Deudores y loteos brujos
Aunque los problemas de vivienda no son actualmente tan agudos como hace 20 años, aún persisten dificultades importantes. Si bien el Congreso aprobó hace poco una ley que regulariza los títulos de propiedad en «loteos brujos», se han hecho comunes las protestas de los deudores habitacionales, especialmente aquellos pertenecientes a los programas especiales de trabajo.
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Los compradores de tales loteos irregulares -particiones ilegales de terrenos- son familias de escasos recursos que adquieren terrenos sin urbanizar (y, por tanto, ilegales), o lotes en propiedades agrícolas que según la ley vigente no se pueden dividir en propiedades menores a cinco mil metros. Por no estar regularizadas, sus dueños no pueden acceder a los subsidios de Serviu ni a créditos bancarios u otros beneficios. La nueva ley permite que se regularicen los títulos, relajando las condiciones de urbanización requeridas por la Dirección de Obras Municipales.
En el caso de los deudores habitacionales, el problema se produce porque, al empeorar la situación de ingresos de una familia, ésta se ve incapacitada de pagar la deuda contraída para adquirir su hogar. Existen programas de ayuda a familias en esas circunstancias, que relajan las condiciones de pago de los créditos, siendo previamente necesario registrar a aquéllas para verificar su verdadera situación, para lo cual existe la Ficha de Protección Social. En este caso, el obstáculo pendiente es que aún falta encuestar a la mayoría de las familias en dificultades, por lo que no se pueden aplicar los beneficios previstos a la mayor parte de ellas.
En ambos casos, es natural ayudar a las familias afectadas, pero tales ayudas deben estar graduadas para no producir efectos perversos sobre los incentivos. En el caso de los loteos irregulares, existe el peligro de tornar ineficaz la política de desarrollo territorial, por lo que es necesario atender a no incentivar, sino castigar los nuevos loteos brujos. De otra manera, el Estado tendrá que hacerse cargo de proveer servicios públicos a un costo mucho mayor que en caso de proveerlos antes de la construcción.
Respecto de los deudores habitacionales, es necesario verificar si efectivamente han disminuido los ingre-sos de la familia: de otra manera, nadie pagaría los créditos subsidiados por el Estado. La política de vivienda en actual aplicación trata de preservar el sano principio que, salvo en los casos de las familias más pobres, los beneficiarios deben contribuir al pago de su vivienda. Así, la familia la considera como resultado del esfuerzo familiar, y no como un regalo del Estado.
La política vigente se basa en el sano principio de que, salvo las familias más pobres, los beneficiarios deben contribuir al pago de su vivienda.
Fuente: El Mercurio Lunes 19 de noviembre de 2007