre-procedimentales dictadas en junio de 2022.

La Superintendencia de Medio Ambiente interpuso dos cargos graves en contra de Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales- Puchuncaví S.A, los responsables de la ampliación de la ruta F20, por comprobar que se dañaron dos humedales urbanos y recomendó que el proyecto se someta a Estudio de Impacto Ambiental. 

Según publicó la SMA en su portal, el superintendente subrrogante, Emanuel Ibarra, dijo que “conforme a lo constatado en las inspecciones, el titular [de Relicitación Concesión camino Nogales Puchuncaví] se encuentra ejecutando parte de las obras del proyecto tanto al interior y próximas al humedal urbano Los Maitenes-Campiche; y cercanas al humedal urbano Quirilluca, motivo por el que el proyecto debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de acuerdo con las tipologías contempladas en el artículo 10 literales p) y s) de la Ley de Bases del Medio Ambiente”. 

Cabe señalar que las infracciones graves, según la Ley Orgánica de la SMA  podrán ser objeto de Revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y/o la clausura o multa de hasta 5 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos $306 millones de pesos.

Según denuncia el informe de la fiscalización realizada por la SMA, la faena de construcción de la ruta F20 ha generado “intervención y afectación de tres individuos de Bosque de Preservación de Belloto Norte, declarado como Monumento Natural, mediante Decreto Supremo N°13/1995, especie en estado de conservación y en categoría de vulnerable”. Por este motivo, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) interpuso una denuncia ante el Juzgado de Policía Local de Puchuncaví por infracción a la Ley de Bosque Nativo.

INTERFERENCIA contactó a la empresa Aleatica S.A, el grupo económico detrás de la ampliación de la ruta F20, pero no hubo respuesta.